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Tribunal Contencioso de Cundinamarca a punto de pronunciarse por caso de ‘Carrusel de los contratos en la Policía’

Carrusel de los contratos en la Policía.

General (r) Rodolfo Palomino López, general (r) Óscar Naranjo Trujillo, general (r) Luz Marina Bustos, general (r) Jorge Enrique Rodríguez Peralta, general Hoover Alfredo Penilla Romero, y el contratista Julio Gómez, citados en el expediente por contratos en la Policía.

Tribunal Contencioso de Cundinamarca a punto de pronunciarse por caso de ‘Carrusel de los contratos en la Policía’

 

Informe especial:

Un Mayor denunció 220 irregularidades en los contratos para construcciones en la Institución, hoy varios son elefantes blancos,  sin embargo, nunca se abrió una investigación disciplinaria en contra de los responsables por el multimillonario detrimento. En cambio, el oficial que alertó fue sacado de la Institución. Ya hubo un fallo en primera instancia dentro de este proceso. Aquí le tenemos la historia.

 

JUSTICIA

Sábado, 17 de agosto del 2019

Un magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca está a poco de pronunciarse ante el caso emblemático, relacionado con el llamado ‘Carrusel de los contratos’ en la Policía Nacional. Se supo que antes de finalizar este mes se conocerá una decisión al respecto.

En varios de estos cuestionados contratos se mencionan a los hermanos Nule –condenados por casos de corrupción en Bogotá– y al contratista Julio Gómez, preso en el 2013 por el pago de sobornos a cambio de obras con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Se ha solicitado que sean llamados a responder los exdirectores de la Policía, generales Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, exvicepresidente de la República,  y Rodolfo Palomino López, quienes fueron avisados por escrito de los casos de corrupción y no tomaron ninguna medida, lo que llevó a que se vencieran los términos para las indagaciones.

En este proceso del llamado ‘Carrusel de los contratos en la Policía’ se habla de 220 irregularidades que fueron detectadas por un Mayor, de profesión arquitecto,  quien denunció que en lugar de abrirse una investigación disciplinaria o acciones judiciales a los responsables del multimillonario descalabro económico el denunciante fue objeto de una “persecución laboral y sacado de la entidad de la manera más humillante”, todo por haber revelado lo que acontecía.

Lo excepcional en este caso, es que los altos oficiales nombrados en los desfalcos o en casos de omisión fueron ascendidos a un alto rango, y varios de ellos hoy continúan activos.

Hay varios interrogantes en este escándalo: ¿Por qué se archivaron los procesos en la Policía?  ¿Por qué nunca se tomaron medidas para que se evitara el despilfarro económico en la Institución? ¿Qué pasó, porque habiéndose pronunciado un despacho judicial del tema no hubo investigación disciplinaria en la Inspección General?

EL HOME NOTICIAS tuvo acceso al proceso que pasó por el despacho del Juzgado 12 Administrativo Oral, juez Yolanda Velasco Gutiérrez,  que en primera instancia ordenó el reintegro del Mayor que reportó las anomalías en las contrataciones, quien además cuestionó la junta de ascenso que lo descalificó –se habla de “desviación de poder”– a pesar de haber sido condecorado varias veces, hasta por el Congreso de la República, que en su carrera nunca tuvo llamado de atención,  y subrayó que hubo desmejoramiento laboral por “represalias”.

Este medio, además, recibió información de una fuente activa en el proceso, de que  la juez y una delegación del despacho judicial visitó las dependencias de la Policía involucradas en el caso  y que se topó con otra irregularidad, de que varios de estos expedientes ya no existían, que no solo se archivaron sino que ya no aparecen en el sistema.

Uno de los altos oficiales mencionados en esta investigación es el actual comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Alfredo Penilla Romero, quien siendo coronel y encargado como director del Bienestar Social, el 13 de febrero del 2013 fue notificado de que la construcción de un bloque de apartamentos de cuatro pisos, en el Centro Vacacional Centenario, en Santa Marta, se estaba empleando un concreto de baja calidad. Sin embargo, el oficial no actuó en su momento.

