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El retorno de la democracia directa: Columna de opinión del escritor y abogado Rodrigo Zalabata Vega

Se hizo un estudio en todas las regiones del territorio nacional para medir la fuerza de la protesta que se tiene organizada. No obstante, en gran parte de las regiones se realizarán manifestaciones en la calle. (Foto Cortesía: U. de los Andes).

(Foto Cortesía: U. de los Andes).

El retorno de la democracia directa

 

OPINIÓN

Sábado, 15  de mayo  del 2021

 

Rodrigo Zalabata Vega.

La pregunta latente ante hechos de protesta que sacuden la vida de una nación, es: ¿un gobierno es elegido para mandar o para obedecer al pueblo que representa? El pueblo se sabe responsable del gobierno que elige, por ello su legitimidad para reclamar si se siente desobedecido; por su parte, el gobierno dado se abroquela en las instituciones para asumir una facultad superior a su inmediato elector, devenida de un constituyente primario, ya lejano, que le legó un Estado de Derecho (statu quo) cuya legalidad es superior a la masa amorfa del pueblo que reclama, que pueden ser o no quienes le dieron el poder de gobierno.

En teoría política el Estado moderno se sustenta en la democracia, el gobierno de la voluntad general del pueblo, pero al establecerse en normas prácticas su lugar se relega a una actuación electoral, ya que los gobiernos del mundo se arrogan la virtud legal de defender el orden originario definido en su Constitución, por encima de aquella mayoría que les otorga el poder provisional de la ley.

Con una pequeña salvedad, en una democracia el gobierno no es elegido para dirigir el destino de sus electores sino de la nación entera constitutiva del Estado. Es por eso que la democracia vive despierta, si pueden robársela dormida después de la elección en que reposan sus sueños.

En el contexto teórico el Estado es el ámbito político en que suceden los fenómenos sociales y jurídicos que vivifican una nación, pero la práctica de los gobiernos lo convierten en un espacio jurídico en el que se comprimen los hechos sociales y políticos como límite a la vida de los pueblos.

En tanto así, un Paro Nacional es en esencia un hecho político en el que subsume el acto jurídico que se ejerce, más allá del derecho a la protesta que prevé el constituyente primario en el artículo 37 de la Constitución Política, es la manifestación soberana del pueblo que habla con su propia voz, si siente que el gobierno que lo representa en las instituciones ha desatendido su mandato, el propio acuerdo que le fue propuesto al hacerse elegir. Para lo cual no necesita autorización de autoridad administrativa, ni validación jurídica de ningún tribunal jurisdiccional, que podrá conocer de derechos en particular, pero no tendrá jurisdicción sobre la justicia social. En ello radica el carácter de una democracia, el diálogo permanente de su sociedad en ejercicio deliberativo para alcanzar sus fines, lo que comprende la noción más amplia del Estado Social de Derecho.

La aparente contradicción entre la legitimidad del pueblo en su protesta, versus la legalidad que defiende el gobierno, se entraba en la paradoja de que la motivación de un Paro Nacional trata una rebeldía popular en reivindicación del contrato social que siente quebrantado, mientras que un gobierno que desatiende la voluntad general, a cambio de intereses particulares, envilece la Constitución y torna ilegítima la ley que pregona defender.

Luego la pregunta se traslada al terreno político, ¿a la luz de la opinión pública es legítima la convocatoria al Paro Nacional? La respuesta hay que buscarla en aquello mismo que lo motivó: la reforma tributaria propuesta por el gobierno.

Hecha una cuantificación a priori arroja un 73% de acuerdo con el Paro de la ciudadanía, con una exactitud inversamente proporcional a la desaprobación que arrastra el gobierno desde su primer año; lo que en cualquier país no acostumbrado a la miseria y violencia diaria sería la friega del rayo de la tormenta perfecta para una guerra civil. A la que se apresta el presidente al ordenar la asistencia del Ejercito Nacional para confrontar a la gente inerme pero enardecida de indignación en las calles, obviando el mandato constitucional que le presta las armas para repeler un “enemigo” externo. Algo frío debió sentir al interior de sus enaguas, si en últimas decidió retirar del Congreso su proyecto de guerra fiscal, el cual ya había camuflado como “Ley de la solidaridad sostenible”.

Así mismas, las razones cualitativas son imposibles de cuantificar, por ser apenas la punta del iceberg de la inconformidad. Pudo pensarse prima facie que el motivo y la razón del Paro era la reforma tributaria que lograron parar, pero una vez abortada el malestar seguía y mostraba la profundidad del dolor que aqueja al cuerpo social. Si el gobierno convoca al pueblo irredento a conjurar el déficit fiscal del Estado, a participar de la democracia en que se les invita a pagar su exclusión. Sin reparar ese hueco inmenso de las financias públicas que amenaza ruina de la casa republicana, por la corrupción de los propios padres de la patria, mientras a su prole en la miseria la alimentan de promesas electorales.

