Informe especial

La corrupción en la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que permea a altos mandos de la institución

En la Policía se busca que pase sin ningún responsable el cobro indebido de horas de vuelo. Además, se investiga culpables en la muerte de cuatro uniformados en accidente aéreo, que deja al descubierto la compra de repuestos de segunda para las aeronaves. Se habla, entonces de un caso de homicidio.

Unidad de Justicia

Domingo, 13 de junio del 2021

Son dos los temas cruciales que se sitúan sobre el escritorio de un procurador delegado para la Fuerza Pública y la Policía, un fiscal especializado y de Juez Penal Militar. Uno de ellos fue asumido por poder preferente.

En estos expedientes se enumeran encendidas irregularidades al interior de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN), las que no solo compromete a tenientes y capitanes sino a uniformados de alta jerarquía institucional. Estas investigaciones muestran el alto grado de corrupción al interior de estas dependencias sin que se conozcan responsables disciplinarios y penales.

El primero de ellos se ventiló parcialmente en marzo del año pasado, este tiene que ver con el reporte de más de 30.000 horas de vuelo fraudulentas, reporte mentiroso que hicieron más de 68 uniformados para lograr una prima adicional a sus sueldos. “Oficiales que presentan reconocimiento salarial de más”. A muchos sus mesadas a la fecha, como pensionados,  llegan a una cifra superior a la de un General de la República.

Es suficientemente claro que existen normas internacionales que recomiendan que un piloto no puede volar más de 11 horas al día, que no pueden acumular 110 horas en 14 días consecutivos o 190 de labor en 28 días consecutivos, que –además– deben tener cuatro semanas de descanso al año.

Sin embargo, en las novedades que subieron un grupo de suboficiales al Sistema de Horas de Vuelo (SIHOV), con diferentes identificaciones de usuarios, como el de JA.Hernandez023, se reportan hasta 200 horas por día de un mayor de apellido Moscoso. En la misma minuta hay un capitán de apellido Rodríguez, capitán Arboleda, capitán Castrillón y un mayor Parrado con más de 100 horas en una misma fecha.

Para los entes de control que investigan este caso existió un “cobro de mala fe e indulgencia de los directores y mandos medios de la Policía Nacional”, hechos que se cometieron entre los años 2017 a 2019.

Es que los uniformados le hicieron al llamado Estatuto de personal de Oficiales y Suboficiales su torcido, el que establece que la tripulación de aeronaves que logren demostrar que hicieron cuatro horas de vuelo mensuales, como mínimo recibirán una prima de vuelo equivalente al 20% del sueldo básico mensual, porcentaje que se aumentará en 1% por cada cien horas de vuelo hasta completar las 3.000. A esto se le llama la ‘prima de vuelo de orden público.

Es más, muchos de estos oficiales pasaron horas que realizaron en simuladores, las que no se deben reconocer para estos pagos. Como si no fuera suficiente, hubo oficiales de la Policía que hicieron este tipo de reportes en fechas cuando aún no eran pilotos.

Pero lo más grave del asunto es que este personal acusado de corrupción, que podría llegar, incluyendo a los pensionados, a una cifra de 167 oficiales, suscribieron un acuerdo con  Director de Antinarcóticos y el actual Inspector General de la Policía, general Jorge Luis Ramírez Aragón, para devolver el dinero que se habían robado.

Es decir, que en la Policía este tipo de actos terminan siendo perdonados y no sancionados disciplinariamente, sobre todo cuando el funcionario reconoce su falta y devuelve el producto de su ilícito.

Las cifras son altas: a  241 se les halló inconsistencias, 189 reportaron horas de vuelo en el simulador, 4 oficiales con horas de antes de ser pilotos y 1 oficial con horas que nunca voló. Entre estos 8 capitanes, 60 coroneles, 185 mayores, 194 capitanes y 116 tenientes.

