Las argucias de la Policía para no cumplir el reintegro del Mayor que denunció el ‘Carrusel de contratos’

En segunda instancia el Tribunal de Cundinamarca dijo que hubo desviación de poder, que el oficial fue perseguido por decir la verdad,  que había corrupción al interior de la Policía. No obstante, la Secretaría General interpone una tutela, para no cumplir la orden de reintegro del oficial, con argumentos que sorprenden.

Unidad de Justicia

Domingo, 14 de noviembre del 2021

Sigue la batalla jurídica del oficial que por cumplir con su deber, de decir la verdad, en funciones inherentes al cargo que tenía como inspector de obras, terminó siendo perseguido y llamado a calificar servicio  por decisión de los mismos a quién él puso en evidencia.

En otro capítulo, el protagonista sigue siendo el mayor (r) William Orlando Moreno Bernal a quien el 5 de agosto del 2021 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la decisión de la Juez 12 Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordenó se le reintegrase y ser llamado a curso de ascenso.

Se trata del uniformado, un arquitecto de profesión,  quien pasó varios informes, con los que mostró más de 120 irregularidades, con las que quedó al descubierto que al interior de la Policía hay un ‘Carrusel de Contratos’, entre cuyos casos está el de las fallidas casas fiscales del  CENOP, en San Luis Tolima, y el gigante ‘elefante blanco’, que favoreció al contratista Julio Gómez, denominada la ‘Clínica Valentina AOS’, al norte de Bogotá, de la que solo existen los cimientos.

De hecho, hasta el exdirector de la Policía, general Óscar Atehortúa, fue llamado a dar explicaciones ante la Procuraduría por las irregularidades que denunció a tiempo el mayor Moreno Bernal.

El despacho judicial determinó que hubo una desviación de poder, que quedó demostrado que a Moreno Bernal no se le tuvo en cuenta para su ascenso y sacado de la Policía “obedeciendo a móviles contrarios a la Constitución y la Ley”, que se usaron dudosas figuras jurídicas para expulsarlo de las filas.

Además, se estableció que al menos tres Generales a quien Moreno les rindió los informes, alertando que las casas que se construían en el Tolima no cumplían con los requisitos legales, hicieron parte de la llamada “Junta” que recomendó que fuese llamado a calificar servicio.

“El análisis probatorio encontró consistentes los testimonios recaudados, según los cuales, el actuar legítimo del demandante generó molestias en sus superiores”, se lee en la sentencia. Es importante precisar, que los testigos son policías activos.

Además, estipula el despacho, que es una obligación de los policías de prevenir a sus superiores de irregularidades o actos de corrupción, y que el buen comportamiento debe ser garantía de permanencia en la institución. No como en este caso, que se hizo todo lo contrario, que fue motivo para sanciones y desmejoramiento de la condición laboral del mayor Moreno.

Explica, que el oficial –antes de ser sacado de la Policía– fue quitado de su cargo de arquitecto en el Fondo Rotatorio para que fuese a cumplir labores de vigilancia, entre tanto a los involucrados en las irregularidades se les protegió y fueron ascendidos a altos cargos en la línea de mando de la institución.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue clara y precisa: “ordenó el reintegro del actor (mayor Moreno) al cargo que venía desempeñando sin solución de continuidad”, además, obligó a la institución a pagar los sueldos que dejó de recibir desde el día de su retiro a la fecha.

Sin embargo, la Secretaría General de la Policía interpuso una Acción de Tutela, la que fue admitida el pasado 7 de octubre por el Consejo de Estado, en la que la institución pone entre dicho a los funcionarios de los dos despachos judiciales, a la Juez 12 Administrativa de Bogotá y a los tres magistrados que ordenaron el reintegro inmediato del mayor Moreno Bernal.

El argumento de la Policía es que se le violaron sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Además, se insinúa que se cometieron “irregularidades por acción u omisión”, y se habla de una “vía de hecho al momento de proferir las sentencias”.

Llama la atención que en este recurso no figura ningún oficial de alto rango, que quien firma el contenido de la 61 páginas de la tutela, que sugiere supuesta mala intención de cuatro togados ante sus decisiones, es un subteniente, obrando en calidad de apoderado de la Policía Nacional.

Lo otro, es que se dice que la Policía no tuvo las mismas oportunidades de defensa, cuando se sabe que en la Secretaría General de la Institución actúan unos 150 abogados, que incluye a los de prestaciones sociales y defensa nacional, quienes tuvieron todo el tiempo para demostrar que los hoy investigados en el llamado ‘Carrusel de los contratos’ no tuvieron nada que ver con el presunto acoso laboral y demérito del oficial.

“Se le señalaba de corrupto, siendo que era el que denunciaba las irregularidades y hasta el Director de la Policía de la época  salió a decir a los medios de comunicación que el retiro de varios oficiales (incluido el mayor Moreno) obedecía a una depuración de funcionarios corruptos”, dijo en su alegato el abogado del caso.

También se lee en los documentos, que se surtieron todas las etapas con sus términos hasta llegar a la decisión que ordena el regreso a sus funciones del oficial. Además, en la tutela no se describen los hechos que originan la supuesta vulneración de derechos contra la Policía, que solo se argumentó en ella que estos ya habían sido expuestos en el transcurso del proceso.

Según el abogado de la defensa, José Yesid Moreno, la Policía “pretende generar confusión”, al Consejo de Estado, cuando apoya su tutela en argumentos como que la Junta de Generales no actuó de mala fe, porque “el llamamiento a calificar servicio no requiere motivación”.

“Inclusive, argumenta que el juez natural de primera y segunda instancia han hecho exigencias sobre motivación de dicho acto administrativo, lo que a la luz de las pruebas es falso totalmente”, manifestó ante el alto tribunal el abogado Moreno.

El jurista calificó la acción de la Policía, para incumplir los fallos de primera y segunda instancia, como “estrategias fraudulentas”,  porque se aseguran cosas que la Juez 12 Administrativa nunca manifestó en su decisión, y precisa que lo que se busca por parte de la Secretaría General a través de la tutela es lograr una tercera instancia, siendo que existe el recurso extraordinario de revisión.

“Se dice que la sentencia ordena el ascenso del oficial, nada más falto a la verdad procesal, porque solo se ordena que se le llame a concurso de ascenso para el grado de teniente coronel que es una situación totalmente distinta a la planteada por la Policía”, indicó Moreno, quien insistió en que en ningún momento se ha impuesto la obligación de ascender al oficial, solo que sea reintegrado y que de paso se le respeten sus derechos constitucionales.

Por último, la defensa del mayor Moreno solicita al Consejo de Estado que ordene investigar y “castigar desde el punto de vista penal y disciplinario” al protagonista de la acción de tutela, por los señalamientos tendenciosos y de pretender hacer incurrir en error a la justicia.

“No se puede dejar que se pase por alto las acusaciones que hace el subteniente apoderado de la Policía, que la juez de primera instancia y los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca <<hilaron muy delgado>>, aparte de tendenciosa es falsa tal insinuación”, concluyó el apoderado del mayor Moreno Bernal.

Redacción Unidad de Justicia

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