De Juan Manuel Santos, quien dejó pasar una Ley que nos hace daño, a Iván Duque que la rebatió con contundencia

La experiencia vivida con Juan Manuel Santos, de haber permitido el paso del Código Nacional de Policía siendo inconveniente para los colombianos y  la de Iván Duque que prefirió ponerse rojo un día y no un cuestionado toda la vida, al objetar por inconveniencia la Ley Estatutaria de la JEP.

Por: Daniel Santos Carrillo

Constitucionalista y administrativista

Domingo, 24 de marzo del 2019

El momento que se vive en Colombia por la respuesta dada por el presidente Iván Duque Márquez de no sancionar el proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial Para la Paz (JEP) y el debate ocasionado por el Código Nacional de Policía y Convivencia, nos lleva a exponer la existencia de un paralelo entre ambas.

Una Ley que no tuvo objeción cuando hizo curso por las manos del mandatario de turno, Juan Manuel Santos, y la que sí fue objetada por inconveniencia en seis de sus puntos.

La primera de ellas es por la que el pueblo colombiano vive las mayores afectaciones en su cotidianidad, sobre todo por procedimientos policiales incoherentes en algunos casos, temperamentales (por el abuso de autoridad), por posible falta de conocimiento y dolosos. Pero no podemos dejar de lado que  se podría estar en una encubierta corrupción cuyas estadísticas no afloran al conocimiento público. El Código Nacional de Policía y Convivencia  es una Ley sancionada sin el peso de un examen riguroso legal que de seguro demandaba objeciones.

La Ley Estatutaria para la JEP, la que sí tuvo la objeción presidencial, porque aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad en contra de la niñez y la mujer no pueden pasar impolutos ante sus despreciables crímenes. Sin embargo, vemos que la  consideración de algunos sectores o colectivos es la de no interesarles la penalización con el peso de la ley colombiana dentro del marco del derecho penal ordinario.

Es que hasta se han volcado al escenario público democrático para golpear el proceso legal y constitucional que ampara la decisión a las objeciones formuladas por el presidente Duque Márquez. Hasta llegando a decir que no era de su competencia hacerlo, cuando sí es de su competencia objetarla por inconveniencia porque la Corte Constitucional ya había hecho su control desde el amparo de la Constitución.

Para muchos las comparaciones son odiosas, pero no podemos caer en el mismo error del pasado. Lo explicamos de esta manera, que mientras la Ley 1801 de 2016, que está integrada por 243 artículos y que ya tiene  140 demandas a cuestas, de ellas 18 pendientes, recibió en su momento la sanción irresponsable del entonces presidente Juan Manuel Santos, arrastrando graves consecuencias. 

Lo estamos viendo a diario, que se está exponiendo al ciudadano colombiano a una normatividad que excluyo la lógica de un procedimiento frente a las realidades socioeconómicas y culturales de la gente.  Esta norma excluyo la esencia de la pedagogía y la prevención, dentro de la dinámica que encierra la complejidad del servicio de Policía.

Por el contrario sí incluyó el ‘salvajismo autoritario’ y desbordante en el desatino normativo. ¿A qué ha llevado? A lesionar las pobres economías domésticas, a las  labores del ‘rebusque’ honesto con el que se sostienen precariamente miles de hogares, que viven de la conocida informalidad. Podemos decir que se ha llegado al secuestro administrativo de lo poco que se tiene como herramienta para producir ingresos, de paso la amenaza y la violación de derechos fundamentales.

Este desacierto no ha sido gratuito, porque vemos a la  Policía Nacional sumida en el mayor deterioro de su imagen y por ese camino el completo distanciamiento del ciudadano, perdiéndose el norte de los policías, quienes se deben a la comunidad.

Les cabe el reproche al expresidente Santos, al exministro Carlos Villegas, al general retirado Rodolfo Palomino López, a quien muchos señalan como quien deshonró y mancho la institucionalidad que representan los oficiales Generales y la propia Policía Nacional.

También les cabe responsabilidad a los legisladores, protagonistas de una Ley que sigue enfrentando al policía motorizado con el ciudadano de a pie, llevando a una confrontación de prácticamente todos los estratos sociales.

Sin dejar de lado el paralelo que nos ocupa, el proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP, que está constituida por 159 artículos, que en nuestra consideración pudo verse expuesta a un número mayor de artículos objetados. No está demás insistir en que el presidente de los colombianos, Iván Duque, cumplió con su deber constitucional.  No obstante, las voces de protesta –muchas de ellas saturadas de irresponsabilidad– han estado enviado un mensaje que busca confundir al colombiano.  Esas voces son para alejar de la comprensión de que existen unos criminales para quienes la modificación de la Ley les es alérgica, porque los lleva al juzgamiento como autores de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Además les frena a que recaigan en el recorrido criminal y se arropen con la impunidad.

Conclusión, comprenden así los colombianos que hay un mandatario, que sí ha enviado un mensaje contundente y suficientemente claro a todos, principalmente a los narcoterroristas y criminales.

Por: Daniel Santos Carrillo

Columnista invitado EL HOME NOTICIAS

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