Está a punto de ser aprobado Plan de Acción de Corporinoquía sin el posible lleno de requisitos legales

Existen las denuncias ante los organismos de control para que se enfoque la lupa hacia el director encargado y otros funcionarios de la corporación. Se asegura que estarían incurriendo en probables acciones que terminarían en investigaciones disciplinarias, con un plan que está ajustado a posibles intereses particulares. Esta es la revelación.

Unidad de Justicia

Viernes, 18 de diciembre del 2020

En la Procuraduría General de la Nación está en curso una queja disciplinaria en la que se precisa que el director encargado de Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), José Armando Suárez Sandoval, y los miembros del Consejo Directivo de esta entidad, estarían aprobando el próximo martes 22 de diciembre el Plan de Acción 2021- 2023,  denominado “Un Pacto con Nuestra Tierra”,  con serias irregularidades de fondo.

En los detalles de la acusación, ya radicada ante el ente de control, se dice que estos funcionarios estarían reconociendo a ‘pupitrazo’ limpio el mismo Plan que fue presentado en marzo de este año, el que iba a ser para cuatro años y que fue rechazado.

 No obstante, le habrían hecho ajustes y quedó para los siguientes tres años, de acuerdo con la comisión de planificación del Consejo Directivo del pasado 11 de diciembre. Eso sí, con el agravante de que se hizo sin la audiencia pública como tal, que es obligatoria, porque es como lo establece el Decreto 1540 del 24 de noviembre del 2020.

Además, que este Plan de Acción, ya había sido reprobado por el mismo Consejo Directivo el pasado 11 de mayo, porque el mismo  tenía que ser presentado por el Director titular elegido para cuatro años.

“Las condiciones variaron de manera significativa puesto que su ejecución quedará proyectada para tres años y no cuatro, lo cual implicó que las metas se redujeron y por ende la programación del presupuesto varió notablemente a causa de la pandemia generada por el COVID-19, la cual disminuyó ostensiblemente el comportamiento del recaudo de la Corporación”, se lee en el documento.

Esto que quiere decir, que no se puede aprobar así, de buenas a primeras la próxima semana hasta tanto se cumpla con el requisito legal, de ser presentado ante la comunidad, con sus respectivos ajustes para un periodo 2021-2023. Si se hace cómo está los funcionarios, incluido Suárez Sandoval, estarían incurriendo en faltas disciplinarias muy graves, expresa la queja disciplinaria.

Pero, por qué se ha presentado todo este desbarajuste,  porque Corporinoquía se quedó este año sin su directora titular elegida en octubre del 2019 para el siguiente cuatrienio.

Doris Bernal fue suspendida  cargo por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en respuesta a una demanda en la que se precisó que los diez miembros del consejo directivo no podían haber escogido un director de sin antes resolver las recusaciones que pesaban en contra de ellos.

Además, se está analizando si es cierto que la hoja de vida de Bernal presenta inconsistencias que la llevaría a no ser apta para desempeñar el cargo de Directora General.

Al quedar este puesto en un limbo jurídico es que se nombró en encargo a Suarez Sandoval, que ahora estaría en una carrera contra el tiempo, dispuesto a aprobar plan de acción en un ‘fast track’, ( Vía rápida ), eso sí incumpliendo con los requisitos de ley, en un afán de gastar los recursos sin tener en cuenta las inconsistencias. Por ley, cumpliendo con lo que falta,  debería ser aprobado el 23 de marzo de 2021.

“ Con la expedición del reciente Decreto No. 1540 de 24 de noviembre de 2020, por el cual se modificaron unos artículos del decreto 1076  de 2015 sobre el trámite de presentación y aprobación del Plan de Acción Cuatrienal de las Corporaciones Autónomas Regionales, en su artículo transitorio se ordenó que las CAR que no contaran con Plan de Acción Cuatrienal aprobado a la fecha de publicación de este decreto (como es el caso de Corporinoquia), sus Directores Generales, o quien haga sus veces, deberán proceder a formularlo y/o presentarlo ante el Consejo Directivo para su respectiva aprobación, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia de dicha norma, esto es, a más tardar hasta el 23 de marzo de 2021”.

Por último se le hace un llamado a la Procuraduría para que dirija la lupa ante tales decisiones de una posible aprobación de la modificación del presupuesto de ingresos y gastos del 2020 sin tener cuenta la afectación generada por el COVID-19 y sin que se haya aprobado el del 2021.

Redacción Unidad de Justicia

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