¡El negociado de CASUR!

Quiero lanzar una voz de alerta, con contenido jurídico, frente a la desbordada y peligrosa gestión del Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).

Opinión

Por Jorge Iván Mina Lasso

Consultor Jurídico,

Administrativo y de Seguridad Nacional.

En un momento crucial, de escandalosa corrupción en Colombia, el Gobierno viene adoptando medidas y presentando proyectos en el Congreso para tratar de poner freno a este flagelo a nivel estatal. Lo está haciendo con leyes más rigurosas. Pero, los oídos sordos son más peligrosos con hechos que ya son públicos en otros escritos de lo que está pasando u aconteciendo en CASUR.

DIBANKA (una plataforma crediticia) –lo escribo con mayúscula para resaltar su modus operandi–, financiera que fue creada recientemente para hacer su ‘gol’ en la nómina de la Caja de Sueldos de la Policía.  No sólo con el juego de préstamos sino el uso de la base de datos de todos los 105.000 retirados de nuestra institución policial, llámese oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo y agentes.

Como dicen en mi pueblo: “Este señor General quiere acabar hasta con el nido de la perra”.

Recientemente el brigadier general (r) Jorge Alirio Barón Leguizamón propuso a la Junta Directiva la venta de varios bienes de CASUR, entre estos uno de los activos más valiosos de la entidad, cómo el edificio de la Calle 19 con carrera séptima, del centro de Bogotá, a cambio de otros de menor valor en Ibagué. Ni hablar del uso del Club de Ricaurte, patrimonio de los pensionados que no les genera ningún tipo de bienestar.

Esta situación caótica, la de este caso, está como para solicitar la intervención urgente de La vicepresidenta, Martha  Lucía Ramírez, conocedora de todo el sector Defensa, y poner freno al desbordado mal manejo de CASUR, en manos del general (r) Barón Leguizamón.

A propósito, hablando de su vida como activo oficial, eso fue cuando ostentaba el grado de Mayor, Barón Leguizamón participó de la administración y posterior quiebra del famoso Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (INSPONAL), donde empezó el desgreño de la salud y bienestar de la institución.

Pero la historia jurídica de algunos produce pánico colectivo. Para empezar hablemos de uno de los socios de DIBANKA,  de Bernabé Barragán Rodríguez, quien tiene 5 investigaciones penales y varias demandas ante la Procuraduría. En el mismo organismo en donde hay una en contra del actual y cuestionado director de CASUR, Barón Leguizamón.

Las alarmas  están encendidas, esto también por el lado del uso indiscriminado de la base de datos de los pensionados de CASUR que es de al menos 105.000.  Tal y como lo ha definido la ley de protección de datos, en la que se hace énfasis en el consentimiento previo, expreso e informado del titular, para llevar a cabo el tratamiento de esta información personal. Se precisa que  se requiere que la persona debe dar su autorización explícita a dicho tratamiento, que su posible mal uso también nos genera un juicio de reproche ante el negociado CASUR–DIBANKA.

Cuando decimos que se está generando un pánico colectivo, no es descabellado. Se están denunciando la entrada de llamadas fraudulentas a los celulares de los afiliados de CASUR, del mal uso de la información confidencial.

Se conmina al Fiscalía General de la Nación para que en desarrollo del artículo 250 de la Constitución, verifique las denuncias hechas por varios ciudadanos, en las que servidores públicos y civiles, como posibles intervinientes, podrían estar inmersos en actos criminales, de tipo penal.

Lo decimos así, porque dichos servidores públicos en razón del ejercicio de sus funciones, pudieron haber tramitado contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o sin verificar el cumplimiento de los mismos. Al igual, se puede evidenciar un interés indebido en la celebración de contratos, en provecho de terceros.

Se nota con extrañeza que a la fecha el Gobierno a través del Ministro de la Defensa no se haya pronunciado al respecto.

No está de más recordar que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional es un establecimiento público del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a esta cartera, la de Defensa. Lo que agrava el panorama son las recientes y graves denuncias en las que ha visto afectada la cosa pública. El señor ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo,  está llamado a proteger los intereses de los pensionados de CASUR.

