Exfiscal Luis Eduardo Montealegre salpicado en el caso por  secuestro de Fernando Balda

En audiencias al exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, Pablo Romero, se conocieron nuevos detalles, de cómo fue que torcieron el proceso en Bogotá. Se menciona no solo al general Jorge Luis Vargas, también al exfiscal  Montealegre Lynett. En ellas se supo el nombre de la abogada que con un falso poder atajó el curso de las indagaciones. Aquí están los datos inéditos.

Unidad de Justicia

Miércoles, 15 de julio del 2020

Al mediodía de este martes terminó la audiencia en contra del exsecretario Nacional de Inteligencia de Ecuador, Pablo Romero Quezada. EL HOME NOTICIAS recopiló esos datos relevantes de las diligencias, entre estos la negociación que puso en libertad en Colombia, en menos tiempo, a los secuestradores del político ecuatoriano Fernando Balda Flores.

Es importante precisar, que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador no dictó sentencia al llamado ‘hombre fuerte’ del gobierno de Rafael Correa,  los magistrados se tomarán sus días para deliberar y decidir la suerte de Romero Quezada.

Es que mientras en Ecuador las autoridades han desarrollado una metódica investigación que hoy tiene prófugo de la justicia al expresidente Correa y a portas de ser condenado el llamado ‘hombre fuerte’ de ese anterior gobierno, en Colombia se hizo todo lo contrario, con un entramado corrupto se declaró como un hecho juzgado, con verdades a medias.

La Fiscalía selló un acuerdo con los secuestradores, para que no se les condenaran a 16 años de cárcel si no a una pena muy mínima de cuatro, de la que solo pagaron dos años en una celda. Esto sin contar con que uno de ellos, el que decidió hablar, recibió el beneficio de detención domiciliaria, y a los pocos días de salir lo asesinaron de un disparo en la nuca.

Detalles del preacuerdo que selló la Fiscalía con los secuestradores del ecuatoriano Fernando Balda.

El cuestionado pacto entre las partes se hizo para favorecer a los miembros de una banda de pistoleros, y dejar cerrado el caso,  se firmó un acta de preacuerdo en el que participó una abogada como apoderada de la víctima de nombre Yudy Mónica Ospina, quien presentó un falso poder que –supuestamente– le había otorgado Fernando Balda Flores.

“Yo nunca autoricé a nadie como apoderado. Esa abogada debe ser investigada por este fraude procesal, así como a la fiscal que aparece firmando este ilegítimo preacuerdo”, manifestó Balda.

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Pero esta no fue la única componenda con signos de corrupción que se trenzó en este caso en Colombia, relacionado con el secuestro del más agudo opositor de Rafael Correa, el que lo acusaba desde el exilio de ser un corrompido, sino que también salen a relucir decisiones de alto nivel que no permitieron que se conociese la verdad que hay de fondo.

Esta es la carta que la fiscal Mery Patricia Conejo le envió a Luis Eduardo Montealegre, en donde advierte las consecuencias de cambios en la investigación.

En el expediente que reposa en la Fiscalía General de la Nación se conoce de un oficio, fechado 6 de diciembre del 2012, que le destinó la entonces jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías Contra el Secuestro y la Extorsión, Mery Patricia Conejo Téllez, al exfiscal General, Luis Eduardo Montealegre Lynett, para que no ordenase cambios que podrían perjudicar la investigación.

Cómo en efecto lo hizo. El cuestionado exfiscal Montealegre Lynett, intervino con una dudosa orden con la que evitó que se conociese el nombre de los demás implicados en el hecho.

Montealegre ordenó que fuese apartado del caso el fiscal José Ignacio Umbarila Rodríguez, quien –según la carta de Conejo Téllez– tenía un testigo clave. Se trataba de un informante que sabía todo sobre el plan criminal que terminó en el secuestro de Balda.

“Se tiene conocimiento mediante informe ejecutivo, que existe un informante dentro del proceso que ha tenido contacto directo con el doctor Umbarila Rodríguez (…) Además, se ha diseñado un plan investigativo coherente y efectivo dirigido a establecer la veracidad de los hechos ocurridos el 13 de agosto del 2012 (el día que secuestraron al norte de Bogotá a Fernando Balda)”, le escribió la fiscal Conejo Téllez a Montealegre.

Además, le advierte que si se hacía un cambio de investigadores en esa etapa crucial del proceso se perdería tiempo, que de seguro jugaría a favor de los demás implicados en el caso.

Sin embargo, Montealegre hizo caso omiso a las alertas de la doctora Conejo, porque ordenó que la fiscal Consuelo Alexandra Montañez Dueñas asumiera el caso. Es la misma fiscal que se prestó para archivarlo, con un acuerdo ilegítimo con los autores materiales del secuestro, con una falsa apoderada, Yudy Mónica Ospina.

Por este hecho es que Fernando Balda está solicitando que se llame a dar explicaciones al exfical Montealegre Lynett, dentro del proceso por el fraude procesal, ante una dudosa decisión.

En la investigación que se adelanta en Ecuador se conoció un audio de una conversación entre uno de los implicados, Raúl Chicaiza, y Pablo Romero Quezada, en el que el agente que se movía en Colombia le dice a su jefe inmediato que ya había tenido acercamiento con la fiscal Montañez Dueñas, a quien “le había ofrecido unas vacaciones en la Isla Galápagos”.

Lo que no se investigó

Pero ¿Qué es lo que se encubrió con todo este entramado? Que se conociesen los otros detalles que la víctima y testigos han revelado desde Ecuador, que en el secuestro hubo una operación previa como el seguimiento ilegal de la víctima a cargo de miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía, en cabeza del general Jorge Luis Vargas Valencia.

Además, en esta investigación se precisa que hay otro miembro de la Policía implicado, la persona que se encargó de contactar a los de la banda de pistoleros en el Valle, para fraguar el secuestro.

En este proceso se habla de ‘chuzadas’ ilegales tanto al político ecuatoriano, hoy candidato presidencial,  como a su esposa, Vanesa Casteló, en la que se emplearon hombres y equipos de la Policía, sin la disposición de un juez o de un fiscal, porque en contra de Balda no existía, además, ninguna orden internacional que justificase el seguimiento ilícito.

Dentro de las pruebas, que hace poco Fernando Balda mostró ante las cámaras de varios medios de comunicación,  están las órdenes e informes de las interceptaciones y seguimientos ilegales de la víctima.

En las recientes audiencias también se supo de la participación de un hombre que habría viajado a Colombia a arreglar el desastre que se armó por el secuestro de Balda. Se habla del ‘hombre del maletín’, de un espía británico, de Michael Philip Wagg, que contrató Rafael Correa para que frenase lo que se veía venir desde su vecino país.

De este personaje EL HOME NOTICIAS estará realizando un nuevo informe, porque existe un hilo conductor de Philip Wagg con Rafael Correa y el empresario Barranquillero Alex Saab.

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Redacción Unidad de Justicia

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