Al caer a pedazos el Estado por la demolición moral de sus instituciones, emerge la memoria de su pueblo como recurso de salvación. Por eso la manzana de la discordia significaba en este caso pagar la mordida de la clase política corrupta. La reforma tributaria era apenas su símbolo. La gente conserva en su reciente pasado la historia interminable de hechos de corrupción, en la que se cuentan: Chambacú, Foncolpuertos, Dragacol, Invercolsa, Cajanal, Carrusel de la Contratación, DNE, Salucoop, Caprecom, Interbolsa, Reficar, Odebrech, Colpensiones, Ecopetrol, El Guavio, Fidupetrol, Hidruhituango, Túnel de la Línea, Ruta del Sol y distintos carteles defraudatorios; cuyo arqueo somero de la Contraloría General arroja un promedio de 50 billones de latrocinio anual en manos que se untan con el patrimonio de la nación, a cuenta de una organización soterrada imbricada entre las instituciones públicas, infiltrada por los grandes poderes económicos, entretejidos con el dinero oculto del narcotráfico, que convirtieron el aparato estatal en su oficina privada con ventanilla al público, en la que le venden al pueblo sus propios derechos. En un sistema legal que vuelve mendigos a sus ciudadanos al extenderles la mano con la acción de tutela.

Como si lo anterior fuera poco, el mundo nos sobrevino con la pandemia. Ante la cual, con los ejemplos de la historia, lo que puede detener la muerte desatada es una comunión de la vida, el bien esencial de toda sociedad; juntos, aunque separados por protocolo. Ello hubiera significado que el gobierno convocara a la nación para que cada quien depusiera sus intereses y más aún sus ambiciones, incluido lo económico y político, para concentrar todos los esfuerzos, sin distingos sociales, en una gran empresa de salvación humana. Pero hizo lo contrario, convirtió el virus nacido en China en lo que aconsejan los chinos de toda crisis: una oportunidad de negocio. Por tanto, trató la enfermedad en centros de atención financiera, lo que engordó en sumas billonarias las ya astronómicas cuentas de los banqueros, sus patrocinadores de campaña, y tramitó los pagos con EPS, a la vez que sirvió a la comidilla de los corruptos de siempre el presupuesto de salvación a su gente, quienes tendrían que escoger entre morir de hambre o contagio.

Esto explica una protesta a contrapelo de la muerte, sin temor al Covid, al menos una muerte natural; sometidos, en medio de la necesidad y la pandemia, a una guerra militar que les declara el Estado, cuyo saldo en rojo tiene 50 muertos, 1.000 desaparecidos, 20 ojos cegados y 13 violaciones sexuales con un suicidio asistido.

Cuando una sociedad llega al punto de la desesperanza retoma la fuente original de su razón de ser. Después de que se le ha ninguneado como ciudadano, la condición que lo hace sujeto del Estado, e incluso se le ha ignorado como persona, la señal que lo identifica como alguien en el mundo de la ley, la gente vuelve a reunirse alrededor de la hoguera a la busca de sus propias decisiones. Es el síntoma de que la democracia revive y retorna reclamada por su pueblo.

El país necesita reconstruirse como sociedad civilizada, levantar unas nuevas instituciones públicas en las que los hombres pasen como simples servidores de su pueblo, sin que nadie se apropie de lo que es de todos, porque si un gobierno ha perdido el respeto de su gente significa que ya no los representa. Solo así será posible que la legitimidad sea la misma legalidad que gobierne a Colombia.

 

 

Columnista invitado por el HOME NOTICIAS

Rodrigo Zalabata Vega

E–mail: rodrigozalabata@gmail.com

 

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Leo Medina Jiménez
Leo Medina Jiménez
Editor general /El Home Noticias. Periodista.

3 Comments

  1. VICTOR LEÓN dice:

    Excelente y apropiado analisis sobre la convulsionada y anarquica patria de negada de derechos simples, básicos, muy golpeada y que ahora se debate entre dejar pasar o resistir hasta el final, trata el tema con suma y rigurosa objetividad y deja en el espectro cuestionamientos acerca del ¿qué hacer? ¿cuál es el camino a seguir?

  2. Miguel De la Espriella dice:

    EL AUTOR DE ESTE ESCRITO ES FALTO DE OBJETIVIDAD
    Vemos que es una nota salida totalmente de contexto, que no muestra la realidad. Los protagonistas del vandalismo, el bloqueo, los actos violentos, no representan al pueblo colombiano. Son una minoría que no aceptan la derrota y que creen que a través de la violencia podrían llegar al poder.
    Estuve viendo una entrevista que le hacen a un ciudadano chileno (para la televisión), que se hizo viral en las redes sociales. Un periodista le pregunta, que si veía un cambio en Chile después de los actos violentos y dijo: Los que protestan no representan al pueblo, son unos muchachos que todavía no le aportan nada al país. Es más hasta el celular que cargan (que vale más de 500.000 pesos) no se lo han ganado, porque lo recibieron de sus padres. Por eso salen a romper y dañar lo ajeno, porque nada les duele.
    Al actual presidente lo eligieron más de 10 millones de colombianos, no 10.000 mil vándalos. Con los violentos no se debería negociar, que el Estado dialogue con los protestan pacíficamente>>.
    Estoy seguro que la persona que escribió esta nota tan mal escrita no sale a marchar.

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