‘La grabación a Francisco Santos y a Claudia Blum podría terminar hasta en una extradición a los Estados Unidos’

Esto le dijo al HOME NOTICIAS una fuente de la Embajada de los EE. UU.,  aseguró que el tema ha empezado a ser analizado por las autoridades de ese país, en donde es considerado como gravísimo el delito de espionaje, sobre todo de la diplomacia en su territorio. Ya se tienen pistas en Colombia. Lo ocurrido es más serio de lo que se ve a simple vista.

JUSTICIA

Jueves, 21 de noviembre del 2019

En el alto Gobierno en Colombia se está hablando de la realización de una solicitud formal ante las autoridades norteamericanas para que se rastree el medio electrónico, en busca de los responsables, que se empleó para grabar una conversación privada entre el embajador Francisco Santos Calderón y la entrante Canciller, Claudia Blum.

Es que a los políticos les grabaron un diálogo que sostuvieron en privado en el Hotel Mandarín Oriental en Washington, vecino de Potomac Park, en la que el diplomático y su jefe cruzaron opiniones relacionadas con temas de Estado, de injerencia exclusiva con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La grabación fue publicada por un medio de comunicación en Colombia, lo que provocó una candente polémica.

Lo más grave del asunto no fue lo que se conversó sino la manera como se obtuvo la grabación, violando la constitucionalidad de dos países.

“El acto de la grabación ilegal ocurrió en territorio norteamericano, considerado en primera circunstancia como una falta contra el  right to privacy (derecho a la privacidad) que se agrava con la violación a la reserva de una conversación diplomática, que raya en espionaje”, explicó el funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

Si se llagase a confirmar que existió un acto de ‘chuzada’ telefónica desde Colombia los responsables estarían siendo solicitados por las autoridades de los Estados Unidos, “a través de una solicitud de extradición, claro está”.

En el contexto de los hechos, la reunión de los dos funcionarios de la Cancillería ocurrió en un salón exclusivo del ‘Mandarín Oriental’  frecuentado por diplomáticos, conversación de la que no hubo testigos. De hecho, Francisco Santos,  habló del tema y dijo que el único elemento que hubo sobre la mesa fue su celular, por lo que cree que estaría interferido ilegalmente, un caso de espionaje telefónico. Lo que llevaría a una primera conjetura: chuzado desde Colombia.

La inteligencia nacional ha empezado a rastrear la ruta de esta grabación y se ha dicho que esta llegó a manos de los periodistas a través del jefe de prensa de un político de la oposición del actual Gobierno.

“Esta persona sirvió de mensajera de un funcionario público que obtuvo la grabación ilegal.  Estamos siguiendo las pistas de cómo llegó a sus manos”, explicó una fuente al HOME NOTICIAS.

“El audio se escucha perfecto. Es decir, que lo grabaron de mí teléfono. No sé cómo lo pudieron haber grabado, pero la pregunta es esa, porque este era un sitio en dónde estábamos los dos solos, esa es la noticia (…) Voy a mandar a revisar mi celular ya, porque debe tener un (…) de esos que permiten grabar”, dijo Santos en la W Radio.

“Estábamos los dos solos. Era una conversación en la que estábamos los dos solos. La pregunta es: ¿quién la grabó y cómo la grabaron? Estoy horrorizado porque no sé si podré volver a usar el celular (…) La grabación es perfecta. O viene de mi celular o estoy chuzado de otra manera. No tengo la menor idea”, manifestó el embajador en Washington a Blu Radio.

Lo de las chuzadas, no es nuevo

El tema de las chuzadas ilegales es el componente de varias denuncias, entre estas una que hace tránsito en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y por la que hubo el pasado martes una visita a dos despachos del Búnker, los de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancurt.  

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Hechos que solo fueron divulgados por dos medios de comunicación: EL ESPECTADOR y EL HOME NOTICIAS, que al menos 20 agentes, acompañados de un delegado de la Corte Suprema de Justicia entraron al complejo central de la Fiscalía a inspeccionar documentos para comprobar la información recibida de que tanto Hernández como Betancurt estarían incurriendo en chuzadas a políticos y a funcionarios públicos sin que exista una investigación formal.

A la operación salió al paso el vicefiscal, Jaime Camacho Flórez, quien aseguró que para que el personal de la Sala Penal de la Corte  Suprema de Justicia pudiesen acceder a documentos y pruebas se necesitaba de una orden expresa del Fiscal General de la Nación.

También existe otra denuncia en la que estarían comprometidos dos generales de la Policía, que –revela un escrito– se mantendrían enviando a miembros de su institución al Búnker a realizar oídas de llamadas telefónicas a personas que no estarían involucradas en ningún tipo de investigación formal. La misma Fiscalía le confirmó al HOME NOTICIAS que la entrada de uniformados a las Salas de Control Telemático del Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal (DNCTI), un sitio de reservado acceso, estaba siendo investigado de acuerdo con la orden dada por el fiscal General (e) Fabio Espitia.

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Otra denuncia de este tipo relacionada con la supuesta invasión a los datos financieros personales de políticos y hasta de Generales tanto de la Policía como de las Fuerzas Militares (sin una orden judicial) supuestamente se hacía en una sala de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) a través de un sistema denominado Perseo, que se alimenta de dispositivos móviles. En esta investigación se nombra al director de esta unidad policial, general Juan Carlos Buitrago y al subdirector de la Polfa, Óscar Hernán Cortés Dueñas. El segundo por ser el funcionario con autorización de acceso a la plataforma.

En respuesta a un Derecho de Petición interpuesto por este medio la Procuraduría confirmó que sí existe una investigación preliminar por estas posibles chuzadas  irregulares a datos financieros en la Policía Fiscal y Aduanera.  Una fuente de Ministerio Público confirmó que las indagaciones ya van en una segunda fase.

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Redacción Justicia

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