Así se defiende el general Óscar Atehortúa ante el proceso  de la Procuraduría, que lo tiene a punto de ser sancionado

Para el ente de control el Director de la Policía se extralimitó en sus funciones, además pecó en omisión al recibir una obra que aún estaba sin terminar y en la que el contratista no había cumplido con las exigencias del contrato, como lograr las licencias ambientales y los permisos para la edificación de las viviendas fiscales, en San Luis Tolima. Aquí están los detalles.

UNIDAD DE JUSTICIA

Domingo, 7 de junio del 2020

El proceso que despliega la Procuraduría en contra del director de la Policía, general Óscar Atehortúa Duque, está contenido en cuatro cargos, en 72 páginas,  que el ente de control viene desarrollando, en busca de responsables del despilfarro económico más escandaloso de los últimos 11 años. Vamos a explicarlos y a complementarlos, teniendo en cuenta las respuestas que el alto oficial le ha dado a los entes de control a cargo de la investigación.

Esta indagación de carácter disciplinaria busca establecer quiénes tuvieron que ver con los errores en la construcción de un conjunto de casas fiscales para la Policía en predios de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial Para la Paz (CENOP), ubicado en el municipio de San Luis, Tolima.

Las casas se convirtieron en un ‘elefante blanco’, con 9 años en ejecución y aún buena parte de ellas están sin entregar, porque a la fecha faltan permisos y las licencias para su edificación. Es decir, que la polémica urbanización fiscal fue construida sin el lleno de los requisitos legales.

Es claro en esta diligencia, por el expediente en poder de EL HOME NOTICIAS,  que el actual Director de la Policía no participó en los estudios ni en los contratos, que se firmaron en el 2011 siendo director de la institución el general (r) Óscar Naranjo Trujillo. En el contrato, ha insistido este medio, lo firmo el general (r) Saúl Torres Mojica.

Se debe precisar que existen documentos, los que obtuvo este medio de comunicación, en los que se ven seriamente comprometidos generales retirados como Édgar Orlando Vale Mosquera; general (r) Luz Marina Bustos Castañeda; general William Ernesto Ruiz Garzón; coronel Fabio de Jesús Lizcano Montes y los Directores e Inspectores de la Policía desde el 2011 a la fecha.

Lo extraño de todo este proceso es que a ninguno de estos oficiales se les ha llamado a dar explicaciones, los que se ‘hicieron la vista gorda’ estando informados que desde el 2012 se vieron irregularidades en las casas de la Policía en San Luis Tolima. Ellos fueron notificados de que se ejecutaron las obras sin los estudios y diseños definitivos y sin las  licencias ambientales y urbanísticas,  que es un acto ilegal que está contenido en el mismo Código de Policía, que le hubiese acarreado multas al ciudadano de a pie.

Sin embargo, la Procuraduría solo ha llamado a responder al general Óscar Atehortúa por no haber tomado medidas para impedir el despilfarro económico o porque habría intentado proteger a los implicados, los generales en retiro,  obstruyendo la investigación ¿Por qué no han sido llamados los que firmaron los contratos y aquellos que tuvieron las catastróficas inadvertencias?

Los cargos en contra del Director

En el primer interrogante que se hace el ente de control al general Atehortúa Duque se expresa que habría “faltado a sus responsabilidades”, a su “deber” de no inspeccionar la obra para que hubiese tomado a tiempo medidas que llevasen al contratista a responder con sus obligaciones, las contenidas en el contrato. Esto es cuando el oficial ocupó el cargo de director del Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO) desde marzo del 2014 hasta abril del 2016.

Por esta misma acusación el alto oficial ya había dado una respuesta a la Contraloría diciendo que “sí hubo actuación de su parte”, que una delegación de FORPO hizo una visita al lugar, que por lo extenso del sitio se hizo entre el 3 y el 28 de junio del 2014, que al final de la inspección se levantó un acta de obra final de la primera etapa de 60 casas, denominada Ciudadela CENOP I.

Después de esta visita la obra fue recibida por la Policía a satisfacción y se hizo con base en el concepto técnico que elaboró la interventoría el 18 de noviembre del 2013. El acta final de recibimiento tiene fecha del 26 de diciembre del 2014.

• En este aparte es inherente precisar que quien actuó como interventor, en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fue el cuestionado profesor Wilman Muñoz Prieto, llamado ‘el Despilfarrador’, preso por corrupción, quien otorgó aprobación a todos los actos que a la vista de hoy están plenos de anomalías.

Es aquí, entonces, en donde la Procuraduría hace sus puntuales cuestionamientos, de que el general Atehortúa participó en el recibimiento de la primera etapa del proyecto, sin las licencias ambientales,  y con mala infraestructura de las casas.

EL HOME NOTICIAS conoció un informe que está en poder de la Procuraduría en el que se indica que en la actualidad 48 casas de la primera fase están habitadas por policiales y sus familias, entre estos el actual director de la CENOP, Brigadier general Jaime Ramírez Gómez. Además, que las otras 12 están en mantenimiento –siendo unas casas nuevas–. Se precisa, que hay tres de ellas que necesitan una rigurosa intervención por mala calidad del material o sus acabados.

De paso existe otra potencial irregularidad con respecto a la ocupación de las casas, que tiene su denuncia ante los entes de control de quienes aseguran ser miembros de la Policía, “que en el afán de que se habitaran las de la primera etapa del CENOP fueron entregadas a los uniformados totalmente gratis” (porque nadie las quiere residir), siendo que en otros proyectos urbanísticos, a los policías –sin importar el grado– , se le descuenta el 5% de sus mesadas por el uso de otras edificaciones, claro está, después de llenar ciertos requisitos.