En este mismo caso también se notificó, el 22 de mayo del 2013, al entonces teniente coronel Fabio de Jesús Lizcano Montes, director de Bienestar Social de la Policía, que la interventoría contratada para la misma obra “no tenía la experiencia mínima exigida por la Dirección de Bienestar Social en los pliegos de condiciones, para consultoría e Interventoría, así como para el manejo de este proyecto”.

 

 Además, no se habían contratado profesionales debidamente matriculados, que en lugar de tener un Arquitecto o Ingeniero civil como interventor este era un Ingeniero Electricista.  Se enumeran 14 oficios con irregularidades en esta construcción. Sin embargo, no se adelantó una investigación al respecto. El contrato en mención fue pactado por más de 4.200 millones de pesos.

 

En otro caso se menciona a la entonces subdirectora de la Policía, mayor general  Luz Marina Bustos Castañeda, que en diciembre del 2013 se le informó de los casos de corrupción, que siendo que el contrato no contaba  “con los diseños, permisos y licencias necesarias para iniciar la ejecución de un contrato”, esta se ejecutó, obra avaluada en más de 10.900 millones de pesos.  

Se trata de la construcción de la cuestionada Ciudadela de Vivienda Fiscal (Cenop) en San Luis, Tolima, que empezó en el 2011 sin tener permisos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima)  para implementación de los servicios de agua potable y alcantarillado, que los estudios del agua subterránea en el lugar arrojaron que no era potable. No obstante, la general Bustos Castañeda (ya retirada) no adelantó ninguna acción al respecto, se le cuestiona por omisión.

Lo que se podría llamar la ‘Cereza en el pastel’ es el descalabro económico en la Construcción del Centro de Rehabilitación Valentina AOS, al norte de Bogotá, por 5.774 millones de pesos, que siendo una obra de la de la Dirección de Sanidad en la modalidad de llave en mano, es decir que no se debía pagar hasta tanto estuviese terminada se pagó el 100% de su monto  y en la actualidad existen solo unas vigas y dos paredes.

Este fue el contrato que se le adjudicó al contratista Julio Gómez, a quien se le giró para empezar un 50 por ciento del dinero, sin tener los permisos de infraestructura ni los diseños de obras complementarias como las vías de acceso.

Por esta cuestión la Fiscalía llamó a responder al entonces mayor Édgar Moisés Riveros Moreno, quien se desempeñaba como coordinador del Grupo de Construcciones de la Policía.

En este mismo proceso se menciona al general Saúl Torres Mojica, exdirector del Fondo Rotatorio, como uno de los que aprobó el irregular contrato, y a quien en diciembre del 2011 se le notificó de las anomalías del mismo, pero, tampoco adelantó ninguna acción.

 

Es nombrado en este proceso, por la desaparición de estos más de 5.700 millones de pesos, al general (r) Jorge Enrique Rodríguez Peralta, quien para el 14 de mayo del 2012 se desempañaba como  director de Sanidad de la Policía Nacional. El general Rodríguez se retiró siendo director de Seguridad Ciudadana.

 

A Rodríguez Peralta se le notificó entonces del riesgo que se corría con los recursos estatales, que se “preveía el no cumplimiento de la firma contratista para la entrega de las obras”. En el expediente se dice que el alto oficial estuvo de acuerdo con la entrega del primer anticipo, aún a pesar de que el contrato no tenía el lleno de los requisitos legales.

Pero a Rodríguez Peralta no se le cita en este único proceso, también en la segunda etapa de construcción de la Clínica Regional de Occidente en Cali, Valle del Cauca, para la Dirección de Sanidad por 32.950 millones de pesos.

En este contrato se observaron irregularidades desde un principio, de inconsistencias en la documentación para la licitación pública, es más que las sumas estaban mal hechas,  que se le adjudicó a una firma que no demostró experiencia en este tipo de construcciones.

