¿Cuál es la verdad de la captura del director de  La Modelo? ¿Quién es el testigo clave de la Fiscalía?

Todo apunta a que se trató de un montaje en el Inpec con el que se busca ocultar un monstruoso caso de corrupción con ramificaciones políticas. La Juez del caso amonestó a la Fiscalía por las imprecisiones con las que se trata de llevar a la cárcel a César Augusto Ceballos y a los otros tres detenidos. ¿Quién está detrás de todo este entramado?

JUSTICIA

Sábado, 2 de febrero del 2019

“Las pruebas están confusas”, de hecho es necesario rehacer el argumento para que pueda llegar a convencer al despacho judicial, ante una posible medida de aseguramiento. Esto fue lo que le hizo ver la Juez a la Fiscalía, lo que sonó a un regaño,  ante la exposición “mal estructurada” que hicieron sus delegadas, Fiscalía 23 para temas de corrupción. Es el caso que involucra al director de la cárcel La Modelo, César Augusto Ceballos Giraldo y a otras cuatro personas, en un posible hecho de corrupción, son acusadas de los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Para la Juez, en este caso,  no existe una investigación de fondo, no hay un orden cronológico como lo exige la ley. Esto, “que primero hicieron las capturas para después recopilar las pruebas, a todas luces una falla del ente investigador”.

Todo parece indicar que hubo un afán en hacer las aprehensiones, un claro interés de llevar a la cárcel al funcionario Ceballos Giraldo y a Yovanny Esteban Rincón Cardozo, conductor del director de La Modelo;  José Armando Suarez,  alias el Paisa, y Ana Rosa Casas Martínez, la ama de casa que le vendía almuerzos a los de la guardia.   Ahora cabe un interrogante ¿Qué se busca frenar con esta acción?

Según la Juez las partes del proceso dadas a conocer hasta el momento no tienen suficiente contundencia como para que los detenidos pierdan el “derecho esencial y fundamental de la libertad”, de hecho, reprogramó la diligencia para el próximo lunes a las 11 de la mañana, lo que le daría tiempo a la Fiscalía de reorganizar sus ideas y su estrategia jurídica, de mejorar la mala presentación, un hecho inédito.

Fueron las mismas delegadas de la Fiscalía quienes solicitaron al despacho judicial que la audiencia se hiciese sin la presencia de los medios de comunicación, para dar a conocer la cuestionada imputación a puertas cerradas. De hecho cuando la audiencia empezó el primer reparo que hizo uno de los abogados de la defensa es que la audiencia debía ser pública.

“Los medios de comunicación y la ciudadanía en general deben enterarse de lo que está sucediendo en esta audiencia”, dijo uno de los defensores de los detenidos.

La Juez le concedió, entonces,  la palabra a la fiscal para que explicara el por qué la había solicitado reservada y la respuesta es que hay tres razones: la primera, que era por proteger a las víctimas, que están privadas de la libertad (seguridad que debe ser garantizada por el Inpec). Dos, que en el desarrollo de la audiencia se iban a conocer otras personas involucradas, para proteger la investigación (nombres que no fueron para nada mencionados).  Tercero, porque del mismo caso existía otro radicado y había que proteger esa investigación (tampoco se mencionó ese otro proceso).

Se puede decir que las razones no convencieron para nada a los abogados de la defensa. Es entonces, cuando la juez le da la palabra a la delegada de la Procuraduría, quien actuó como otra representante de la Fiscalía, que apoyó la solicitud para que la audiencia se hiciera en privado. Esta misma representante del Ministerio Público, muy a pesar de la posición de la juez y de las falencias de las fiscales del caso,  insistió en que a los detenidos se les dictase medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

En esta audiencia lo primero que hizo la Fiscalía fue reproducir unos audios, la supuesta “prueba reina”.  En el primero de ellos se individualiza a la persona que contesta la llamada que al parecer ingresa al conmutador de la Dirección del Inpec en Bogotá. La interlocutora es calificada como “‘MN’, esposa desesperada de un interno”.

La supuesta denunciante asegura que el señor Ceballos le exige dinero, llora… dice estar cansada de lo que está sucediendo y que necesita que le ayuden a acabar con ese caso de corrupción. Después hay una segunda conversación telefónica, la voz es de la misma señora. Según la delegada fiscal quien habla con ella es un oficial de inteligencia de la Policía Nacional, que al parecer es un enlace entre la Institución y el Inpec.

