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Fiscalía aclara que exonera del proceso al general Atehortúa, pero hay que investigar a los otros oficiales que firmaron los contratos

Genera Atehortúa.

El general Óscar Atehortúa, fue sacado de la investigación por el llamado ‘Carrusel de los contratos’. Serán llamados a responder otro grupo de oficiales de la Policía.

Fiscalía aclara que exonera del proceso al general Atehortúa, pero hay que investigar a los otros oficiales que firmaron los contratos

 

La investigación por posible corrupción en los contratos para la construcción de la casas fiscales en San Luis, Tolima, no ha sido archivada en su totalidad, solo aparta al Director de la Policía de cualquier acción penal. Eso sí, se advierte que serán procesados los generales y coroneles que participaron tanto en la firma del contrato como en la omisión ante el despilfarro. Además, la Fiscalía enfatiza en que si hay una objeción objetiva por esta decisión el proceso en contra del director de la Policía se podría reabrir.

 

Unidad de Justicia

Viernes, 4 de diciembre del 2020

En un documento, de 53 páginas, que obtuvo EL HOME NOTICIAS, se explican las razones que tuvo la Fiscalía para archivar una investigación en contra del general Óscar Atehortúa Duque, director de la Policía Nacional, por el de “realización de contratos sin el lleno de requisitos legales”.

Se aclara que la denuncia la interpuso el propio general Atehortúa, quien solicitó a la Fiscalía se aclaren los hechos relacionados con irregularidades en el Fondo Rotatorio de la Policía al momento de suscribir un contrato, y la calidad de sus actuaciones al momento de recibir la primera parte del proyecto y la de haber acordado un acta de liquidación del mismo.

En el escrito, además, se hacen precisiones de la situación real del caso, se reconoce que con recibir las primeras 60 viviendas del proyecto de construcción de la Ciudadela de casas fiscales de la Policía en San Luis, Tolima, denominados CENOP I y CENOP II, el general Atehortúa no cometió ningún tipo de delitos penales.

Se aclara que el general Atehortúa “no incurrió en ilicitud por no sancionar por presunto incumplimiento de sus obligaciones al contratista, y sí, efectuar una transacción que condujo a la terminación del contrato”.

A su vez se precisa, el resultado procedente de ordenar el archivo de las diligencias en favor del indiciado,  general Óscar Atehortúa, conforme a la ley. Pero eso sí,  “sin perjuicio de que ante la presencia de nuevos elementos materiales probatorios haya lugar a la reapertura de la investigación”.

En el extenso escrito, en el que se hace un recorrido por el proceso, y los resultados de la investigación, a la que fueron llamados a declarar varios testigos, la Fiscalía dispuso continuar con la investigación, en la que estarían comprometidos los que firmaron el contrato, como el general (r) Saúl Torres Mojica, quien habría firmado sin el lleno de requisitos legales con el contratista Inversora Manare Ltda.

 

FISCALÍA CASAS FISCALES.

Esta es la portada del escrito que emitió la Fiscalía este viernes, que consta de 53 páginas en poder de este medio de comunicación

 

Además, los Inspectores de la Policía, directores y subdirectores que omitieron las anomalías en el fallido proyecto y no tomaron medidas para evitar el descalabro económico, desde el 2010 hasta el 2018.

En este caso EL HOME NOTICIAS ha revelado que estarían siendo llamados a responder, además, desde el director de la Policía en el 2010, en este caso el general (r) Óscar Naranjo Trujillo, el general (r)  Édgar Vale Mosquera, por ser quien tuvo conocimiento de la adquisición del inadecuado predio. También, el general (r) Luz Marina Bustos, a quien un testigo la alertó de las irregularidades y no actuó.

En esta decisión la Fiscalía, que emitió este viernes 4 de diciembre,  son mencionados la jefe de Área de las casas fiscales, en la Dirección de Bienestar Social, en octubre de 2012, la entonces mayor Diana Luengas Díaz y el Director de Bienestar Social (e) teniente coronel Fabio Jesús Lizcano Montes. Estas personas de una u otra manera tuvieron incidencia en la toma de decisiones del cuestionado contrato, que se firmó sin haber diseños y licencias ambientales. Esto consta en la denuncia, que para entonces hizo el mayor (r) William Moreno, que está en poder de los organismos de control del Estado.

En el mismo documento tiene un aparte el ingeniero Wilman Muñoz Prieto, en representación de la entidad interventora Universidad Francisco José de Caldas, quien también omitió las falencias en la obra.

En conclusión, precisa la Fiscalía: “Se dispone, además, proseguir la indagación respecto de los altos oficiales que se advierte comprometidos en los hechos que puedan constituir delito contra la administración pública en las fases de tramitación, celebración y ejecución de los contratos del CENOP 1 y 2 aquí referenciados”.

En estos mimos apartes la Fiscalía hace una salvedad, que de existir un desacuerdo con la decisión del ente investigador, quien tenga los elementos de lo contrario puede solicitar formalmente la reapertura.

“Se hará saber que de no estarse de acuerdo con lo que aquí se decide, se podrá solicitar, por el legitimado, a este despacho el desarchivo de la investigación”, dice la Fiscalía.

Redacción Unidad de Justicia

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Leo Medina Jiménez
Leo Medina Jiménez
Editor general /El Home Noticias. Periodista.

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