Cabe mencionar que la Contraloría inició el 28 de diciembre del 2017 el proceso ordinario de responsabilidad fiscal por este caso, para ello ya se había hecho una visita de tres días de una comisión de este ente al Fondo Rotatorio de la Policía desde el 1° hasta el 3 de agosto de ese mismo año.

Se comprobó entonces que hubo irregularidades en la entrega de anticipos, adiciones presupuestales y prórrogas de los contratos de la primera y segunda etapa.

En este expediente se hace mención que se deben considerar como “presuntos responsables fiscales a las personas que ejercieron el manejo y la administración de los recursos del Estado, provenientes de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (DISAN) ( …) así como su respectiva interventoría, toda vez que las deficiencias presentadas en los mismos, conllevaran posteriormente a la contratación de la adición y prórroga por valor de 125 millones de pesos construcción de la segunda etapa de dicho centro de salud”, todo esto a sabiendas de las irregularidades ya previstas.

Sin embargo, esta investigación se encuentra frenada en la Procuraduría, la misma suerte ha corrido el otro proceso que reposa en la Fiscalía General de la Nación.

 

Leer notas relacionadas:  Ordenan reintegro del oficial que denunció el ‘carrusel de los contratos’ en la Policía

 

 

Redacción Informe Especial Justicia

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Leo Medina Jiménez
Leo Medina Jiménez
Editor general /El Home Noticias. Periodista.

23 Comments

  1. William dice:

    Que verguenza con estos oficiales, por eso la instucion esta tan mal y los policias trabajan con las uñas los culpables obala les caiga todo el peso de la ley

    • Pedro Jose Narvaes dice:

      Esa corrupcion a estado enquistada desde hace muchos años en la direccion general es vergonsozo decirlo pero la policia nacional y anexado a ella las otras tres fuerzas se sumaron o adicionaron al las
      organizaciones criminales de los partidos politicos formando asi un organismo hipercorrupto manejado desde los tres poderes del estado sembrando el miedo hacia las clases menos favorecidas y acabando con las aspiraciones de personas que en su momento trataron de hacer algo para el bien de los colombianos segando sus vidas por denunciar gigantezcas irregularidades y lo mas triste es que los oficiales que estan involucrados en estos actos de corrupcion y que se encuentran en servicio activo los han seguido ascendiendo pasando por alto estos antecedentes . Esto nos demuestra una vez mas que en colombia ser bandido paga

    • Luis dice:

      No pasa ni pasará nada. Esta es una justicia de mierda. La Policía requiere de una reingeniería profunda. Sanidad es un caos

  2. Javier calle dice:

    Ojalá estos corruptos sean enjuiciado y castigados como merecen.

  3. Diego dice:

    Y todas las construcciones que hizo el general Ramírez en Cali que sólo a hicieron en el papel y los miles de millones que según el se invirtieron donde quedan….. eso no es nada de nada

  4. Robinson gomez gonzalez dice:

    Y cuantas cositas mas estaran sin sacar a la luz publica y asi sacan pecho señalando al policia que dia a dia enfrenta los peligros de la calle y de las zonas de orden publico…por que en muchas ocasiones reciben un peso sea regalado o por encubrir algun ilicito…pero esto no es nada oara lo que estos señores oficiales hacen por debajo del escritorio…ojala se haga justicia por que por estos sucesos y muchos mas esta deteriorado el presupuesto de la sagrada institucion…ya no hay garantias y mucho menos buenos servicios de salud.

  5. Carlos dice:

    Esto no es de asombro, lo indignante es que los señores generales fueron informados de las irregularidades y no hicieron nada no tomaron acciones inmediatas para evitar que se siguiera con dichas irregularidades, Pero si tomaron acciones inmediatas en contra del mayor que informa dónde es sometido a persecución hasta echarlo de la policía, Sencillo por qué estos señores Generales son unos ladrones, unos corruptos que se creen los Dioses de la humanidad y aún con todos estos antecedentes es inaudito que hoy en día se siga presentando irregularidades dentro de la institución por corrupción por los señores Oficiales en grado superior, solo espero que se haga justicia y sean castigados con todo el peso de la ley estos señores Generales Palomino, Naranjo, luz marina etc.