Asegura la Fiscalía que el investigador se comunicó con ella por el número de teléfono que quedó registrado en el conmutador del Inpec. El supuesto oficial se escucha haciendo las veces de un consejero: “Señora cálmese y por favor denuncie”,  más no haciendo un interrogatorio como tal, nunca se supo con esta llamada sí hubo alguna entrega de dinero, ni por qué razón lo hacía. Es decir, que la misma termina siendo una llamada anónima.

Desde aquí, desde el arranque de la diligencia,  las cosas no estuvieron para nada en favor de la Fiscalía, porque las supuestas pruebas que se escucharon no fueron suficientes en contra de Ceballos.

Además, hubo otra solicitud al organismo investigador, que describiera las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los tres delitos a los que se les acusa a los capturados, para sorpresa de los concurrentes no hubo respuesta al respecto.

¿Por qué pierde sustento la primera prueba?

Porque siendo un oficial de inteligencia el que hace la llamada, como dice la fiscal del caso, lo primero que tenía que hacer este policía era identificar e individualizar a la persona y lo otro es que ha debido convencerla, en buenos términos, para que formalizara su denuncia, incluso, ofreciendo a cambio protección para ella y su supuesto esposo, o persona privada de la libertad. Es importante recordar que en estos procedimientos lo que las autoridades han hecho, como ocurrió con el caso del mayor Luis Perdomo (exdirector de La Picota) a quien sorprendieron recibiendo 20 millones de pesos, es organizar una entrega controlada de dinero lo que hubiese permitido una captura en flagrancia de Ceballos, en caso de ser cierto el hecho de corrupción.

En la audiencia se llegó a la conclusión de que la Fiscalía presentó una prueba descontextualizada, una denuncia no oficializada, de la que no hay mayores detalles, solo una voz sin labores de verificación, mucho menos se sabe quién es el familiar que está en la cárcel. Al final esta prueba no se encuadró dentro de la imputación que hizo el ente acusador.

Por último, los abogados de la bancada de la defensa solicitaron a la fiscal del caso que dijera en ese estrado sí existía una interceptación telefónica u otra prueba, como un video, en la que se viera comprometido en corrupción  Ceballos Giraldo. La fiscal respondió que las pruebas las iba a reservar para el juicio oral, respuesta que llevó a concluir a la Juez que primero capturaron al director de La Modelo para después recopilar los elementos, lo que condujo a la suspensión de la audiencia.

La otra falencia de la Fiscalía, es que presentó como argumento que Ceballos Giraldo había estipulado tarifas para la entrada de mujeres prepagos a las celdas de los extraditables, siendo que en La Modelo no existe un patio para extraditables.

Hubo otro hecho que llamó la atención, que este viernes la lectura de la imputación no la hizo la fiscal principal –como había ocurrido con las diligencias anteriores de legalización de captura y la de allanamiento que se hicieron el jueves–,  sino que estando presente la titular la lectura la hizo la fiscal de apoyo, a quien se le escuchó dudosa en algunos apartes.

Así fue la captura de Ceballos

El director de La Modelo fue capturado a las cinco de la mañana del pasado miércoles. Llegaron a su residencia ubicada en el occidente de Bogotá. Los agentes hablaron apenas fueron atendidos de una orden de captura, otra de allanamiento y registro. En este procedimiento la defensa también presento sus reparos, solicitó la ilegalidad de la actuación. Esto porque los agentes del CTI no le dieron a conocer al detenido  sus derechos a, una obligación, sino que lo que hicieron fue atender primero a la requisa del lugar. A Ceballos lo mantuvieron en custodia, privándolo de su libre locomoción hasta las  9:25 de la mañana, que es cuando los agentes le hacen la lectura de sus derechos. Es decir, casi cuatro horas y media después. Un procedimiento, según el reproche de la bancada, alterado, contrario a lo que dice la ley. Sin embargo, la Juez de este caso determinó la legalidad de la captura.

Cristian Orozco Pantoja, es el testigo clave de la Fiscalía en el caso por el que está detenido el director de La Modelo, César Augusto Ceballos.

