Siete exfuncionarios de Petroecuador enviados a la cárcel, por corrupción durante el gobierno de Rafael Correa

Se investiga una trama de sobornos para beneficiar a empresas en la adjudicación de contratos y presunto lavado de activos en los Estados Unidos.

ECUADOR

Jueves, 3 de noviembre del 2022

Con base en los elementos de convicción recabados durante la fase de investigación previa, la Fiscalía General del Estado formuló cargos por presunto cohecho contra siete personas: fueron detenidas en un operativo ejecutado la mañana del 1 de noviembre en varias ciudades del país por su presunta participación en actos de corrupción en la Empresa Pública Petroecuador.

Concluida la audiencia de formulación de cargos, una jueza de Garantías Penales dispuso prisión preventiva para los exfuncionarios de la estatal petrolera Galo G., Miguel P. y Lenin A., mientras que al exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, William V.; Andrés R., también extrabajador de la estatal petrolera; Wilson N. y Jorge P. se les dispuso prohibición de salida del país, presentación periódica y uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

También tienen la prohibición de enajenar los bienes inmuebles y vehículos que los procesados tengan en el territorio nacional.

Fiscalía investiga una presunta trama de sobornos en Petroecuador, que estaría encabezada por Nilsen Arias. –investigado en Estados Unidos por presunto lavado de activos–, quien en su calidad de gerente de Comercio Internacional de la empresa estatal, se habría asociado con varias personas –entre ellas los ahora procesados– para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a varias empresas con la adjudicación de contratos. Según expuso la Fiscal del caso durante la audiencia, el monto del cohecho habría alcanzado los 22 millones de dólares.

Los procesados fueron detenidos en un operativo en que se ejecutaron varios allanamientos de forma simultánea en las instalaciones de Petroecuador, Ministerio de Finanzas, empresas privadas y en los domicilios de varios de los investigados en Quito, San Antonio de Pichincha, Samborondón, Manta e Ibarra, donde –además de cumplir con las órdenes de detención– se levantaron indicios como dispositivos de almacenamiento, equipos electrónicos y documentación sobre los hechos investigados.

Entre los elementos de convicción presentados se encuentran los partes policiales de detención de los procesados, el informe investigativo, las versiones, los partes policiales de las diligencias de allanamientos, de donde también se levantaron elementos de convicción que fueron puestos en cadena de custodia; informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la Superintendencia de Compañías, movimientos migratorios, entre otros.

Además, los informes de seguimientos y vigilancias, y la pericia de traducción de la información proporcionada por la justicia de Estados Unidos, a través de Asistencia Penal Internacional.

¿Qué dice la ley?

El delito de cohecho se encuentra tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Redacción Internacional

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