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Ordenan reintegro del oficial que denunció el ‘carrusel de los contratos’ en la Policía

Centro Vacacional Centenario en Santa Marta en donde se denuciaron irregularidades en la construcción de alojamientos para la Policía.

Centro Vacacional Centenario en Santa Marta en donde se denuciaron irregularidades en la construcción de alojamientos para la Policía.

Ordenan reintegro del oficial que denunció el ‘carrusel de los contratos’ en la Policía

 

Un mayor (r) de esta institución deberá volver a portar su uniforme, como teniente coronel, después de tres años de su retiro.  Una juez ordenó su reintegro y reconoció que el oficial no fue llamado a curso de ascenso por represalias, por reportar irregularidades en contratos del Fondo Rotatorio. Según un informe de la Contraloría son más de 200 los casos de corrupción en los que se han visto involucrados miembros de su cúpula.

 

JUSTICIA
Domingo 9 de septiembre del 2018

Un fallo del Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá deja entre dicho la falta de decoro en sus actuaciones de algunos miembros de la cúpula de la Policía Nacional que no atendieron deliberadamente, según ese despacho, el “marco legal aplicable” al ascenso de oficiales, al torcer las cosas para sacar de la institución a un Mayor que alertó a sus mandos superiores de irregularidades en contratos de varias obras de infraestructura. Pero estos directivos ignoraron tales advertencias y por consiguiente manipularon procesos para decretar la salida del denunciante.

Entre los oficiales activos mencionados en este expediente por obras deficientes e inconclusas y de un multimillonario detrimento patrimonial se encuentran los generales Hoover Alfredo Penilla Romero, actual comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá,  y William Ernesto Ruiz Garzón, comandante de la Región Tres de Policía, y además del coronel Marco Jair Ospina Moncada, coordinador del Grupo de Construcciones de la  Dirección Administrativa y financiera de la Dirección de la Policía.

Generales Hoover Penilla y William Ernesto Ruiz Garzón.

Generales Hoover Penilla y William Ernesto Ruiz Garzón, dos de los oficiales mencionados en el expediente por irregularidades en la Policía.

El juzgado que dictó la providencia ordenó, además, compulsar copia a la Procuraduría para que agilice las investigaciones en contra de los altos oficiales nombrados en los diferentes procesos por contratación irregular.

El caso tiene que ver con la salida excepcional de un oficial que fue nombrado como arquitecto comisionado a la inspección de varias obras en el país,  con 16 años, 8 meses y 29 días en la Policía,  y quien después de destapar la existencia de una especie de ‘carrusel de contratos’ fue separado de su cargo el 16 de mayo del 2015 “bajo la figura de llamamiento a calificar servicio”.

Según la juez Yolanda Velasco Gutiérrez, el uniformado fue sacado sin explicación alguna de la lista de nombres de Mayores que les pasaron a la Junta de Evaluación y Calificación para oficiales para el primer semestre del 2014 por denunciar variados casos de corrupción, que a los pocos días se convirtieron en un escándalo nacional, los hoy mencionados ‘elefantes blancos’.

De acuerdo con la investigación, la hoja de vida del Mayor nunca fue recomendada ante la Junta de Generales de la Policía, como lo exige la norma,  porque –indicó la juez– en una decisión unánime de los altos oficiales, antes de, se descartó al oficial sin considerar que tenía excelentes calificaciones, ocho condecoraciones. Al mayor lo dejaron por fuera del  “concurso previo al curso de ascenso al grado de teniente coronel”. Se estableció que hubo una “desviación de poder”.

Para la Juez Doce se establecieron “hechos probados”, que el motivo de esta llamada a calificar servicio fue por unos informes que el oficial presentó de “las deficiencias en los procesos de contratación de la entidad y que se reflejaron posteriormente en la revelación de actos de corrupción”, el escándalo de los llamados “elefantes blancos de la Policía”, procesos en los que “faltó la moralidad administrativa”, precisó la jurista.

Ahora, por orden del despacho judicial el Ministerio de Defensa y la Policía deberán regresarle el cargo con el grado de teniente coronel al arquitecto y pagarle los sueldos y prestaciones sociales que el uniformado dejó de percibir mientras estuvo por fuera de la institución.

Para la jurista el Mayor hizo lo que tenía que hacer como un buen funcionario público, de “advertir las irregularidades capaces de generar daños al patrimonio público y sin embargo hubo omisión de los encargados (los altos mandos de la Policía) de ejercer el control correspondiente”.  Por el contrario lo sacaron de la institución para callarlo.

