Según la Fiscalía este no es el único caso, informa que se vienen adelantando otras investigaciones en contra de funcionarios de la Procuraduría, de personal adscrito al despacho del exprocurador Fernando Carrillo.

La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción desde el primer semestre de 2020, a través de pruebas técnicas, interceptación de comunicaciones y otras labores de policía judicial, permitió recopilar elementos probatorios y evidencia física que llevarían a determinar la probable actuación irregular en hechos ocurridos en diciembre de 2019.

Para ese entonces, el sustanciador, en ejercicio de su función y a través de dos personas, al parecer habría exigido la suma de 300 millones de pesos a un senador de la República, con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que en primera instancia fue sancionado. Esto fue cuando el congresista  ejerció en otro cargo público en el año 2012.

El ente acusador determinó además que el hoy procesado presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.

Por estos mismos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la posible exigencia económica, así como a una  abogada que sería la posible encargada de presentar las cuestionadas tutelas.