Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, recobró su libertad por vencimiento de términos

Es investigada por el despilfarro de dineros que eran para niños con desnutrición. Juez reconoció que ya lleva más de siete meses sin que la Fiscalía muestre las pruebas en su contra.

Justicia

La defensa de la polémica exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez logró en una tercera solicitud que la justicia considerase el vencimiento términos y es así como un juez le concedió la libertad a su representada.

Esta vez fue el Juez 23 de Garantías quien avaló las cuentas que presentó el abogado Antonio Luis González, de que ya se habían sobrepasado los 371 días desde que fue privada de la libertad sin que la Fiscalía enseñe el material probatorio que dice tener en su contra.

La Fiscalía negó a través de su cuenta de twitter que no tuvo nada que ver con el vencimiento de términos de Oneida Pinto.

A Pinto Pérez las autoridades le investigan por la presunta malversación de dineros que estaban predestinados para reducir la mortalidad infantil en Albania (Guajira), municipio del que fue alcaldesa. Con la plata se tenían que atender a los menores con problemas de desnutrición. Las presuntas irregularidades ocurrieron en el 2011. El dinero, según la Fiscalía, fue utilizado en actividades políticas de Pinto.

De acuerdo con Antonio Luis González, abogado defensor de Pinto Pérez, la mujer se encontraba privada de la libertad desde el 15 de marzo de 2017 y tenía casa por cárcel desde el pasado 10 de octubre. 

El abogado González ya había presentado el mismo recurso en septiembre del año pasado y el Juzgado 43 Penal del Circuito le negó la libertad a Pinto Pérez, que es investigada por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

Para el primer juez, que no le concedió la libertad a Pinto, la Fiscalía presentó el escrito de acusación dentro del término de 60 días que exige la ley.

Redacción Justicia

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