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Estas historias tristes del Ejército y la Policía, empañadas por la corrupción, que afecta a soldados y patrulleros

El cabo tercero, Javier Alberto Osorio Guarín, y su familia quedaron desamparados del Ejército, después de que el militar fuese sacado de la institución por una inclemente junta de médicos.

Estas historias tristes del Ejército y la Policía, empañadas por la corrupción, que afecta a soldados y patrulleros

 

Es la seria afectación a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo por normatividades excluyentes en materia de salud. A eso se le suma la corrupción, que presuntamente involucra a algunos Generales de la Policía y las Fuerzas Militares. Los que están en la base de la pirámide jerárquica siguen siendo los paganos, los que están  desprovistos del bienestar de su tejido humano.

 

 

Daniel Santos Carrillo.

Por: Daniel Santos Carrillo

Constitucionalista y Administrativista

 

 Viernes, 19 de julio del 2019

Hablaremos de los extremos, el primero de ellos  lo expondremos con un ejemplo real y entristecedor: Se trata del retiro del cabo tercero, Javier Alberto Osorio Guarín, un  joven militar, de 25 años, quien luego de enlistarse como soldado profesional sobresaliente, de pasar en su ejercicio por cruentos combates con grupos subversivos y/o narco criminales, como debió ser en lugar de haber un agradecimiento institucional a este héroe de la Patria, inexplicablemente  fue separado de la institución y tirado al abandono.

Ocurrió el pasado 15 de mayo cuando el señor general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, de un ‘plumazo’ ordenó su salida. Para esto se necesitó una grosera y consumada discriminación a sus condiciones psicofísicas, desconociéndose sus capacitaciones, conocimientos, habilidades, destrezas y su trayectoria altamente productiva.

¿Esto para qué? Cuando sin piedad se aplicó el extravagante decir popular: “Lo que no es útil que no estorbe”. Esa fue la sensación que quedó.

El general Martínez Espinel se basó en la apreciación que hicieron los médicos: Arley Suárez Rincón, Rocío Carbonó Pinedo y Mari Luz Moreno Vega,   los  encargados de suscribir un  acta de la Junta Médico Laboral, apartada de la realidad.

“No se puede decir de otra manera,  que es una afectación y violación de derechos fundamentales la que se cometió en contra del  cabo Osorio Guarín, y de paso a su familia, a su compañera Yeimi Paola Quijano Mendoza, sus hijos Ian Alejandro, quien nació al día siguiente de su retiro y Eydan Santiago Osorio Quijano, y de su hijastra Karol Daniela”.

 

La familia del cabo tercero Javier Alberto Osorio Guarín pasó a sufrir el drama de aquellas que  quedan expuestas a decisiones malvadas, por fuera del ordenamiento constitucional y jurisprudencial, decisiones que golpean al núcleo fundamental de la sociedad. Y lo más triste es que se  da a manos de los más altos niveles de la jerarquía de las Fuerzas de Seguridad del Estado y por equipos asesores que estoy seguro no pasarían de manera alguna las  ‘pruebas de poligrafía’, en caso de ser sometidos a una evaluación de idoneidad.

 Cuando se gestó la cruel despedida la señora Yeimy Paola, acababa de salir de la sala de parto. Lo que ocurrió se hace aún más lamentable cuando se conoce otra realidad, que una de las hijas de la pareja, la pequeña Karol Daniel, de seis años,  llegó al mundo con síndrome de Down.

Me duele decirlo, esta familia quedó excluida del sistema de salud apenas el Ejército le dio la espalda. ¡No hay derecho! Que alguien que sirvió y tiene capacidades para seguir sirviendo a la Patria sea excluido de esta manera, injustamente y sin una explicación que convenza.

Fue necesario acudir al reclamo de derechos a través de las vías legales para parar semejante arbitrariedad. Ante este reclamo el Juzgado 15 Administrativo del Circuito de Bogotá, ordenó el reintegro del cabo Osorio, que se suspendieran los efectos de esa grosera y clara vía de hecho administrativa. Aunque esto aún no se ha cumplido.

