La ‘ley de sometimiento de Petro’ propone que narcos pueden quedarse con el 6% sus ganancias ilícitas y pagar solo 8 años de cárcel

El proyecto de ley que el gobierno presentó al Consejo Superior de la política criminal, dice que los que se acojan no recibirán estatus político.

JUSTICIA

Jueves, 16 de febrero del 2023

El proyecto de ley de sometimiento a la justicia de grupos criminales de alto impacto en Colombia consta de 20 páginas y 54 artículos, que el ejecutivo terminó de redactar. Que, además, contempla penas efectivas de cárcel sin descuentos ni redención, el procesamiento por parte de la justicia ordinaria y garantías de reparación a las víctimas.

Es la reforma al marco normativo que presentó el Gobierno de Gustavo Petro al Consejo Superior de la Política Criminal, de allí, saldrá un concepto y este será radicado para debate ante el Congreso de la República.

Esta es otra de las iniciativas que busca someter a la justicia a los integrantes de bandas criminales, entre estos los jefes de las organizaciones narcotraficantes.

Los integrantes de estas estructuras que se acojan a la política de Paz Total pagarían penas que irían de los 6 a los 8 años de cárcel, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo y estudio. Una vez cumplida la condena efectiva en cárcel tendrán cuatro años de libertad vigilada, tiempo en el que deberán desarrollar actividades restaurativas del tejido social y dirigidas a reparar a las comunidades afectadas por su accionar criminal

 No obstante, los que decidan no acogerse tendrán que ser juzgados de acuerdo con el Código Penal.

“La oferta que hace el Estado colombiano a estas estructuras armadas es que, si cumplen con todos estos requisitos de entrega de verdad, aceptación de responsabilidad penal, desmantelamiento de la banda, reparación a las víctimas, se les sustituirá la pena ordinaria que les corresponda según la ley, por una que irá entre seis a ocho años de cárcel efectiva sin beneficios”, precisó el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño.

Las personas que se acojan a esta oferta del Estado tendrán penas privativas de libertad en cárceles ordinarias impuestas por autoridades judiciales, según procedimientos dispuestos en la ley.

Los privados de la libertad también podrán beneficiarse sin importar que ya estén condenados. De la misma manera, aquellos que estén afrontando un proceso ante la justicia por delitos punibles.

En la reforma se aclara cuáles serán las organizaciones criminales que podrán someterse a esta nueva política.

“Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.

De la misma manera el texto de esta proposición también establece las reglas a las que deben someterse los miembros de estas estructuras criminales para recibir los beneficios.

Eso sí, se precisa, aquellos que retomen las armas, que cometan nuevos delitos dolosos, que incumplan de manera reiterada e injustificada, perderán los beneficios otorgados.

“Retomar las armas, cometer nuevos delitos dolosos; no cumplir con las obligaciones de contribución establecidas en el artículo 11 de la presente ley; no cumplir, de manera reiterada e injustificada, con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración”.

El texto también establece que los narcotraficantes que se sometan podrán conservar hasta el 6% de los bienes que entreguen a la justicia. Para ello, deberán entregar un inventario de los activos, bienes e inmuebles que posean, aquellos puedan ser cuantificados y sirvan para restaurar a sus víctimas.

Por su parte, el también ponente en la Cámara de Representantes, Alirio Uribe Muñoz, aclaró que para acogerse a la ley es necesario: reconocer la responsabilidad, contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas, participar en los programas de reintegración, suspender todas las actividades ilícitas, desmantelar la estructura armada, entregar las armas y todos los bienes activos que estén vinculados a estos grupos ilegales.

Insistió además en que “las víctimas van a ser reconocidas, sus derechos serán garantizados y podrán participar en todo el procedimiento: en las audiencias, interponer recursos, incidentes de reparación y hacer peticiones de verdad”.

Redacción Justicia

Contáctenos al correo: elhomenoticias@gmail.com

Sigue nuestras publicaciones en el Twitter @elhomenoticias

en nuestro canal de Youtube EL HOME NOTICIAS

también en Instagram @elhomenoticias