Columnista invitado

Ojos y balanzas para que sí pague el que lo haga

Martes 2 de octubre del 2018

Por: Steven Jones-Chaljub

El primer designio del presidente Iván Duque tras ocupar la Casa de Nariño el pasado 7 de Agosto fue implementar la mano dura en materia de seguridad con miras a recuperar la confianza, nacional e internacional, así como gobernabilidad en el territorio. Para ello se puso en marcha un plan de choque de cien días, en manos de la Fuerza Pública, que se denominó: “El que la hace la paga”.

La expresión “el que la hace la paga” es, sin duda alguna, la adecuada para los objetivos establecidos por el Presidente Duque, principalmente porque tiene una connotación disuasiva e, interesantemente, sugestiva. Por un lado, ésta indica al individuo que comete o planea cometer una conducta criminal que, sin importar donde se esconda, será encontrado por la Fuerza Pública y llevado ante la justicia. Y, por el otro, está diciéndole a la población que existe determinación política, mando en las filas, y capacidades en las Fuerzas Militares y Policía Nacional, elementos indispensables para la generación de confianza.

Ahora bien, tanto la iniciativa actual del Presidente, como las demás que surjan en materia de seguridad y defensa, necesitan, sí o sí, dos elementos para funcionar correctamente: los ojos de la población y las balanzas de la justicia.

Los ojos de la población colombiana, en su totalidad, son necesarios ya que, por más que la Fuerza Pública tenga la idoneidad que se desprende de años de educación y experiencia, sus recursos son limitados, como ocurre con cualquier otra organización. En consecuencia, y aunque se haga una priorización, siempre habrá algo que falte por atender.  Ante este panorama, que muchos tachan erradamente como indiferencia, la cooperación con la comunidad se torna indispensable.

La comunidad es corresponsable de su seguridad; es equívoco pensar que sólo el Estado tiene obligaciones en ello, y que la ciudadanía es únicamente acreedora de derechos. Existen muchas formas como tal cooperación se manifiesta, pero de las más valiosas son la cultura e información. De igual forma, hay múltiples casos de éxito que demuestran que la cooperación es posible y que tiene retorno, por ejemplo: la acción integral, recompensas, atención a la denuncia, protección de testigos, entre otros.

La cultura, entendida como el reconocimiento y empleo de las reglas básicas de convivencia, es indispensable para el bienestar de una comunidad, y nosotros los colombianos tenemos un serio problema con ella, al punto que vivimos en una serie de paradojas.  Queremos paz, pero recurrimos fácilmente a la violencia verbal y física para resolver los conflictos cotidianos. Deseamos que la autoridad sea empleada, pero la despreciamos cuando se nos aplica.

Nos sentimos solidarios con la violencia en otros países, pero no nos duelen nuestros muertos o encubrimos delincuentes porque, como dicen, “que pesar, también tienen que comer” o “no soy un sapo”. Y, finalmente, somos connacionales cuando hay un evento deportivo, pero le metemos zancadilla al que progresa personal o profesionalmente. Todas las paradojas mencionadas, y muchas otras que se escapan en la redacción, tienen que resolverse para tener seguridad, y eso no compete a la Fuerza Pública hacerlo, sino a cada uno de nosotros.

En cuanto a la información, ésta sirve a la Fuerza Pública para identificar los diferentes nodos de las redes que existen, lo cual les permite combatir las fuentes de corrupción y violencia de manera más efectiva. Suministrar información no es, y jamás debe entenderse, como una persecución por razones políticas, religiosas, raciales, económicas, entre otras, sino como un gesto de autodeterminación de la misma comunidad. Y si no es así, al menos que se mire desde el individualismo puro para reducir las posibilidades de afectación a nuestros seres queridos.

En cualquier caso, el reto que enfrenta el Presidente Duque no es menor, pues las paradojas de nuestra cultura no se están remediando – tardará generaciones seguramente, y la información no se está suministrando de forma oportuna a pesar de los estímulos financieros. Bien vale preguntarse a que se debe esta apatía, y la respuesta debe ir más allá del trillado argumento que somos un país sin nación. Una razón, de las muchas que existen, de esta apatía es la percepción de impunidad.

La justicia es uno de los monopolios naturales del Estado y, por cuestiones de diseño y tradición, en Colombia constituye un poder independiente, lo cual significa que el Presidente de la República, mientras sea respetuoso de la democracia, poco o nada puede interferir. En consecuencia, y por más que sea el Comandante en Jefe de las Fuerza Pública, el poder del Presidente Duque termina donde comienza el de los órganos judiciales. Esta realidad del equilibrio de poderes condiciona al plan de choque del Presidente a las dinámicas de las cortes y fiscalía, algo que los colombianos ven con incredulidad.

No se necesita ir muy lejos para ver casos de altos funcionarios disfrutando cárceles VIP o prisión domiciliaria, procesos de justicia que nunca se han cerrado a pesar de las pruebas, y criminales retornando a la calle luego de salir de prisión, si es que van, luego de la enésima vez de entrar por el mismo comportamiento o accionar. Esto indigna a la población, y mantiene su recelo hacia la justicia, incluyendo la transicional, lo que mina su cooperación porque la gente no está dispuesta a arriesgarse por nada. Expresiones como “para qué si al final no pasa nada” o “en una semana lo vemos en la calle”, son una muestra clara de esto.

Igualmente pernicioso es el efecto que la impunidad tiene en la generación de cultura de convivencia. Ante la falta de elementos que motiven la conciencia colectiva, y respuesta de los programas de educación ciudadana, el castigo se alza como un medio para mantener las reglas que permiten a la comunidad existir, pero esto no funciona si el individuo considera que la autoridad no tiene la habilidad de materializar el castigo prometido. En el Caso colombiano, al haber una percepción de impunidad en la población, y una clara inefectividad de los programas educativos, no es posible recomponer la cultura en procura de la seguridad. Esto se ve exacerbado por la exaltación de modelos negativos en los medios masivos de comunicación.

En conclusión, y no sólo para la actual administración sino para las venideras, se necesitan los ojos de la población y la balanza equilibrada de la justicia para alcanzar un verdadero estado de seguridad en Colombia. El Presidente Duque enfrentará muchas dificultades, pero ya dio el primer paso acertado al abrir la puerta con su “Pacto por Colombia”. Queda esperar que los demás poderes acepten la invitación del Presidente para retornar al pragmatismo, y solucionar de una vez por todas, en otros elementos, la reforma a la justifica que deja un mal sabor de boca.

Steven Jones-Chaljub

Twitter: @sjonesch

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