Fiscalía aclaró solo una parte de las denuncias de ‘chuzadas’ ilegales desde la Sala Esperanza del Búnker
El vicefiscal Jaime Camacho confirmó lo dicho por su jefe, el fiscal Fabio Espitia, que los teléfonos del exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz, Humberto de la Calle y del senador Iván Cepeda, nunca fueron ‘chuzados’. Ahora falta aclarar si hubo interceptaciones por fuera de la ley a líneas de los abogados de los casos Hyundai, Odebrecht, de políticos y de generales de Policía y Ejército y a cuentas de Whatsapp por parte de la Dijín.
JUSTICIA
Sábado, 14 de diciembre del 2019
Se descartaron dos de las posibles víctimas, Humberto de la Calle e Iván Cepeda, quienes al entregar a la Fiscalía información de los números telefónicos que emplearon en los últimos años se concluyó que ninguno de estos estuvieron en la lista negra de las ‘chuzadas’ ilegales desde el primer piso del Búnker. La lista apenas comienza.
Así lo confirmó en las últimas horas el vicefiscal Jaime Camacho Flórez, quien explicó que se realizó un análisis, que sirvió para realizar, además, un balance de las actividades de la llamada Sala Esperanza para comprobar las irregularidades denunciadas en recientes acusaciones desde La Picota.
Todo esto debido a las denuncias que han hecho desde su lugar de reclusión de la cárcel La Picota, los exfuncionarios del ente investigador, Fabio Augusto Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora, exjefe de la Sala Diamante de la Fiscalía.
Estos dos procesados por las ‘chuzadas’ ilegales a los miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), no solo responsabilizaron al exfiscal Néstor Humberto Martínez de haber ordenado la interceptación a los protagonistas del acuerdo de desmovilización de las Farc, sino a el fiscal delegado ante la Corte, Daniel Hernández, de haber ordenado interceptaciones a líneas de teléfonos a personas que no tenían ningún tipo de procesos jurídicos.
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Es esa parte la que hace falta aclarar, lo que ventilaron en un escrito tanto Gómez Góngora –condenado a ocho años y cuatro meses de cárcel, por el mal uso de las salas de interceptaciones de la Fiscalía–, y Martínez Lugo, quienes aseguraron que hubo una gran cantidad de celulares que fueron interceptados solo con una orden verbal de Daniel Hernández, el fiscal que fue dejando en entre dicho por el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, cuando dijo que se habían dejado de hacer cosas relacionadas con el caso Odebrecht.
Gómez Gongora, un exmilitar experto en contrainteligencia, precisó en su declaración escrita que fue testigo de la organización, con la anuencia de Néstor Humberto Martínez, de un grupo ‘Grupo de Tareas Especiales’ dedicado a hacerle seguimiento a los protagonistas del escándalo por el caso Odebrecht, gigante del Brasil que sobornó a funcionarios para obtener el contrato para la construcción de la Ruta del Sol II, en la que también se menciona al Grupo Aval.
También acusó a miembros de la Dijín, autorizados por la Dirección de esta unidad de la Policía, de cumplir en el mismo entramado de ilegalidades la misión de ‘chuzar’ las conversaciones por Whatsapp y los correos electrónicos de un sinnúmero de personalidades de la vida nacional.
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Todo esto era parte, destaparon los denunciantes, de un trabajo articulado en el que se entremetían entre otras investigaciones números de teléfonos de anónimos, como parte de tareas que se evaluaban en reuniones semanales a las que asistían el fiscal Daniel Hernández; el director del CTI, Luis Alberto Pérez Alvarán y presididas por el jefe de la Sección Telemática, señor Freddy Sánchez, señalaron los exfuncionarios de la Fiscalía.
Precisemos que el 12 de agosto de este año se anunció que el general retirado Pérez Alvarán había renunciado, sin embargo, se conoció posteriormente que continuó en su cargo a la cabeza del CTI, a pesar de los cuestionamientos que se ha aventado en su contra.
Redacción Justicia