Finalizaría resaltando apartes de las denuncia conocidas por este columnista y las que a continuación detallo:

Se ha dicho que desde el mes de febrero se vienen haciendo reuniones para otorgar a DIBANKA, para entonces estaba sin constituir, el manejo de las libranzas de los afiliados, por concepto de créditos a través de las entidades crediticias. Es decir, que esta entidad recibió la potestad de manejar todos los trámites que se realicen ante CASUR.

Los tiempos no concuerdan. DIBANKA fue constituida el 18 de agosto de 2020 y CASUR expidió la resolución para dicho convenio el 30 de junio de 2020. Es decir, que el acuerdo se dio antes de que dicha plataforma existiera legalmente.

La celebración del convenio con DIBANKA se hizo violando todos los presupuestos de la Ley 80 de 1993 y demás decretos reglamentarios, y más exactamente el de la publicidad y selección objetiva.

CASUR, no realizó publicación alguna para convocar a otros proponentes, a otras personas jurídicas que pudieran ofrecer también el servicio de la plataforma. Es decir, que se eligió a dedo, pero pudo haber sido con el ‘gordo’ del pie, porque se dio por debajo de la mesa.

En donde está la irregularidad, que raya en la omisión, que el brigadier general (r) Barón Leguizamón, director de CASUR, no hizo ningún estudio de mercado y mucho menos consultó los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, de los representantes legales de la empresa con la que iba a contratar.

DIBANKA es neófita, no tiene experiencia empresarial en el mercado, con el riesgo de que a los afiliados hasta les nieguen sus préstamos, los que deben ser descontados por nomina, con la modalidad de la libranza.

Hemos sabido que los socios de DIBANKA, según información ya recolectada,  tienen presuntos conflictos de intereses. Además, de cuestionamientos de tipo legal, de haber sido  representantes de cooperativas de papel.

Esto fue denunciando por Caracol Radio el 12 de noviembre del 2020. Algo increíble, que CASUR contrató una empresa de consultoría digital, llamada Consulting Group S.A.S, para que escogiera a DIBANKA como la opcionada.

Pero lo que sorprende, denunció este medio nacional: “Que, en los registros mercantiles de ambas empresas, que conoció Caracol Radio, figura la misma representante legal suplente: Verónica Valencia Higuita”.

Pero hay más, que una de las cooperativas del ramo, de las más cuestionadas es COOPCONTINENETAL, cuyo representante legal es el señor Bernabé Barragán Rodríguez, el mismo que funge como socio de DIBANKA.

La cooperativa COOPCONTINENETAL, celebró negocios de transferencia de cartera con la empresa SUMA, quien fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades, por captación ilegal.

Se divulga por redes sociales al señor Barragán Rodríguez, le figuran presuntas anotaciones penales por lesiones personales culposas, fraude procesal, falsedad en documento público. Además,  investigación  por usura, según información, procesos que se encuentran activos.

Al señor Jaime Adolfo García Santacruz, otro de los socios, también le figuran presuntas anotaciones penales, como ha denunciado públicamente en redes sociales, por el delito de abuso de confianza.    

Conclusión, la empresa DIBANKA S.A.S, no nos ofrece confiabilidad alguna (…) por disposición legal está prohibido que se haga cobro alguno por concepto de libranzas, y al CASUR otorgarle el manejo de la plataforma a DIBANKA, se le está cobrando a las entidades crediticias un 2.5%.

¿Qué quiere decir esto? Que se incurrió en un incumplimiento de la ley, por cuanto ese porcentaje lo tiene que asumir el cliente, el afiliado.

Más claro, CASUR le está dando a una empresa particular la potestad para que se enriquezca a costas de sus afiliados, por cuanto mensualmente recaudaría unos 1.000 millones de pesos, sin que la Caja reciba un peso para sostener el pago de las asignaciones y pensiones, como se venía haciendo con la plataforma SYGNUS.

Dele clic aquí para leer nota relacionada: La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional de Colombia (CASUR), fusila y masacra la Seguridad Jurídica de los policías.

Jorge Iván Mina Lasso

Columnista invitado de EL HOME NOTICIAS

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