El negocio ‘redondo’ de oficiales corruptos, el ‘Carrusel de contratos en la Policía Nacional’

El direccionamiento de negocios en esta Institución es un mal que viene desde el 2010. No solo se conocen irregularidades en las construcciones, del pago de coimas, también del entramado en la compra, adecuación y mantenimiento de vehículos blindados.

Unidad de Justicia

Domingo, 9 de octubre del 2022

EL HOME NOTICIAS dio a conocer en varios informes periodísticos de cómo se implementó un entramado de corrupción al interior de la Policía Nacional.

La misma Fiscalía evidenció que en el Fondo Rotatorio (FORPO) se pagaron sobornos para la adjudicación de contratos en los que terminaron favorecidos empresarios como Julio Gómez. Del pago de más de 5.000 millones de pesos en la construcción de una clínica que quedó en solo cimientos.  De la construcción de unas casas fiscales en San Luis, Tolima, sin el lleno de requisitos legales.

Ahora se conoce que el entramado de corrupción también termina beneficiando a dos empresas, una de ellas llamada en principio como M&M Group, que después se registra como 7M Group S.A.S. y Kobe Colombia S.A.S.

Ambas empresas pertenecen a una misma familia, a los esposos Martín Ricardo Manjarrez Cabezas y Marcela Montes Zuluaga, quienes concertaron con altos oficiales para obtener los contratos millonarios para la compra y mantenimiento de vehículos blindados, tanquetas y patrullas. Para la Fiscalía, varios altos oficiales recibieron millonarios sobornos para influir y favorecer siempre a los mismos proveedores.

M&M Group o 7M Group era la siempre seleccionada para suministrar los vehículos para la Policía y  Kobe Colombia era la responsable de realizar el acondicionamiento de los vehículos. Es decir, que al final de cuentas tenían el negocio ‘redondo’.

En una investigación interna, desde la Inspección General, estando al frente de esta dependencia el general retirado William René Salamanca,  se concluyó que tres uniformados que laboraban en la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional (DIRAF) pasaron a ser empleados de las empresas contratistas, que –además– dejaron sus fichas para seguir direccionado los contratos.

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El primero de estos oficiales, de acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, es el coronel retirado Humberto Alejandro Mesa Restrepo, quien después de ser el jefe de Movilidad de la Policía renunció a su uniforme y pasó a ser el director comercial de Kobe Colombia S.A.S., llevándose consigo importante y privilegiada información del manejo de las licitaciones públicas y presupuestos.

Lo que alarma en este caso, no es solo la renuncia de la Policía de un Coronel que de manera extraña se va a trabajar con los contratistas, es el modo como se mantuvo la línea de corrupción. Se supo, que fue el coronel José Fernando Monsalve la persona que reemplazó a Mesa en la DIRAF, quien terminó siendo su persona de confianza, es decir, su incondicional enlace. Todo lleva a concluir que desde afuera el oficial retirado seguía manejando los hilos buscando favorecer a las firmas Kobe y 7M Group.

El otro oficial que también solicitó su retiro es el capitán Luis Eduardo Espinosa, quien era el responsable del seguimiento contractual en la Dirección Financiera y salta a ocupar el cargo de Director Comercial de 7M Group. En reemplazo de Espinosa pasó el Intendente Óscar Guzmán.

Hizo lo mismo el capitán Carlos Arturo Flórez Correa, quien de ser el responsable del mantenimiento de los vehículos en la Policía también renuncia y se va a la empresa privada. Se investiga sí es cierto que también se fue a trabajar con el  contratista Manjarrez Cabezas.

En la misma investigación se determinó que desde el 2015 para toda adquisición de vehículos para la Policía y su adecuación, siempre los contratos fueron asignados a las firmas 7M Group S.A.S. y Kobe Colombia S.A.S.

Este trenzado de información llevó a la deducción de que fue muy favorable la decisión de Manjarrez Cabezas y de su esposa de contratar a Mesa Restrepo y al capitán Espinosa para quedarse con los millonarios contratos durante todo ese tiempo.

Otro detalle,  es que siendo director de la Policía el cuestionado general retirado Rodolfo Palomino López la empresa 7M Group donó más de 500 millones de pesos para obras sociales de la Policía. Para otros proponentes este tipo de aportes dejó a esta empresa en una posición ventajosa.

Además, en el 2017 el entonces director de la DIRAF, el general retirado Omar Rubiano Castro, encendió las alarmas, dio a conocer de irregularidades por el incumplimiento en el mantenimiento del parque automotor, con un detrimento patrimonial para la Policía de al menos 7.000 millones de pesos. No obstante, esta investigación nunca prosperó.

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En todo este entramado de corrupción se descubre, dentro de la investigación, que dos trabajadores de la firma 7M Group pasaron a ser funcionarios de la estatal Colombia Compra Eficiente, para el manejo de la plataforma y obtener el visto bueno en las compras. Se mencionan los nombres Manuel Pinilla y Lida Johana Gómez.

Es decir, que los contratistas 7M Group y Kobe no dejaron cabos sueltos, que se propusieron tener sus fichas en las diferentes entidades para alzarse con contratos millonarios en los que se mencionan entidades como el Fondo Rotatorio de la Policía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), Fiscalía y la Dirección Financiera de la Policía Nacional.

Redacción Unidad de Justicia

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