El nuevo contrato de interventoría

Pero cómo fueron ocupadas estas casas sin tener agua potable y alcantarillado como se lee en el proceso en mención, contenido en la denuncia del mayor (r) William Moreno, que fue echado de la Policía por decir la verdad, cuando fungió como supervisor de los contratos en FOROPO, y que hoy se conoce como ‘el Carrusel de los Contratos en la Policía’.

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La Defensa del general Atehortúa Duque ha detallado que lo que garantiza la habitabilidad de estas viviendas fiscales, de la primera fase, es que “ya cuentan con una planta de tratamiento para el agua potable, además de una PTAR – para la purificación de las aguas residuales–, que ya están siendo vertidas al Río Coello”.

• Tenemos que decir que para esta parte hay un hecho que no juega para nada a favor del general Atehortúa Duque y es que hasta el año pasado fue que se contrató la gestión  de las licencias ambientales, y este trámite hace parte de un nuevo contrato de Interventoría y Consultoría para el llamado CENOP II, por más de 348 millones de pesos. (Ver gráfico adjunto).

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  Este es el contrato en el que se establece la gestión que se hace para la obtención de las licencias para legalizar las casas en San Luis, Tolima.

En el contrato se precisa que “se encuentra en trámite de cancelación por parte de la Dirección de Bienestar Social de la Policía las expensas por concepto de licencias de urbanismo”.  Además, que con fecha 25 de mayo del 2020 se hizo una solicitud a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) para que haga una visita a la obra. Como si esto fuera poco, también el 18 de mayo de este año fue que se obtuvo el permiso de disponibilidad eléctrica. Esto está en las observaciones del contrato 051-5-2019. Es bueno aclarar, que cada licencia que sea otorgada favorece a todo el proyecto urbanístico.

La pregunta que se ajusta en esta parte de la investigación es ¿Cómo es que el equipo del general Atehortúa recibe a satisfacción las primeras 60 casas siendo que hasta hace un mes es que se obtiene el permiso para conexiones eléctricas, de agua y alcantarillado y solo hasta ahora es que se vienen a cancelar las expensas por Urbanismo. La Procuraduría tiene este interrogante por desarrollar ¿En dónde está la licencia de CORTOLIMA para el vertimiento de las aguas negras al Río Coello?

EL HOME NOTICIAS estableció, además, que la investigación que hoy tiene en serios aprietos al general Atehortúa es por la primera etapa de las casas fiscales del CENOP, porque fue quien estampó su firma como director del FORPO para el recibimiento de la obra. Es decir, que no existe un proceso disciplinario por la segunda etapa en donde es mucho más categórico el descalabro económico.

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Segundo cargo en contra del Director

La Procuraduría delibera el por qué el general Atehortúa Duque no se declaró impedido entre el 19 de junio y el 13 de diciembre del 2018, periodo en el que estaba ocupando el cargo de Inspector General de la Policía. En este tiempo el entonces Director de la Institución, general Jorge Hernando Nieto solicitó que se evaluara las condiciones de las dos etapas de casas fiscales, porque se tanteaba la posibilidad de una inyección económica al cuestionado proyecto CENOP I y CENOP II.  Es decir, que el oficial conocía de antemano lo que ocurría con estos contratos, de sus irregularidades, que por tanto se debió apartar de la indagación interna en la que venía siendo nombrado como uno de los implicados en las omisiones.

Tercer cargo contra el Director

En este la Procuraduría argumenta recayó en una extralimitación de funciones, que según la ley está contemplado dentro de la violación del régimen de inhabilidades, porque es posible que haya tratado de averiguar los pormenores del proceso  en primera instancia, el INSGE- 2019-3,  que venía adelantando la Inspección en cabeza del general William René Salamanca Ramírez. Esto, de acuerdo con la investigación, sucedió cuando al parecer el Director de la Policía buscó al capitán José Fernando Llanos para que le informara en tiempo real lo que sucedía al respecto.

La defensa de Atehortúa ha replicado tal señalamiento con que no podía estar preocupado el alto oficial con una investigación de la Inspección General siendo que este no es el despacho pertinente para adelantar este tipo de procesos en contra de un aforado.

Cuarto cargo en contra del Director

Por último, esta parte está relacionada con la confrontación que hubo entre el general Atehortúa y el general Salamanca Ramírez, en el despacho de la Dirección. Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre del 2019, cuando el Director ordenó que el Inspector se fuera de vacaciones para evitar que este continuara con sus indagaciones de las irregularidades en la construcción de las casas fiscales en San Luis, Tolima.

Para el ente de control el general Atehortúa “utilizó indebidamente influencia derivada del ejercicio del cargo de Director General de la Policía Nacional con el fin de obtener en provecho propio (…) que no se diera origen a una actuación disciplinaria.

Insiste la defensa técnica de Atehortúa en esta porción de la diligencia en que la Inspección General no es competente para investigar a su representado, que este caso sería un delegado de la Procuraduría o de la Corte Suprema de Justicia. Además, este medio averiguó que el abogado tiene otros detalles, de lo que ocurrió en agarrón entre los dos oficiales en diciembre del año pasado, asuntos que aún son desconocidos por la opinión pública y el órgano investigador.

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Redacción Unidad de Justicia

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