Investigan por posible homicidio

Pero dentro de este componente corrupto al interior de la DIRAN existe una investigación que va mucho más allá, con un elemento que tiene calificación de supuesto homicidio, que tiene de fondo contrataciones fraudulentas.

La historia se origina en un accidente aéreo ocurrido el 2 de mayo del 2018, que fue cuando se estrelló la avioneta de la Policía, PNC 0203, la que se precipitó a un predio cercano al aeropuerto Perales de Ibagué, Tolima, y dejó el trágico saldo de cuatro uniformados muertos.

Esta investigación al interior de la Policía había tomado un rumbo distinto al de conocerse la verdad del asunto, los motivos del siniestro.

Sin embargo un teniente coronel, jefe de las investigaciones aéreas, que tenía a su cargo el análisis de los repuestos fue más allá, descubrió utilizado repuestos inadecuados, que serían de segunda o refaccionados.

Este oficial, al que apartaron deliberadamente de la llamada ‘comisión de investigación’,  solicitó al fabricante de la aeronave, la Pratt & Whitney en Canadá que hiciese una análisis más profundo ante su hallazgo.

Este testigo, por solicitud de las autoridades, suministró en sobre sellado el informe de motores, que contiene un análisis de laboratorio, por parte compañía canadiense que fabrica motores de aviación.

Todo esto dejó en evidencia la presencia de contratistas, vendedores de repuestos por fuera de las exigencias de  la Pratt & Whitney o de otros fabricantes de aeronaves, en los que relacionan a altos oficiales retirados de la Policía o sus representados.

“Fallas de operaciones de mantenimiento y posibles hechos de corrupción relacionados con la compra ilegal de repuestos”, se lee en el proceso.

No solo esta falta, de acuerdo con este mismo expediente en poder de EL HOME NOTICIAS, que el manual de mantenimiento de 68 páginas que emitió el fabricante exige que los repuestos deben ser inspeccionados cada 400 horas y en la avioneta accidenta se hizo a las 500, es decir, 100 horas después. Una total negligencia.

En esta parte es mencionado el general Luis Enrique Méndez Reina, quien para ese momento se desempañaba como jefe del Área de Aviación de la Policía, de quien se dice en este proceso que nunca estuvo en la reunión en donde se dieron a conocer los resultados de la investigación, tampoco al ‘Comité de Seguridad Ocupacional’ determinante en este caso.

La investigación llegó primero al Juzgado 18 Penal Militar de Ibagué, en el que se menciona el término de posible homicidio ante todas las falencias encontradas. Es la misma que asumió la Procuraduría por Poder Preferente el 18 de agosto del 2020.

Hallazgos en la investigación

Se determina, de acuerdo con el análisis de laboratorio elaborado por la Pratt & Whitney Canadá y la revisión del soporte documental, que no se hizo el seguimiento adecuado siendo que ya habían reportado fallas en la avioneta.

Una de estas fallas era que el testigo de luz que alertó sobre el fluido de combustible nunca se tuvo en cuenta.

Como si fuera poco hubo alteración en los informes internos, en el contenido de las carpetas con los datos de la tripulación. Además, se modificaron de manera fraudulenta los datos de la aeronave después del accidente.

Es más, se dice que al momento del vuelo dentro de la documentación hubo algunos datos que nunca no se diligenciaron y que, al parecer, fueron llenados después del hecho.

En conclusión por estos hechos de gravedad serán llamados a dar explicaciones ante las falencias detectadas al general Méndez Reina; al coronel Carlos Oviedo, comandante de la Compañía Aérea de Bogotá; coronel Fernando Lugo, jefe de las Operaciones Aéreas de la Policía.

Además de los desatinos, por los que se buscarán responsables,  en el mantenimiento de las aeronaves, también los contratos irregulares, porque al momento de que la Pratt & Whitney vendió los motores dejó sentado que existe el suministro de repuestos originales, entonces porque nunca se hizo. Simplemente, por favorecer a dudosos contratistas.

Redacción Unidad de Justicia

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