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Investigan al director del FPS por contratos a dedo, entre estos a uno de los coordinadores de ‘la Colombia Humana’ y a un cercano de Roy Barreras

Ferrocarriles Nacionales.

Jhon Mauricio Marín Barbosa es investigado por la Procuraduría por entregar contratos millonarios a dedo para afiliados de los Ferrocarriles Nacionales.

Investigan al director del FPS por contratos a dedo, entre estos a uno de los coordinadores de ‘la Colombia Humana’ y a un cercano de Roy Barreras

 

Jhon Mauricio Marín adjudicó varios contratos casi por 200.000 millones de pesos para los servicios de salud de los afiliados del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, para justificarlos declaró  una supuesta urgencia manifiesta. El funcionario firmó contratos con entidades con serios cuestionamientos y por los que ya venía una investigación de si fueron direccionados por el Ñoño Elías desde La Picota.

 

Unidad de Justicia

Miércoles, 6 de mayo del 2020

 

La Procuraduría General de la Nación desplegó una investigación en contra del actual director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPS), por un posible caso de corrupción.

A Jhon Mauricio Marín Barbosa, se le indaga por la sospechosa adjudicación de unos contratos que superan los 196.000 millones de pesos, que de acuerdo con los primeros alcances de las pesquisas los adjudicó a dedo, todo parece indicar que direccionó los protocolos para favorecer a los contratistas.

El director de la FPS deberá explicar el por qué no realizó una convocatoria abierta para escoger a los prestadores  de servicio sino que se los adjudicó a contratistas que venían con serios cuestionamientos, entre estos a la empresaria Hortencia Arenas Ávila, la misma de Salud Vida, que ya tenía sus tropiezos con la Superintendencia de Salud.

El otro contrato se concedió a la Sociedad Clínica Emcosalud, cuyo representante legal es Abel Fernely Sepúlveda Ramos, quien figuró como coordinador de la campaña presidencial de Gustavo Petro  en el Huila por la Colombia Humana.

Es la misma sociedad clínica que figura en una investigación por posibles influencias políticas desde la Cárcel La Picota de  Bernardo ‘Ñoño’ Elías por contratos desde el 2014 hasta el 2017 ante los mismos Ferrocarriles Nacionales. Es decir, que se volvió a contratar habiendo estas serias dudas con otra figura jurídica.

El tercero de estos contratos investigados está a nombre de Ligia María Cure Ríos, en representación de la Organización Clínica General del Norte S.A.

El cuarto contrato se le accedió a la firma Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them y Cia Ltda – Cosmitet Ltda, que figura a nombre de Miguel Ángel Duarte Quintero, quien se dice es uno de los grandes amigos del cuestionado senador Roy Barreras.

Duarte Quintero es el mismo de la Dumian Medical, una de las firmas favorecidas durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, con la venta de clínicas que habían sido expropiadas, que compró a unos valores muy bajos y que recibió contratos del Estado por más de 89.000 millones de pesos.

“El órgano de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con un aparente desconocimiento de los principios de la contratación estatal por parte del investigado”, precisó la Procuraduría.

 

Marín Barbosa expidió unas resoluciones, las 0811 y 2328 del 2019, declarando la urgencia manifiesta, lo que le facilitó las cosas para que adjudicara la prestación de los servicios  de salud a los beneficiarios del FPS a los mencionados contratistas

“De acuerdo con el informe preventivo realizado por la Delegada de Salud, Protección Social y Trabajo Decente, con fundamento en el acto administrativo 0811 de 2019 se suscribieron cuatro negocios jurídicos por un valor inicial de $44.979.387.374 y un plazo de ejecución de tres meses para la atención de 39.093 usuarios del FPS. Estos contratos fueron prorrogados por 45 días hasta el 16 de septiembre de 2019 y adicionados, hasta alcanzar un precio total de $67.364.250.616”, explicó la Procuraduría.

Pero, lo grave del asunto es que Marín Barbosa repitió el procedimiento y volvió a declarar  la urgencia manifiesta, cuando durante el tiempo en que estuvieron vigentes los cuatro contratos parciales anteriores pudo afrontar las dificultades, y tuvo el tiempo suficiente para ir programando una licitación pública que permitiera elegir a mejores proponentes. Siendo la urgencia manifiesta un mecanismo excepcional, como los de enfrentar una inminente crisis.

Esto se podía justificar, precisa la norma, cuando no se dispone del tiempo suficiente e indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas.

No siendo así Marín Barbosa volvió a suscribir otros cuatro contratos con los mismos prestadores de servicios, esta vez, por más de 129.000 millones de pesos.

“A través de la Resolución 2328 de 2019 el investigado declaró nuevamente la urgencia manifiesta”

La Procuraduría también  investiga un presunto detrimento de dineros del Estados, porque de acuerdo con la  Unidad de Pago por Capitación  hubo sobrecostos en la facturación.

Uno de los detalles que busca esclarecer el ente de control es por qué el director del FPS le adjudica el contrato a entidades que traían reportes negativos, sobre todo con denuncias de mala prestación de servicios.

 

El proceso está en la recopilación de pruebas con las que se pretende establecer sí existió un acto de corrupción y en qué tipo de faltas disciplinarias se incurrió.

Para ello se ha venido estableciendo una línea de los hechos en la que primero se constituyen los detalles de cuándo, cómo y dónde se pudieron haber cometido las irregularidades y de cuál sería el monto de los daños causados a la administración pública.

Fuente: Procuraduría.

Redacción Unidad de Justicia

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Leo Medina Jiménez
Leo Medina Jiménez
Editor general /El Home Noticias. Periodista.

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