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Funcionario de la Procuraduría, involucrado en corrupción, también asesoró a un oficial de la Policía en un proceso disciplinario 

Alejandro Garzón, procuraduría.

Jesús Alejandro Garzón Rincón, exfuncionario de la Procuraduría, es acusado de torcer procesos disciplinarios en la entidad en favor de los investigados.

Funcionario de la Procuraduría, involucrado en corrupción, también asesoró a un oficial de la Policía en un proceso disciplinario 

 

De acuerdo con el escrito de acusación que radicó la Fiscalía en contra de Jesús Alejandro Garzón Rincón,  funcionario acusado de exigir dinero al senador Richard Aguilar, también habría asesorado al mayor Manuel Rondón Hormaza para que le levantasen una suspensión por un proceso disciplinario en la Inspección General de la Policía.

 

Unidad de Justicia

Miércoles, 21 de abril del 2021

 

Uno de los casos de mayor escándalo en los últimos días sigue su curso. Es el que tiene que ver con la supuesta venta de fallos en la Procuraduría, hechos por los que se encuentra privado de la libertad un funcionario de esta entidad.

La Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Jesús Alejandro Garzón Rincón, quien se desempeñaba como procurador adscrito al despacho del exprocurador general, Fernando Carrillo.

De acuerdo con la investigación este funcionario se aprovechó de su cargo para exigir la suma de 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar Villa a cambio de, al parecer, archivarle el proceso disciplinario que cursaba en su contra.

Esta exigencia de dinero, detalló la Fiscalía, la habría hecho a través de terceras personas, en una reunión en Bucaramanga, la que se llevó a cabo en un conjunto residencial ubicado en el kilómetro 7 en la vía a Piedecuesta (Santander).

Exactamente, se acordó ese día que Garzón estaría sustanciando de manera favorable la revocatoria del fallo en primera instancia por supuestas irregularidades en un contrato de celaduría siendo Aguilar Villa gobernador de Santander, esto fue en el año 2012.

Las probabilidades de que se cumpliese lo pactado eran muy altas, debido a que Garzón era el responsable de sustanciar el expediente en contra de Aguilar en la Procuraduría.

Además, de acuerdo con el escrito de acusación se menciona al mayor (r) de la Policía, Óscar David Bonilla Cuesta, de haber sido la persona que aportó la información en contra de Garzón Rincón, de la supuesta exigencia de dinero.

 “Con base en estos hechos, la Fiscalía General de la Nación desplegó varias actividades de investigación con las que pudo establecer que en efecto el funcionario hizo la anterior exigencia, induciendo al hoy senador, pero además realizó otras dentro de las que se logró corroborar que el funcionario se aprovechaba de su cargo para exigir o inducir a que le entreguen dinero a cambio de sustanciar a favor de los disciplinados”, se lee en el escrito de acusación.

Se conoció, además, que a través de interceptaciones telefónicas que el sustanciador del despacho del Procurador General el 20 de abril del 2020 “sostuvo una conversación con el señor mayor de la Policía Nacional, Manuel Alejandro Rondón Hormaza, quien le preguntó qué trámite debía realizar con el fin de lograr el reintegro”, esto porque el oficial se encontraba suspendido por la Inspección General.

Para ello, le recomendó que debía radicar una acción de tutela que le valdría entre 1 y 2 millones de pesos, con lo cual habría inducido al oficial a dar esa suma de dinero para la elaboración del escrito. Esta diligencia se realizó a través de una hermana del mayor de la Policía.

Esto teniendo en cuenta que Garzón había fungido como sustanciador en un proceso en el que el mayor Rondón Hormaza resultó absuelto.

Acto seguido, el mayor Rondón adelantó el proceso con una acción de tutela en la que exigió que se le diera respuesta a un derecho de petición y es cuando el funcionario de la Procuraduría, Garzón Rincón, “realiza la proyección de la decisión a favor del mayor Rondón Hormaza”.

Pero, quién es el mayor Rondón, hallamos que es el mismo que se vio envuelto en un escándalo en el mes de octubre del año pasado, cuando resultó abofeteado por una patrullera de civil, quien se encontraba en avanzado estado de embriaguez.  El caso ocurrió en el barrio La Granja, de Montería.

Esto ocurrió, cuando el oficial llegó hasta la vivienda de la patrullera a exigir que le bajara el volumen a la música, porque vecinos habían llamado a quejarse del ruido. La uniformada acusada de agredir al oficial ese día no se encontraba de servicio, estaba de descanso.

Este es un proceso que viene siendo investigado por la Procuraduría, lo que llevó a que la patrullera agresora fuese apartada de la Policía.

 

Redacción Unidad de Justicia

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Leo Medina Jiménez
Leo Medina Jiménez
Editor general /El Home Noticias. Periodista.

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