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‘La juez no debió aprobar la imputación en contra del director de La Modelo’

César Augusto Ceballos, director de cárcel La Modelo de Bogotá.

César Augusto Ceballos, director de cárcel La Modelo de Bogotá.

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‘La juez no debió aprobar la imputación en contra del director de La Modelo’

 

El regaño a una fiscal y la orden de recomponer una imputación de cargos, dándole tiempo de oxígeno al delegado fiscal para mejorar su exposición, ha generado diversas opiniones. Consultamos a abogados expertos en el tema. Para unos hubo una extralimitación de la Juez, para otros una mala preparación de fiscales, por lo mediático, el afán por mostrar resultados.

 

Martes, 5 de febrero del 2019

El pasado viernes en la audiencia de imputación de cargos a cuatro capturados por supuestos hechos de corrupción en la cárcel La Modelo de Bogotá, entre los que está el director de este establecimiento, el abogado César Augusto Ceballos Giraldo, la juez le hizo un llamado de atención a la fiscal del caso, porque el argumento estaba dejando muchos interrogantes, entre estos los que hizo ver la defensa: no había en la narración las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

En ese momento la juez suspendió la audiencia y aplazó la imputación de cargos para el lunes siguiente, es decir tres días después, lo que de hecho le daba tiempo a la delegada fiscal para reorganizar sus argumentos.

Este lunes la representante de la Fiscalía 23 Anticorrupción, apoderada en este caso, presentó una nueva manifestación de la acusación, hizo una nueva exposición, con nuevos e inéditos detalles; situación que contó, entonces, con la legalidad de la Juez y le dio paso al siguiente peldaño del proceso, a la audiencia de medida de aseguramiento.

Esta ocurrencia en una audiencia de gran sonoridad nacional ha generado interrogantes y diversas opiniones del tema. Para eso consultamos a los que conocen del Sistema Penal Acusatorio y especializados en lo Penal.

Para el abogado Elmer Montaña Gallego, un exfiscal en Cali, “en el país se está presentando una mala preparación de los fiscales en sus casos, fruto de las presiones que están recibiendo del Nivel Central. Primero, para que capturen a las personas sin tener un mínimo de materiales de prueba y en segundo lugar, para que formulen imputaciones y soliciten medidas de aseguramiento en tiempo record”.

Para el penalista Montaña Gallego, “para esto la Fiscalía, en lugar de presentar sus casos de una manera organizada y sistemática lo que hace es ejercer presión mediática a los jueces de Garantías (con una rueda de prensa antes de), para que estos impongan medida de aseguramiento a los que han privado de la libertad. Es así, que los jueces de Control de Garantías en lugar de dictar negativamente la solicitud de la Fiscalía lo que hacen es facilitarles el trabajo, ayudarles a organizar el mismo, otorgarles términos que no deberían otorgar, desde el punto de vista legal. A veces,  hasta suplen las deficiencias de la Fiscalía para que la imputación se tramite en debida forma. Esto es la violación del principio de igualdad de armas dentro del Sistema. Los Jueces de Control de Garantías no están para ayudarle a la Fiscalía ni mucho menos concederles términos extralegales con el propósito de permitirles que corrijan los errores”.

El abogado penalista Antonio Luis González Navarro, profesor universitario recordado por el proceso por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, también ofreció su opinión al respecto: “Lo que está sucediendo es que los señores jueces de Garantía están entendiendo que las imputaciones, acusaciones de la Fiscalía, están sin control alguno. Eso le ha causado daños al Estado Colombiano, porque se acusa en donde los hechos jurídicamente relevantes están ausentes. Entonces los jueces están acudiendo a hacer ese control material, que en relación con la sentencia C-1260 del 2005 de la Corte Constitucional, en el caso de los jueces de Garantía, qué se puede hacer. En el caso de los jueces de conocimiento estos no deben ser unos convidados de piedra. Es decir, que el juez tiene hacer control material sobre el principio de legalidad, el principio de tipicidad, y las garantías constitucionales para que la Fiscalía no sea un órgano suelto, porque afectaría derechos fundamentales”.