Los mencionados actos de corrupción de los que alertó el Mayor fueron corroborados por la Contraloría que aseguró que existen varios hallazgos fiscales y se adelantan procesos de responsabilidad, entre estos las irregularidades en la construcción del Centro de Rehabilitación Valentina AOS, al norte de Bogotá, que celebró el Fondo Rotatorio de la Policía con Julio Gómez, uno los cerebros del ‘carrusel de la contratación’ en la Capital, en los que se pagó una obra que nunca fue entregada, es decir que se esfumaron en este torcido más de 5.200 millones de pesos.

Uno de los investigados por este caso es el general Gabriel Parada Díaz, quien fue director del Fondo Rotatorio de la Policía y a su vez miembro de la Junta de Generales, señalado de ser uno de los que truncó el ascenso del Mayor.

También se menciona en esta supuesta componenda a la exsubdirectora de la Policía, la general Luz Marina Bustos Castañeda, quien también hizo parte de la junta de Generales que impidió el ascenso de oficial.

A Bustos Castañeda, dijo la juez,  el Mayor le había informado de irregularidades en la construcción de una ciudadela de la Policía y en la construcción de las viviendas fiscales en San Luis, Tolima,  a las que tampoco atendió y por el contrario propició con su voto la salida del oficial.

Otro miembro de la cúpula mencionado en esta investigación por los ‘elefantes blancos’ y por haber sido parte de la Junta está el general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, a quien también el Mayor le pasó un informe de probados hechos de corrupción en la construcción de la Clínica de la Policía de Cali y también ignoró dicho informe.

“Cómo puede observarse los citados generales a quienes el Mayor les informó de las diferentes irregularidades que se presentaban en la contratación también pertenecían a las Juntas Asesoras que tuvieron a su cargo la recomendación, selección y reconsideración de llamar a concurso al oficial”, expresó la juez Velasco Gutiérrez.

Lo que más sorprende en este proceso es que, seis años después del desfalco con el Centro de Rehabilitación Valentina AOS, del que solo existen unas vigas y los cimientos,  aún no se tiene a ningún responsable por este descalabro y el proceso sigue dilatándose. Lo mismo sucede con otros 40 casos en los que de acuerdo con un informe de la general Yolanda Cáceres Martínez, exdirectora del Fondo Rotatorio, muchos de los procesos por contratación irregular en la Policía han prescrito, porque no ha habido ningún movimiento en las investigaciones.    “Desde el año 2012 están por aperturarse nuevamente, situación que no es viable dada la prescripción de la acción”, declaró por escrito Cáceres Martínez a la juez.

En otra de las irregularidades en uno de los contratos, es el que tiene que ver con la construcción de un edificio de cuatro pisos con cinco apartamentos en cada piso para alojamientos de los policías, en el Centro Vacacional Centenario, ubicado en Santa Marta y que tuvo un costo de más de 5.200 millones de pesos, en el que se menciona por una posible omisión al general Penilla Romero, cuando se desempeñó como director del Bienestar Social de la Policía.

De acuerdo con la investigación el 13 de febrero del 2013 el Mayor le presentó al general Penilla Romero un oficio en el que advertía que las casas no tenían servicio de agua potable, que la que había no era apta para el consumo humano, que tampoco había alcantarillado, que se estaba utilizando un concreto de baja calidad y que además, que para la interventoría contrataron a estudiantes de la facultad de Minas de la Universidad Nacional,  quienes no tenían la idoneidad en este tipo de obras civiles.

Como si fuera poco en otros contratos avalados por el Fondo Rotatorio se asignó a una ingeniera de sistemas para vigilar las obras.

“Todas estas irregularidades son graves y ameritaban no solo investigaciones disciplinarias sino penales. Sin embargo no hubo ninguna de ellas”, declaró el Mayor.

Para el Juzgado llama mucho la atención que durante un mismo año ocuparon el cargo de director del Bienestar cuatro oficiales, tres coroneles y un teniente coronel (hoy general Penilla Romero) y ninguno de ellos interpuso ningún tipo de denuncia ante las advertencias de corrupción del arquitecto comisionado, esto hubiese evitado la alimentación de ‘los elefantes’.

 

Redacción Justicia
saladeredacción@elhomenoticias.com
Leo Medina Jiménez
Leo Medina Jiménez
Editor general /El Home Noticias. Periodista.

3 Comments

  1. Daniel Santos C dice:

    La cruzada anticorrupcion que acompaña el Presidente Ivan Duque, la FiscalIA General, la Procuraduria, la Contraloría y el Congreso de la República de Colombia tienen los escenarios para materializar en este hecho de corrupción por cuenta de Generales de la Policía Nacional, las consecuencias que correspondan y el claro mensaje de no repetición.

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