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Aníbal Gaviria Correa

Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, es investigado por supuestas irregularidades en un contrato de pavimentación.

¿Por qué quedó en libertad el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria?

 

El Tribunal Superior de Medellín determinó en segunda instancia revocar la medida de aseguramiento y declarar la libertad inmediata del mandatario antioqueño, quien estaba en detención domiciliaria por supuestos contratos sin el lleno de los requisitos legales.

 

JUSTICIA

Sábado, 17  de octubre del 2020

 

Un habeas corpus fallado por el Tribunal Superior de Medellín a favor del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, ordena su libertad inmediata. Además, hizo precisiones como que la decisión que tomo el despacho de la primera instancia fue una decisión “desatinada”.

 “Surge como consecuencia de un irregular proceder que lo mantiene privado de su libertad más allá de la barrera de los 120 días sin que la Fiscalía haya calificado el mérito de la instrucción, esto es, desde el 6 de junio de 2020, fecha en que se torna vigente la suspensión en el cargo por la publicación oficial del Decreto, de modo que la causal de libertad solicitada era procedente”, se lee en la decisión.

Recordemos que Gaviria está privado de la liberad desde el pasado 5 de junio a solicitud de la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por supuesta contratación irregular.

No obstante, Alfonso Cadavid Quintero, su abogado, presentó el amparo de hábeas corpus, argumentando que su representado “estaría privado injustamente de la liberta”,  que se cumplieron 120 días sin que el ente investigador presentase su argumento, que de hecho ya están vencidos los términos. Pero, esta solicitud fue negada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Medellín el  9 de octubre pasado.

La investigación en contra del gobernador de Antioquia tiene que ver con la contratación de la construcción de la vía Caucasia-Puerto Berrío que se firmó en el 2005, también llamada la Troncal de La Paz, con una inversión de 41.000 millones de pesos, al que se le inyectaron adiciones de 28.000 millones de pesos.

Según la Fiscalía en este contrato hubo un anticipo del 25% y este se amplió́ al 29%, lo que equivale a casi 1.500 millones de pesos de más a favor del  contratista. Es decir que se violaron los principios de planeación y transparencia.

Además, que la Gobernación lo exigió una garantía contractual que garantizase el buen uso de este anticipo, y se observa que el contratista en lugar de investir en la obra invirtió estos recursos en más maquinarias y equipos.

Redacción Justicia

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