  6. Francisco Vargas dice:

    Buenos días eso solamente no pasa únicamente en Bogotá eso pasa en todos los departamentos y regionales de policía, por eso esta en crisis el sistema de salud

  7. Walfer dice:

    En Pereira yo denuncié malos manejos de dineros en Bienestar social y una auditoría ordenada por un juez de la República por acción de tutela demostró malos manejos de nuestros dineros y no pasa nada con ellos pero conmigo si me hicieron sacar de la policia por sanidad y me amenazaron de muerte ahora estoy fuera de país temiendo por mi vida y la de mi familia

  8. Jesús Antonio Rodríguez Guerrero dice:

    Esto es porque los señores oficiales mal encaminados, hacen lo que hacen y en muchos de los casos los investigadores son subalternos de los investigados, y cuando llegan a rendir descargos en la oficina de asuntos disciplinarios piden que se les ayude, y es favor obligado, esto por el poder que tienen sobre el personal

  9. José. Miguel. dice:

    Por. Eso. En. La. Policía. Cuando. Realizan. Las. Investigaciones. No. Preguntan. Tu. Eres. Profesional. En. Administración. Ingeniero. Medico. Contador. .y. mucho. Más. Pero. Si. Firman. Contratos. 31445232i0 que

    • Carlos rueda dice:

      Se les debería condenar por los actos de corrupción y aplicarles extinción de dominio y embargar sus mesadas pensionales a los retirados hasta que devuelva el último peso

  10. Augusto dice:

    Díos quiera que la justicia aún pueda hacer algo en contra de esos oficiales para que les descuenten la totalidad del desfalco, esta gente desmotiba a persona de la base que trabaja en realidad por la seguridad con un aueldo bajo, y sin contar con la dotación necesaria para su labor porque según los mandos “no hay presupuesto’ tanto que los policías se ven en la necesidad de comprar los uniformes para salir a trabajar

  11. Luis Alfonso mosquera dice:

    No creo que, pase nada, como siempre lo han dicho los señores Oficiales a los subalternos, que ellos son los dueños de la Policía, tienen todo el poder para archivar, desviar, la investigaciones y también para intimidar a sus denunciantes

  12. Yecid dice:

    Da vergüenza dónde está el ministro de defensa donde está la procuraduría que nunca asumió la investigación y supe que la contraloría estuvo en todos los procesos de esa entidad porque no pasó nada estás instituciones también son corruptas se deben investigar a todos y en la fiscalía hacer algo lo otro está podrido que pesar la policia es una institución. Necesaria pero no formada por corruptos

  13. Jaime dice:

    Con razón esta mano de ladrones se quiren atornillar en los puestos desangrando la institución que caiga todo el peso de la ley a estos corruptos

  14. Javier dice:

    Ba a reventar ese bombaso y ba a chispiar miarda las sarzo

  15. Dagoberto dice:

    Todo el tiempo ha existido la corrupción en la policía y en todas las fuerzas armadas con respecto a las contrataciones pero nadie dice nada porque tienen rabos de pajas eso ex lo que nos tiene tan jodidos por la puta corrupción

  16. […] Lea este tema que le puede interesar: Tribunal Contencioso de Cundinamarca a punto de pronunciarse … […]

  17. Carlos dice:

    Y lo triste de todo es que cada vez que se dirigen a un subalterno, ellos son transparentes y los demás corruptos. Esa era la cantaleta de todos los días. Malditos desgraciados, robando a manos llenas para vivir como Reyes. Inician carrera de Subtenientes, valiéndose de los bancos, la familia o el ICETEX y terminan con casas, fincas, apartamentos, autos y dinero en los bancos. Créanme la carrera no da para tanto!!

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