El sargento Juan Gabriel Ruiz Ramírez terminó involucrado en una investigación, que, basada en el testimonio de un supuesto agente infiltrado, lo señalan de ser «colaborador de una organización de narcotraficantes”. Es bueno decir, que este medio periodístico, con el apoyo de un equipo de abogados, ha realizado un análisis del expediente, se ha llegado a la conclusión de que hay irregularidades e inconsistencias al momento de probar la participación del policía, las que estaremos revelando en próximos y detallados informes de la Unidad de Justicia.

Además, este medio, precisa, que tiene todos los soportes, totalmente documentado el proceso, y se podría decir, que con solo una lectura con detenimiento se puede fácilmente llegar a la conclusión de que hay situaciones que no ajustan, que la supuesta participación de este intendente en una estructura narcotraficante necesita otras explicaciones. Nos anticipamos a decir que existen intereses directos, malas intenciones.

 En esta nota adelantaremos algunos detalles que de seguro nos llevaría a analizar, con ojos de justicia, la situación. Este es un primer informe, de los que publicaremos en próximos días, en los que estaremos dando a conocer lo que dice el testigo, un patrullero, compañero de trabajo del suboficial, confrontado sus conjeturas con el tiempo, modo y lugar de los hechos.

Por este caso, una importante investigación, se produjo la captura de seis personas, entre los que están siendo acusados los directivos de una empresa exportadora de agroquímicos en Bogotá. Está relacionada con la incautación de un alijo de cocaína en el puerto de Amberes, Bélgica. La droga habría salido de San Pedro, Cauca.

En esta operación, para dar captura al policía, no solo se observan situaciones arbitrarias, se ve que se trató de una operación exprés, contra el tiempo, antes de la posesión del nuevo director de la Policía Nacional, general William René Salamanca.

Aclaramos, que el decomiso de la droga es real y legítimo, lo que hay que revisar es la manera como termina siendo involucrado el Intendente Ruiz en este asunto, además, con una suerte de conjeturas, acusaciones impresisas. No se descarta que sea un montaje en contra del policía.

«A los miembros de esa banda vinculada con el narcotráfico nunca los he visto, ellos tampoco, ni puede decir la Fiscalía que existe algún tipo de grabación o de una conversación con estas personas. No hay nada que me conecte con esta red», afirma Ruiz Ramírez, a través de una nota escrita, con su puño y letra, que está en poder de sus abogados y sus familiares.

• Dele click aquí para que conozca nuestra nota anterior relacionada con este caso: ¿Retaliaciones del general Henry Sanabria en contra del sargento que interpuso una tutela?

Además, causa curiosidad que la privación de la libertad de Ruiz Ramírez ocurre a los pocos días de haberse publicado en EL HOME NOTICIAS la denuncia de la persecución laboral de la que venía siendo víctima el suboficial, del aviso que hizo el Intendente de los hechos excepcionales – escandalosos – que este policía le informó, a través de un chat, al entonces director de la institución, general retirado Henry Sanabria Cely.

Sin embargo, lo que se cometió el pasado sábado, 13 de mayo del 2023, sobrepasa todos los límites, los excesos de unos comandantes en contra del intendente Ruiz Ramírez. Lo que ocurrió deja entrever lo peor, que desde el mando existe un asunto personal, por fuera de lo institucional, ¿Podría ser una retaliación? Por la manera como se han ensañado, hasta el punto de intentar dejar en riesgo la vida del uniformado. Lo que se planeó y estuvo a segundos de cumplirse, no se puede creer que sean decisiones de un buen policía, sobre todo de alquien que tiene alto mando.

Los detalles de una suerte de abusos:

EL HOME NOTICIAS cuenta con el testimonio de tres personas, entre ellas el de la esposa del intendente Ruiz Ramírez, la señora Estefanía Vélez Gómez, quien hace un detallado recuento del comportamiento de oficiales a cargo del extraño operativo, entre estos el mayor Carlos Alberto Delgado Hernández, quien –en medio de la operación de registro a la vivienda del procesado– es señalado de “lanzar expresiones amenazantes” y de señalar al suboficial como “bandido”, en frente de sus pequeñas hijas.

Vélez Gómez reiteró que, además, amenazó con despojar a las niñas de su mascota, porque la opinión personal del oficial de Antinarcóticos es que un intendente no podía poseer un perro de esta raza (Pomeriana), “que solo la podrían tener los mafiosos”. «También amenazó con quitarle la casa a mis padres, de dejarnos por completo en la calle. Esas no pueden ser expresiones de un oficial de respeto», añadió la señora Estefanía.

En este testimonio también se reafirman los señalamientos de que el suboficial fue mantenido por 28 horas esposado y con sus manos a su espalda, tirado en el piso en posición fetal y sin ingerir alimento durante ese tiempo. Se habla de «tortura».

Aquí siguen los abusos. Posterior a esto, el pasado sábado, después de conocerse la decisión del Juez Segundo Penal Municipal de enviar al intendente Ruiz a un establecimiento carcelario, en este caso a uno en Cali, ocurrieron los hechos que han causado total asombro y rechazo.

Este relato de los hechos están consignados en una denuncia –que los abogados del suboficial radicaron ante el juez del caso–, de un escrito que hizo el mismo interno, en el que cuenta sus horas más difíciles, los abusos y las arbitrariedades a las que fue sometido, al parecer, ordenados por sus mandos en el Valle del Cauca.

