Las consecuencias del caos en la Fiscalía de Risaralda, que favorecen a políticos corruptos y a peligrosos jefes criminales

Informe especial:

Las decisiones adoptadas por Adriana Alexandra Estrada Hincapié, directora encargada de la Seccional de Fiscalías de Risaralda, de rotar a los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y fiscales que llevan sensibles casos, cuyas investigaciones y procesos judiciales hoy se encuentran paralizados, ya están mostrando sus peores consecuencias. 

JUSTICIA

Sábado, 1 de junio del 2019

Así lo enseñan las cifras en lo corrido de este año, el índice de la criminalidad frente a la efectividad en Risaralda no es para nada favorable para el haber de la Fiscalía. En los primeros cinco meses de este año aumentaron los crímenes de mayor impacto social. Además, se bajaron las operaciones en cuanto a la desarticulación de bandas criminales.

El año 2018 cerró con una cifra del 22 por ciento de menos homicidios con relación al 2017. Al cierre del mes de mayo de este 2019 estos crímenes aumentaron en un 33 por ciento en Risaralda. Para la muestra está Santa Rosa, población que iba con un 57 por ciento en menos casos, hoy está con 66,67 por ciento por encima del resultado del año anterior.

Se podría decir que si ha influenciado el hecho de que los investigadores que están detrás de las bandas delincuenciales se encuentran en un proceso de transición, que no han despegado en sus indagaciones, debido a que apenas están conociendo los casos, tal y como lo reveló en reciente informe EL HOME NOTICIAS, de la orden de 42 anormales traslados de personal.

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La razón de todo esto, es que Adriana Alexandra Estrada Hincapié, quien hace pocos meses recibió la Dirección de la Fiscalía en Risaralda ordenó el cambio de todos los investigadores y fiscales, nombrando en reemplazo a personal sin experiencia.

Con esta carta Adriana Estrada Hincapié felicita a uno de los recién nombrados funcionarios por sus «buenos resultados» para luego ordenar a su favor unos días de descanso, como premio.

Pero lo que sorprende, es que a través de unos oficios los fiscales a cargo de estos casos están siendo felicitados por la directora, a pesar de las cifras desfavorables (leer documento anexo) y como premio les ordenó unos días de descanso.

EL HOME NOTICIAS pudo establecer que además de la rotación de los funcionarios hay una nueva eventualidad, es que Estrada Hincapié ha sido denunciada por posible tráfico de influencia, porque ha hecho nombramientos de sus supuestos cercanos amigos, de hecho las vacantes que había fueron pobladas por personal venido de Armenia, Quindío, de cuya regional procede la funcionaria.

Una fuente en Bogotá explicó que existen directrices con la firma del Fiscal General de la Nación que prohíbe este tipo de nombramientos, sobre todo con las consecuencias sabidas, que en cuatro meses “se descompuso la Regional de Pereira”, que se fue al piso la estabilidad judicial y las garantías procesales de las investigaciones, entre estas las que involucra a reconocidos políticos en casos de corrupción.

Uno de los prototipos de los inexplicables nombramientos, mencionados en la denuncia que se instaurado en contra de Estrada Hincapié, es la designación de un supuesto amigo que se venía desempeñando como funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Armenia (Icbf) a ocupar el cargo de Fiscal Especializado, es decir a llevar procesos sensibles.

El nombre, según la denuncia, es el del abogado Edhier Henao Hernández, quien  tiene en su hoja de vida experiencia como asistente de fiscal y como investigador de la Dijín. En la denuncia se solicita que se investigue si en este caso y en otros cuatro relacionados, “se tipifica el tráfico de influencias”.

Otros de los sorprendentes movimientos que llevaron a generar el caos en Risaralda ha sido el reemplazo de fiscales especializados y seccionales, con la consabida inexperiencia, por asistentes de despacho. Sin lugar a dudas un riesgo para el desarrollo de los importantes procesos judiciales.

Otra denuncia

Adriana Alexandra Estrada Hincapié también tiene en su contra otra denuncia, la que interpuso ante el nivel central el fiscal Andrés González Tamayo, quien fue relevado del cargo de Fiscal Tres Especializado. Este funcionario acusa a la Directora Regional, en encargo, de supuesto acoso laboral. En mes y medio le ordenó dos traslados.

González Tamayo notificó al saliente Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, de lo que llamó irregularidades en su contra. Dice el escrito que siendo el fiscal que lideró la investigación en contra de jefes de las bandas criminales como  ‘la Cordillera’, hoy en la cárcel, y de otros casos de gran impacto, Estrada Hincapié ordenó que no le dejaran entrar su vehículo a la Fiscalía, obligándolo a caminar varias cuadras en busca de un parqueadero particular dejando en riesgo su integridad, siendo que ha tenido amenazas en su contra  –esto entre varios temas–.

Además, Estrada firmó un traslado de Risaralda a Antioquia con la excusa de que se trataba de una rotación “recíproca”, situación que fue desmentida por los dos funcionarios mezclados en este traslado.

Precisamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccional Segunda, ordenó el pasado 25 de abril que se anule el traslado que la Fiscalía hizo de un funcionario de Bogotá para el Quindío, por el mal uso de esa figura de supuesto ‘traslado recíproco’, que no era otra cosa que un abuso de poder, y extralimitación de decisiones.

Es el caso del intercambio de los señores Oscar Alcides Márquez López y Luis Antonio Martínez Triana, para quien el alto tribunal ordenó de inmediato el “restablecimiento del derecho a la Fiscalía General de la Nación reubicar o trasladar nuevamente al señor Luis Antonio Martínez Triana al mismo cargo que venía desempeñando en la Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana del Quindío (…) Negar las demás pretensiones de la demanda”.

Se trata de la misma práctica,  esta que ordenó Estrada Hincapié: el traslado con la supuesta “reciprocidad” de Mauricio Grajales Bolívar a Risaralda y de allí a Antioquia de González Tamayo, es decir que no puede incidir la Fiscalía en un segundo y notable error, inadmitido hace un mes por el Consejo de Estado.

Redacción Justicia

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