Agregó el abogado penalista González que no compartía el hecho de que jueces les den tiempo a los fiscales de recomponer sus imputaciones.

“Lo que debe hacer el juez es de abstenerse de aprobarles una imputación mal referenciada, más no darle oxígeno al ente fiscal. En eso tengo diferencias con los jueces que toman estas decisiones. Eso significa, que el derecho fundamental se atropella y después se compone.  Lo ideal en este caso, repito, es que la juez no debe aprobar la imputación”, dijo Antonio Luis González.

El abogado penalista Daniel Santos, uno de los que lideró la demanda por los derechos del nivel Ejecutivo de la Policía, opina que es un hecho “inusual y por fuera del Sistema Acusatorio, que no está bajo el amparo Constitucional”.

“Un juez de Garantías no está para estar asesorando la posición autónoma de la Fiscalía, está es para resolver con base al planteamiento que hace el ente acusador con respecto a su imputación. Es decir, que ha debido desestimar la imputación al no estar de acuerdo con ella. Para mí se tipifica un constreñimiento, porque el juez está influenciando en el funcionario, manifestó Daniel Santos.

Eso de increpar y reprochar la actuación del delegado fiscal tiene sus consideraciones jurídicas. Habría que mirar aquí, en este caso, si la fiscal hizo algún tipo de manifestación, de lo contrario legítimo al juez en sus reconvenciones. En ese caso tendría que considerar la decisión que tomó el juez de Garantías en la legalización de la captura, porque muchos de los elementos que llevan a legalizar una detención son las que refuerzan los elementos de una imputación, los unos deben tener conectividad con los otros”.

El abogado penalista, con alta experiencia en el área de libertad condicional en Colombia, Pedro Puentes Ramírez, también dejó su opinión en este debate: “La legalidad de la captura, en un caso como este, perdería valor y vigencia. Esto porque la Juez Garantías al momento de legalizar una captura debe tener de presente unos argumentos que le lleven a inferir que la persona fue partícipe de unos hechos. En este caso a la siguiente audiencia, la de imputación de cargos, los argumentos deben tener similitud, no digamos que deben ser los mismos, pero deben tener un asidero, un nexo causal,  que demuestre que hay un mínimo de responsabilidad. Sí la Juez dice a la delegada fiscal que aquellas atribuciones debe reorganizarlas, le está diciendo que la legalización de captura tampoco tenía el suficiente soporte, en este caso no existe coherencia probatoria. En este caso la juez está aceptando que la captura no la debió legalizar. Aquí procedería un habeas corpus”.

El abogado penalista Ezequiel Ramos Barrios, experto en este tipo de casos, manifestó lo siguiente:

“Debemos empezar a analizar desde el momento mismo de la captura, que se debe tener 36 horas para ser legalizada, de lo contrario debería quedar en libertad. Si la juez de Garantías le dio un tiempo a la delegada fiscal para reorganizar la imputación se debe considerar el tiempo para la prescripción”, dijo Ezequiel Ramos.

Este es un hecho atípico, le da más de tres días para que venga y rehágalo. Es el fiscal quien tiene la acción penal, no es el juez. En este caso, de ser cierto lo que está diciendo, la defensa tuvo la razón en llamar la atención en que la Fiscalía estaba imputando con base en unos chismes y no con valioso soporte probatorio. Sobre todo, que no hubo flagrancia, como si sucedió con el tema del director de La Picota”.

Redacción Justicia

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Leo Medina Jiménez
Leo Medina Jiménez
Editor general /El Home Noticias. Periodista.

2 Comments

  1. Luz enid lozano Rodríguez dice:

    Creó en el Doctor Ceballos se que el el no se presta para una cosa de estas y se que el siempre va de la mano de Dios Y el va salir de esto con la cabeza en alto Dios lo bendiga siempre

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