Los generales Jorge Vargas y Jorge Hernando Nieto serán llamados a dar explicaciones por audios en la Dijín

Así explicó una fuente de la Fiscalía, que lo que sigue en este proceso es el llamado a las partes, en ella están los altos oficiales que tuvieron un posible acceso a la información que se mantuvo guardada en la Dijín. En esta etapa ya se incluyeron los testimonios que se recopilaron en la madrugada del pasado viernes de funcionarios de la Policía Judicial, cuando un equipo del ente investigador realizó una visita a esta unidad policial en Bogotá, que se hizo en ocho horas. 

UNIDAD DE JUSTICIA

Lunes, 16 de marzo del 2020

El primero, el general Jorge Luis Vargas Valencia, actual director de Seguridad Ciudadana de la Policía, por haber sido el director de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) en los días en que se surtió la interceptación y el informe del investigador de campo, del 19 noviembre del 2018, en los que consignó los resultados de las escuchas de las comunicaciones al ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández. Y el segundo, el general Jorge Hernando Nieto Rojas, el entonces director de la Policía Nacional.

Estos son los dos nombres que encabezan los referenciados por la Fiscalía en la compulsa de copias que este organismo hizo este lunes ante Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, y el Consejo Nacional Electoral.

Es que el mensaje que dio el Fiscal, Francisco Barbosa Delgado, cuando informó de la inspección judicial a la sala técnica de comunicaciones de la Dijín en Bogotá, tiene importantes precisiones.

El fiscal empezó diciendo que los audios obtenidos durante el proceso por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, siempre estuvieron en la Dijín, que tanto el director de la Dijín de entonces, en este caso Vargas Valencia, y el director de la Policía, Nieto Rojas, “Nunca informaron de que tenían los audios de las interceptaciones”, en donde se conversa de un acto por fuera de la ley distinto a la investigación de base.

EL HOME NOTICIAS buscó a un fiscal, cercano a la investigación, para que ofreciera luces a  la situación ante este proceso que surgió después de que se hablara de una interpretación de los audios de un único analista de la Dijín, que asegura haber escuchado al ‘Ñeñe’ Hernández hablar con una  mujer de que dispondría de un dinero, al parecer, para comprar votos.

Este funcionario de la Fiscalía, fuente de este medio,  insistió en que hay que interrogar en principio al general Vargas Valencia, para preguntarle el por qué nunca insistió ante el delegado fiscal del hallazgo obtenido por uno de sus efectivos, del analista de líneas de la Dijín, del descubrimiento de un elemento que de seguro alertaría ante un posible grave delito electoral, de una supuesta compra de votos para las elecciones presidenciales.

De antemano se intuye que la explicación que podría darse ante una supuesta omisión es que el 19 de noviembre del 2018 la fiscal 21 Especializada del Crimen Organizado, Jenny Andrea Ortiz Ladino, fue oficiada con el informe ejecutivo que elaboró el único analista en ese momento de las interceptaciones, para el caso en mención, por el homicidio en Barranquilla de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, del que se señala como posibles autores al ‘Ñeñe’ Hernández y a Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquito Figueroa.

Es decir, que con este informe de policía judicial la Fiscalía se dio por enterada de la particular conversación, en la que hay que establecer, entonces, sí en él se habría mencionado de un posible delito electoral al norte del país o no se hizo mención del tema motivo hoy del debate político.

“Se debe aclarar por cuánto tiempo duró la interceptación al abonado telefónico en mención, fue solo un año o acaso más. Es porque este procedimiento tiene que regirse por la Ley 906 del Código de Procedimiento Penal que establece unos límites de tiempo, que son prorrogables, pero estas prolongaciones deben tener la autorización de un juez de control de garantías, la solicitud sustentada que haga la fiscal”, explicó la fuente de la Fiscalía.

El funcionario expresó a EL HOME NOTICIAS que se debe definir en el marco de esta etapa del proceso si hubo después del informe S-2018 solicitud de prórroga ante un Juez de Garantías, de lo contrario “se pudo haber violado la ley que rige a este tipo de temas, de una posible extralimitación de funciones”.

En el informe, que damos a conocer a continuación, el investigador de campo FPJ-11 aclara que «una vez cumplido el término de la interceptación (es decir hasta noviembre del 2018) o cuando se considere necesario para la investigación se procede a la recolección de evidencias», que en este caso tendría que haber hecho el investigador del caso quien ha debido solicitar con un formato oficial al Jefe de la Sala de Análisis de Comunicaciones todos los audios, supuestas pruebas. «El administrador del Sistema T360 es quien hace la programación de la recolección de las evidencias (las grabaciones)», eso sí, lo hace teniendo en cuenta el criterio del fiscal, lo que el delegado del ente investigador necesita para la investigación.  Es decir, que se pudo haber notificado a la Fiscalía por escrito, pero es posible que el investigador no culminó el proceso de pedir las grabaciones al jefe de la Sala.

Esta es la presentación del informe que el analista de la Dijín le hizo en noviembre del 2018 a la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino, Fiscal 21 Especializada.

Después de la recuperación de las grabaciones la Fiscalía entregó este lunes a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación los archivos en donde estaría el total de las interceptaciones, en donde se estará buscando esa parte de la que hace mención el analista de la Dijín, que aseguró se dispuso de un dinero para la compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque, hace dos años.

Por último es inherente recordar que el general Jorge Hernando Nieto, exdirector de la Policía se encuentra como agregado policial en España, asignación que quedó establecida en el gobierno de Juan Manuel Santos.

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Redacción Unidad de Justicia

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