Lo que viene después de la muerte de 23 reclusos de la Cárcel La Modelo de Bogotá

Medicina Legal está a punto de entregar los primeros informes de las necropsias, la Fiscalía tiene testimonios importantes que dan cuenta de un plan criminal que buscaba generar el caos, además, del relato que hacen testigos. La Procuraduría inició la indagación preliminar para determinar si hubo o no excesos de la guardia del Inpec o de la Fuerza Pública.

Informe especial:

Unidad de Justicia

Miércoles, 25 de marzo del 2020

En las próximas horas el Instituto de Medicina Legal estará dando a conocer los resultados de las necropsias practicadas a los 23 cadáveres de los reclusos de la Cárcel La Modelo de Bogotá, que murieron durante los hechos violentos del pasado sábado 21 de marzo, cuando se intentó una fuga masiva o una supuesta toma del centro de reclusión.

Estos hallazgos durante los exámenes a los cuerpos serán claves en la investigación, por las evidencias físicas que se obtuvieron luego de que se practicaran las técnicas y procedimientos de la Anatomía Patológica, explicó una fuente de este organismo a EL HOME NOTICIAS.

En ellas se determinará, de hecho, de que se trató de muertes de tipo violentas, también las causas,  qué armas se emplearon, teniendo en cuenta que los agentes de los laboratorios de criminalística del CTI de la Fiscalía, en la inspección preliminar de los cadáveres y del lugar de los hechos, realizaron un cotejo de las armas que portaban los miembros de la guardia y de la Policía, además hicieron fotos y levantaron planos de la escena. Estos últimos ayudarán a determinar a qué distancia les dispararon, teniendo en cuenta, además, el tipo de proyectil.

En este orden, además,  los funcionarios de Medicina Legal les informaron a los familiares, quienes  fueron a reclamar los cadáveres, que estos no pueden ser cremados, porque en el curso de la investigación podría necesitarse una exhumación, contó la fuente.

Toda esta información de Medicina Legal llegará primero al fiscal que lleva el caso, que ya tiene en su poder las entrevistas a testigos, de los heridos, de funcionarios del Inpec, de un primer respondiente de la Policía y de los reclusos que participaron en el motín, que fueron detenidos cuando intentaban alcanzar la calle.

Una fuente del caso le dijo a EL HOME NOTICIAS que un testigo señala a miembros de la Fuerza Pública de haber disparado. Además, que dos privados de la libertad despojaron de fusiles a unos auxiliares bachilleres del Inpec, que estas personas, al parecer, bajo los efectos de la droga estuvieron disparando indiscriminadamente. Se habla de que hay videos de este particular.  También, entre los testimonios, hay algo que llamó la atención y es que se ha dicho que un miembro de la guardia que se encontraba de civil estuvo solicitando armamento, lo que tuvo el rechazo de varios de sus compañeros, porque según ellos ha podido prestarse para confusión. Se aclaró, por un funcionario,  que a esta persona no se le pasó ningún tipo de armas.

En las últimas horas se conoció, además, que la Procuraduría General de la Nación también entra a ser parte del proceso, porque ya abrió una investigación preliminar, en caso de que se determine en las necropsias médico legal que se utilizó armas de largo alcance. A qué iría este proceso, a determinar si hubo excesos por parte de los funcionarios del Inpec. Para la Procuraduría han sido claves los audios, de los que se publicaron en redes sociales la noche de los hechos, sobre todo uno en el que se escucha, quien podría ser un funcionario, que grita que “busquemos las armas”. Además, unos en los que se escucha a un supuesto recluso incitando a la arremetida violenta, que lleva a concluir que fue algo planeado.

En estos actos existe un protocolo al que debieron someterse los miembros de la guardia, un plan de choque en caso de un amotinamiento. En este se habla que lo primero se tuvo que haber creado una comisión para el diálogo,  que el último recurso vendría a ser el uso de las armas de fuego, las que estarían prohibidas en este tipo de casos. En ese mismo protocolo se establece que mientras el primer grupo dialoga otro organiza el primer anillo de seguridad, mientras la Policía va estableciendo el segundo y el Ejército debería estar en el tercero.

Esta investigación que emprende el ente de control debe estar en conexión con la Fiscalía, que ya avanza en determinar quiénes fueron los cerebros del motín, el que la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, llamó como los gestores de “un plan criminal de fugas que fue frustrado”.

Es evidente que para la difusión de los mensajes de voz a todas las cárceles se emplearon celulares, tanto para el envío como para la recepción de los audios, es aquí en donde se deberá establecer en quién recae la responsabilidad de la entrada de estos equipos prohibidos. Además, porque no funcionaron a plenitud los inhibidores de las llamadas telefónicas.

No se puede olvidar que el supuesto origen de los hechos violentos fue por exigencias que hacen los reclusos de campañas sanitarias para evitar la llegada de la pandemia del coronavirus a los centros de reclusión. En esto entraría a jugar en contra el hacinamiento, que en celdas para tres reclusos hay seis, que son muchos los presos que duermen amontonados en los pasillos, por donde es imposible caminar.

Se ha dicho, que en La Modelo de Bogotá hay un brote de paperas que lleva tres meses, que no ha podido ser controlada, entonces si no hay medida para este tipo de enfermedades, entonces, que pasaría si existiese un contagio del coronavirus, las consecuencias serían inimaginables.

Por último, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía y demás autoridades que se investigue a fondo los hechos que llevaron a la muerte de 23 personas y de 115 heridos, entre reclusos y funcionarios del Inpec.

Redacción Unidad de Justicia

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