Cuenta en su escrito que cuando llegó en horas de la madrugada, de ese sábado, al lugar en donde transitoriamente está detenido, CAI Aguaclara, en Tuluá, Valle del Cauca, por orden del mismo juez, es informado por la guardia, que horas antes había estado allí en el establecimiento el coronel Wilson Román Silva Rodríguez, subcomandante de la policía del Valle. Una no habitual visita.

Explicaron, que sus instrucciones al personal de vigilancia fueron la de quitarle la colchoneta al sargento porque éste, al parecer, tenía que dormir en el piso, afirma que sus palabras fueron: “Ese señor debe estar al fondo en la peor celda”. 

Además, relata el detenido en su escrito que, en un tono inapropiado, el mismo coronel manifestó apenas entró a la improvisada celda, una habitación con 13 personas privadas de la libertad, un espacio de unos 20 metros cuadrados, con camarotes de tres puestos, que había que cumplir su orden: “No lo quiero ver acá en este espacio, y miren dónde duerme de bien, (un colchón de segunda que dejó un interno al salir en libertad)”, declaró el intendente con su puño y letra en la carta que fue remitida al juzgado del caso.

Lo peor fue lo que ocurrió horas después, a la una de la tarde del mismo sábado. El intendente Ruiz fue sacado de su celda con la amenaza de que sería llevado a otro lugar de reclusión, a un patio en donde están recluidos presos de reconocida peligrosidad, entre estos los acusados de un caso de homicidio, que fueron trasladados desde Roldanillo, Valle, por el suboficial, porque era quien tenía a su cargo los privados de la libertad en esa unidad.

Ingresaron dos intendentes de la Policía Antinarcóticos, quienes dijeron que obedecían órdenes del mayor Carlos Delgado, jefe de la unidad investigativa, el mismo de los insultos y las amenazas contra la esposa del suboficial y su familia.

Son ellos los que ordenan que recoja todas sus pertenencias. Los suboficiales dejaron una anotación en el libro de Guardia, en la que no especificaron el lugar a donde sería trasladado.

“Me subieron a un vehículo y en el camino los intendentes me informan que me llevaban para el Comando Sur de Policía Palmira”, relató en su denuncia el policía Ruiz.

Al señalado lugar llegaron a las 3:00 de la tarde. “Me dejan dentro del carro, una Nissan Versa de placas 691, color gris. Se acerca un intendente que me reconoce, se asombra al verme capturado, y dice. ‘lo siento, pero la orden es meterlo allá’ y señala una ‘carceleta’ con evidente hacinamiento. Un Pastor que permanecía a la entrada orando dice: ‘la orden la dio mi J2, coronel Wilson Román Silva Rodríguez’.

Es en ese momento, cuando uno de los intendentes de Antinarcóticos –de los encargados de transportarlo– al percatarse de lo que ocurría, que su colega sería metido a un lugar en donde su vida correría peligro, se negó a cumplir la orden, actuó como un buen policía.

“El subintendente Jhon Guío se dio cuenta que la intención no era otra que hacerme daño, llaman al fiscal del caso y le comentan del procedimiento. Decía ‘que ¡No iba a cargar con la muerte de un ser humano!’. Después llama al mayor Carlos Delgado, y éste le confirma que era una orden dada por el coronel Wilson Ramón Silva Rodríguez.

El valiente intendente, un excelente policía, le informa al coronel Delgado que no podía cumplir la orden por temas de seguridad, porque en esa celda estaban unos detenidos que conocían al sargento Ruiz Ramírez, que estaban ahí después de ser capturados en Roldanillo (Valle), en una operación en la que también actuó el intendente.

“Seguramente iban a atentar contra mi vida. Les dije que los hacía responsables de lo que ocurriese. Solo pensé que al entrar a esa jaula tenía que defenderme”, escribió el sargento Ruiz al juez del caso.

Es precisamente en ese momento tan dramático cuando se conoce de una llamada proveniente de la Dirección General de la Policía en Bogotá, de la oficina de Talento Humano, desde donde se da la orden de salvaguardar la integridad del intendente.

De inmediato, en la misma camioneta 691, fue regresado al lugar en donde el Juez Segundo Penal municipal ordenó que tenía que permanecer detenido mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) garantizase el cupo en la cárcel de Cali.

Pero esta no es la única irregularidad que se ha cometido en contra del intendente Ruiz Ramírez. Este medio conoció que miembros de la Policía Antinarcóticos fueron hasta la droguería, propiedad de la esposa del intendente, a la que le practicaron extinción de dominio, para llevarse de allí mercancía, entre estos elementos de aseo y medicamentos. Estos hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad externas, porque en medio de la operación las cámaras internas fueron desinstaladas.

Lo que llama la atención del procedimiento es que cuando los familiares del policía reclamaron del por qué no les dejaban un inventario de lo que se llevaban los funcionarios se negaron a hacerlo. “Dijeron que no tenían por qué inventariarlo, que ellos le darían el uso que querían”, indicó la esposa del sargento Ruiz.

Este caso está siendo analizado por organismos de Derechos Humanos, a donde sus familiares acudieron para que se respete el debido proceso y se guarde la integridad del procesado.