¿Quién hizo el negocio del CENOP, el otro ‘elefante blanco’ que la Policía plantó en el Tolima?

Es el mismo contrato que puso a chocar al Director de la Policía con el Inspector General. Una sarta de irregularidades que se pretendían ocultar y que se hicieron evidentes hace siete años. Aquí le contamos quiénes están en esta desastrosa construcción de unas casas en el Tolima que nunca sirvieron, y por las que no hay responsables del despilfarro ocasionado.

Informe especial

Miércoles 25 de diciembre del 2019

El malogrado proyecto contratado por el Fondo Rotatorio de la Policía (Forpo) con dineros de los que produce la Fábrica de Confecciones, que abarcaba la construcción de 211 casas para viviendas fiscales en predios de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz (CENOP), ubicada en San Luis, Tolima, arrancó mal. Este contrato se firmó faltando diseños y sin las licencias para servicios públicos. No obstante, se pagó sin importar la falta de los básicos requisitos.

Es este entuerto, el que puso de frente a dos generales de la Policía, al director Óscar Atehortua Duque y al Inspector, general William René Salamanca Ramírez, debido a que este último resolvió buscar a los responsables de semejante descalabro económico, es el escándalo del cierre de año.

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El contrato irregular en mención lo firmó el 11 de octubre del 2011, en aquel tiempo coronel, después general Saúl Torres Mojica, quien fungió como director del Inpec, a donde llegó en diciembre del 2013 y renunció 8 meses después y también está la firma del coronel José Francisco Parra Garzón. Este contrato se acordó fungiendo como director de la Policía el general (r) Óscar Naranjo Trujillo, como subdirector el general José Roberto León Riaño y siendo Inspector el general Édgar Orlando Vale Mosquera.

El nombre del general Óscar Atehortua Duque, lo hallamos en la firma de la liquidación del contrato de la segunda etapa del proyecto, del 3 de septiembre del 2015, como Director de Forpo. En esta se establece una sanción pecuniaria por más de 469 millones de pesos al contratista Pedro León Solano, representante de Socar Ingeniería Ltda, por incumplimiento del contrato,

En el proceso también es nombrado el general Jorge Luis Ramírez Aragón, actual director Antinarcóticos, también se desempeñó como director del Inpec, y quien para entonces era el director del CENOP.

Lo cierto es que desde el 2012, cuando se detectaron las irregularidades y hasta hoy no hay un solo responsable y la investigación ya estaba engavetada, porque en ella son nombrados varios generales de la República.

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Uno de los detalles que causa asombro, es que el interventor de la obra, la persona que le dio el visto bueno a todo, siendo que se veía de forma incipiente un enorme caso de corrupción, es nada menos que Wilman Muñoz Prieto, el mismo que aparece en los escándalos de corrupción en la Universidad Distrital de Bogotá, a quien se le pagó por la primera etapa por haberse hecho la vista gorda ante tal perjuicio la suma de 281.397 millones de pesos.

Es ahí es donde surge la primera pregunta ¿Quién contrataba en la Policía como interventor a este señor Muñoz Prieto y por qué se hacía?

 Para tener una visión global de este tema es esencial decir que las casas fiscales del CENOP son un proyecto avaluado en 24.000 millones de pesos, que tenía tres etapas: la primera por más 10.930 millones, la segunda por más 6.957 millones y la tercera por 7.000 millones de pesos, que arrancó en octubre del 2011.

Lo asombroso de este asunto es que viéndose la mala experiencia, de irregularidades con la primera etapa, porque se terminaron unas casas inhabitables, las que no tenían acueducto ni alcantarillado y con deficiencias estructurales porque se les metía las aguas lluvias y se habían construido con material de mala calidad, se firmó y se pagó también la segunda etapa.

De las cosas que estaban mal se notificó el 17 de diciembre del 2012 al entonces director de Bienestar Social de la Policía, al general Fabio de Jesús Lizcano Montes, que las primeras 60 casas estaban abandonadas, llenándose de roedores y con todo lo de madera podrido. Nadie podía estar allí por falta de agua potable y alcantarillado.

También el 27 de diciembre del 2013 el jefe de Grupo de Infraestructura se lo hizo saber al entonces coronel, hoy general, William Ernesto Ruiz Garzón, que fue hasta hace poco director del Inpec, quien a su vez notificó a la subdirectora de la Policía, general Luz Marina Bustos Castañeda.

Esta vez, que había irregularidades en la Segunda Etapa del proyecto, que debió entregarse todas las casas el 27 de diciembre del 2012, pero que hubo una prórroga para el 31 de diciembre del 2013. Estas 51 viviendas tenían los mismos problemas de las 60 primeras, pero ya se había pagado el 60 por ciento del contrato.

Además, el interventor es el mismo, William Muñoz Prieto, que por este estudio y su cuestionada aprobación recibió más de 302.698 millones de pesos.

Los contratistas, Inversora Manare Ltda.,  aseguraron en una parte del proceso que solo estaban en condiciones de terminar hasta el 75 por ciento del proyecto y las casas fueron entregadas sin conexiones eléctricas, de acueducto y alcantarillado. Como si fuera poco, sin vías de acceso.

Pero los oficiales no hicieron nada para evitar el desastre económico. No se adelantó a su tiempo una indagación.

Ahora la investigación la asumió la Procuraduría General por las irregularidades aquí detalladas y  por la ejecución de estos pésimos contratos.

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Redacción Justicia

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