«Estos casos acontecen en la mayor invisibilidad ante la opinión pública y con la omisión y discreción del Estado, desde el propio Ministerio de Defensa Nacional».

Es que ante tanta desigualdad, no vemos una luz al final del oscuro túnel,  no vemos que se esté propiciando una verdadera gestión ante la Presidencia de la República y el ‘Ministerio de  la Chequera’ ( MinHacienda y Crédito Público) para que se desarrollen reformas desde el  Congreso de la República, con las que se garanticen a los integrantes de las Fuerzas, condiciones dignas, definición de mejores proyectos de vida con oportunidad en una carrera de ascensos,  con salarios y prestaciones coherentes a las exigencia de profesiones complejas y de riesgos.

¿Hasta cuándo? Habrá que sobrellevar un sistema de salud soportado en la pobreza, con la ausencia de gerentes hospitalarios,  de ‘un sistema desangrado por la corrupción en las prácticas de contratación clientelistas’, un ‘régimen de exclusión’.

Ahora hablemos del otro extremo, en el de los Generales de la República, que parece le apuestan a ser Comandantes de Fuerza a toda costa, algunos haciendo recorrido de manera deshonrosa para llegar a lo más alto de la pirámide jerárquica.

Es vergonzoso, pero real, que existe una pugna por el poder allá dentro, se notan ‘palos en la rueda’ a los que están arriba, que las cosas no salgan bien, y los colocan los que están abajo para que los dejen subir.

Un claro conflicto de intereses al que se le debería dar un ‘tatequieto’ desde el mismo Gobierno. Pero es que vivimos en un país en el que el peso internacional tiene serias injerencias para que ello no suceda, como también ‘secretos’ que frenan la necesaria toma de decisiones, de la depuración de esa otra historia colombiana.

«De paso hay cargar con un lastre, ese que impone el Gobierno que antecedió,  que está dedicado desde afuera, con aliados de allá adentro, a la descalificación y deterioro institucional».

 

El Gobierno actual no ha podido cortar ‘el cordón umbilical’, teniendo que ‘tragarse los sapos’, además, dejando en cargos diplomáticos a los Generales en retiro Alberto José Mejía Ferrero, en la Embajada de Australia,   y a Jorge Hernando Nieto Rojas, en la de España.  Es un premio inmerecido a quienes dejaron en ‘cuidados intensivos’ a las Fuerzas y sometidas a sonados escándalos de corrupción.

Incluso, a Mejía Ferrero lo señaló uno de los que hizo parte de su equipo, el coronel Julio César Ramírez, quien denunció que este alto oficial tendría que ver “con casos de corrupción en la aviación del Ejército” y de articular montajes con “falsos testimonios” para lograr sus propósitos. (Ver noticia de la FM Radio).

A todo lo anterior, es claro que existen los extremos en la Fuerza Pública, crisis en la que no solo debe intervenir el Ejecutivo, también la Rama Legislativa y Judicial.

Se necesitan reformas que puedan corregir yerros normativos como los que se vislumbran en la Policía Nacional, que   convoca a exámenes para concurso de ascensos 53.000 patrulleros y de allí solo escogen 2.000. ¡Qué injusticia!

No está demás pedir que exista una estabilidad laboral a policías y militares, que dejen de estar expuestos al abuso de poder y la arbitrariedad desde lo disciplinario y sometidos a la aplicación de decisiones discrecionales.

También, que se haga algo para que no se sigan cometiendo arbitrariedades como las que han llevado al abandono total al cabo tercero Javier Alberto Osorio Guarín.

Por fortuna aportamos nuestro esfuerzo profesional para el rescate de esta familia de la calamidad social por esos yerros estatales. Lo triste es que cuando hay injusticias siempre las víctimas son los patrulleros y soldados.

Daniel Santos Carrillo

Columnista invitado EL HOME NOTICIAS

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