Este es el testigo clave en contra de Ceballos

El declarante más importante y protegido de la Fiscalía en el caso por el que está preso el director de La Modelo es Cristian Orozco Pantoja, un exinfante de Marina y  extorsionista, que está privado de la libertad desde el 28 de diciembre del 2010. Su captura la realizó el Gaula de la Policía.

Orozco Pantoja, fue quien en La Modelo resultó apuñalado por presuntamente extorsionar a un miembro de la comunidad LGBTI y fue debido a estos hechos que el Inpec decide trasladarlo a la Penitenciaría La Picota, al sur de Bogotá, para proteger su vida, sitio de reclusión en donde volvió a ser amonestado por volver a delinquir.

Una fuente en La Picota, funcionario de este establecimiento,  le aseguró al HOME NOTICIAS que esta persona el Inpec le ha garantizado una suerte de beneficios, como un mejor lugar de reclusión, aún a pesar de sus malas conductas en la cárcel.

Orozco Pantoja le ha dicho a la Fiscalía que él  le prestó siete millones de pesos  a una tercera persona para dársela a Ceballos, para que le autorizara la entrada a su celda de un televisor. Lo que se cuestionó en la audiencia por parte de la bancada de la defensa es que el supuesto testigo nunca dice el cuándo ni cómo ni dónde ni a través de quien entregó dicho soborno.

No obstante, HOME NOTICIAS pudo establecer por parte de la Policía Judicial del Inpec que Orozco Pantoja no mantuvo nunca un televisor en su celda, que la única vez que intentó ingresar uno de estos aparatos este le fue decomisado y nunca se le devolvió, este procedimiento aparece registrado en una de las minutas de la guardia. Lo mismo se afirma en cuanto a su permanencia en La Modelo, que el televisor no existió.

Se habló por parte de la Fiscalía de otro testigo, de Javier Ricardo Mateus, quien asegura que Ceballos le exigió tres millones de pesos, hace unos cuatro meses, pero que esta plata debía ser entregada ahora en enero. De este testimonio la Fiscalía tampoco dio a conocer mayores detalles.

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¿Qué hay detrás de este caso?

Con lo que se ha visto, una investigación inconclusa, en la que la misma juez cuestionó el trabajo que hizo la Fiscalía y el señalamiento que hacen funcionarios de la guardia del posible ofrecimiento del Inpec de beneficios a testigos en este caso,  es importante establecer cuáles podrían ser las razones de fondo en este proceso. Todo apunta a que existe una retaliación dentro del Inpec, por declaraciones a la Procuraduría y a la misma Fiscalía en otros casos de corrupción.

No se puede dejar de lado la confrontación interna entre Ceballos y el Director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez Aragón,  porque este último intentó favorecer a tres detenidos por el caso de corrupción de Fonade y no pudo porque no cumplieron una directriz suya.

Los involucrados en el tema le dijeron al HOME NOTICIAS que el director del Inpec impidió, con una orden expresa a sus funcionarios, de no permitir que Richard Kamal Náder Ordosgoitia, Ronald Rafael Ruíz León y  Felipe Rodríguez Mariano, fueran recibidos en La Modelo, porque el propósito era que los llevaran al pabellón de funcionarios públicos de La Picota, en donde estarían más cómodos.

Todo parece indicar que fue para cumplir un favor político, de los involucrados en el mismo caso, en el que están también incluidos Musa Besaile y Eduardo José Tous de la Ossa, por contratos fraudulentos en Fonade.

Ramírez no pudo consumar el favor político, porque en La Modelo sus funcionarios cumplieron fue la orden de un juez de recibirlos y esto llevó a que el general Ramírez Aragón ordenase a los pocos días el traslado del subdirector de este establecimiento, Gustavo Moscoso Barrantes, al Chocó y al director regional de la entidad, Vicente Ostos Bustos, también fue movido de su cargo. 

Tanto Moscoso Barrantes y Ceballos Giraldo declararon en contra de Ramírez, aseguraron ante el juez del caso Fonade, que quien había ordenado desobedecer la orden judicial había sido el general Ramírez Aragón.

Hoy aparece una investigación en contra del tercero que no cumplió la orden del director del Inpec, a quien intentó trasladar al Caquetá o sacarlo de la entidad. Esta vez Ceballos termina  involucrado en un caso de corrupción del que aún no sustentan las pruebas.

Redacción Justicia

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