El Carrusel:

¿Por qué llaman a la Procuraduría al general Óscar Atehortua, director de la Policía, a dar explicaciones por caso corrupción?

La firma del director de la Policía está en algunos documentos de los que debe dar detalles. Pero, la responsabilidad fiscal salpica a otros directores de la Institución desde el 2011, desde cuando se contrataron 111 casas sin licencias, sin estudios técnicos y con materiales de mala calidad. Radican denuncias por omisión.

Unidad de Justicia

Domingo, 8 de marzo del 2020

La investigación relacionada con el llamado ‘Carrusel de los contratos en la Policía’, que incluye el descalabro económico de al menos 18.000 millones de pesos, malgastados en un conjunto de casas fiscales en San Luis, Tolima, hoy tiene en el ‘ojo del huracán’ al general Óscar Atehortua Duque.

El director de la Policía es el próximo en ser citado por la Procuraduría a prestar su declaración, mediante un auto debidamente motivado, que no es un juicio, dentro de la etapa preliminar del proceso por las irregularidades en los dos contratos para la construcción de 111 casas, del proyecto denominado ‘Ciudadela Policial’. El proyecto urbanístico se construyó en predios de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial Para la Paz (Cenop).

Recordemos que por este mismo caso ya fue escuchado el Inspector General de la Policía, general William René Salamanca, quien fortaleció la investigación,  que después pasó a manos de la Procuraduría.

Es concluyente mencionar que en la primera semana de febrero de este año la Contraloría General de la Nación comisionó a un equipo interdisciplinario, conformado por arquitectos, ingenieros, ambientalistas… para una inspección física a las casas en San Luis, que hoy se encuentran inutilizadas por falta de servicios públicos, resultado de precisa corrupción.

La inspección corroboró que las viviendas fueron construidas con material de pésima calidad, entre estos la madera de puertas y closets está encorvada; las escaleras fisuradas,  pintura en mal estado. Se confirmó lo dicho, que no tienen agua potable, porque la extraída de pozos profundos presenta contaminantes minerales. Como si fuera poco no existe un sistema de desagüe de las aguas lluvias ni de aguas residuales. Tampoco, tienen vías de acceso.

Lo grave de todas estas irregularidades es que se sabía de ellas desde antes de que se firmaran los contratos, que se estaba contratando sin licencias ambientales y sin estudios técnicos. Estos, estudios y diseños, nunca se hicieron, pero fueron cancelados en su totalidad en octubre de 2011, se pagaron por los de la primera parte del proyecto más de 208 millones de pesos y por las licencias y permisos 396 millones.

Pero, qué tiene que ver el general Atehortua Duque con este detrimento patrimonial, con las irregularidades halladas tanto por la Contraloría como Fiscalía.

EL HOME NOTICIAS conoció los documentos que comprometen al director de la Policía en la investigación. El alto oficial  es quien aparece firmando como director del Fondo Rotatorio la liquidación del contrato con la firma Socar Ingeniería Ltda, la responsable de la construcción de la segunda etapa, de 51 casas, cuyo representante legal es Pedro León Solano Carpio.

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Además, por parte de la Contraloría se busca confirmar si fue el general Atehortua quien habría recibido las 60 casas de la primera etapa al contratista Louis Wagner Cortés, de la constructora Manare Ltda, sin vías de acceso ni servicios públicos, siendo que desde diciembre del 2011 la obra se declaró suspendida de forma indefinida, por la falta de licencia para las cometidas de agua potable y alcantarillado.

¿Hasta dónde llegan las responsabilidades?

El contrato para la construcción de las inútiles casas de la Policía en San Luis, Tolima, se firmó en marzo del 2011, siendo director de la Policía el general Óscar Naranjo Trujillo. En el contrato aparece la firma del general Saúl Torres Mojica.

Para entonces como director Nacional de Escuelas fungía el general Édgar Orlando Vale Mosquera, a quien se le señala de abuso de poder, de obligar a auxiliares de Policía a transportar material para la construcción de su finca en Batatas, jurisdicción de Suárez, Tolima.  Para ello empleó vehículos de la Institución, según la denuncia.

El compromiso que se firmó es que las casas se tenían que entregar a satisfacción el 30 de diciembre del 2011, se prorrogó para el 30 de abril del 2012, después para el 30 de agosto de ese mismo año, hasta un último plazo en diciembre del 2012. Para entonces el alto mando había sido notificado de las irregularidades, y desde ahí se empezó a pecar en omisión.

Ya venían las denuncias de los hechos de corrupción, que se notificaron a quien asumió como director de la Policía, en agosto del 2012,  el general José Roberto León Riaño.

Sin embargo, como un hecho inexplicable, el 14 de diciembre del 2012 se firmó el contrato para la construcción de la segunda etapa de las casas, vemos la firma del general Saúl Torres Mojica, como director de Forpo.

Se trata del mismo contrato que el 3 de septiembre del 2015 el general Atehortua Duque, como director del Fondo Rotatorio,  liquidó unilateralmente por incumplimiento del contratista, que no asistió a la audiencia de liquidación de mutuo acuerdo.

Pero desde agosto 2013, cuando asume como director el general Rodolfo Palomino, aparecen otros oficios alertando a esa cúpula del despilfarro económico. Hay un documento dirigido a la general Luz Marina Bustos Castañeda, como subdirectora de la Policía, en el que se le  informa del estado de la Ciudadela Policial, tanto ella como Palomino no hicieron nada al respecto.

En este contrato atestado de censurables omisiones aparece un cuestionado personaje, William Muñoz Prieto, el mismo que está investigado por corrupción en la Universidad Distrital, es quien firma como interventor de la construcción de las casas Fiscales y quien se hace la ‘vista gorda’ y aprueba el proyecto urbanístico.

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Portada de la denuncia radicada ante la Presidencia, Fiscalía, Ministerio de Defensa, y hasta los entes de control, que da cuenta de la responsabilidad de las cúpulas anteriores de la Policía en el ‘Carrusel de Contratos’.

¿Qué apresuró a que llamaran al director de la Policía a la Procuraduría?

El detonante ha sido una denuncia de fecha 3 de marzo del 2020, que hace el mayor William Moreno Bernal, el mismo que denunció hace 9 años el ‘Carrusel de los Contratos en la Policía’, y quien fue afectado en su parte laboral y después retirado de la institución por haber dicho la verdad.

El oficial, a quien un juez ordenó que lo reintegraran, proceso que está en el Tribunal Superior de Cundinamarca, radicó un documento con copia a Presidencia, Ministerio de Defensa, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.

En este oficio acusa de omisión a los mandos de la Policía, asesores jurídicos, interventores y contratistas. Además, a los entes de control por engavetar los procesos que daban cuenta de una constante de corrupción. Lo que describe el oficial en retiro en más de 100 páginas dan cuenta del grado de responsabilidad de las anteriores cúpulas de la Institución.

Además, el oficial solicitó medidas cautelares y protección de su integridad ante las entidades del Estado, por sus denuncias.

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Redacción Unidad de Justicia

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