‘La Fiscalía insiste en llevar a la cárcel al exfiscal Antonio Luis González con un caso que prescribió’

Por segunda vez se montó un operativo para capturar al exfiscal del caso Colmenares,  que tuvo hasta las críticas de la Procuraduría, porque siendo que existía desde hacía días una orden de captura esta no se hizo efectiva en los Juzgados de Paloquemao a donde va como abogado litigante. Aquí les contamos porque fracasó este nuevo intento de tenerlo preso. González habla de una persecución en su contra.

JUSTICIA

Lunes, 15 de abril del 2019

La historia se repitió, es lo que se puede concluir de lo que ocurrió después de la reciente captura del exfiscal Antonio Luis González Navarro, conocido por representar al ente acusador en el caso de la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares.

El exfiscal González volvió a ser privado de la libertad y de igual manera regresó a sus actividades a las pocas horas, cuando la Juez 47 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías declaró “desacertado” el procedimiento que realizó la Fiscalía.

Al ahora abogado litigante lo capturaron el pasado 9 de abril a las 9:05 de la noche en el muelle nacional del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá cuando provenía de Valledupar, pero 24 horas después el despacho judicial ordenó su libertad.

EL HOME NOTICIAS fue el único medio que estuvo en la audiencia y dará a conocer detalles inéditos de lo que ocurrió en la diligencia, en la que la Fiscal 75 adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, Claudia Patricia Buitrago, no expuso con claridad las razones que justificaran la realización de otro operativo de captura, por segunda ocasión, en contra González Navarro.

 “La señora fiscal no cumplió con las previsiones que establece la ley, la que le impone la carga de explicar y justificar una medida de aseguramiento (…) Fue una audiencia cargada, en algunos casos, de argumentos impertinentes”,  manifestó Fernando Tribín Echeverri, representante de la Procuraduría el día de la diligencia.

 

Cuando la Fiscal 75 argumentó la solicitud de medida de aseguramiento tuvo indecisiones tales como de pedir primero detención en un centro de reclusión y después la detención domiciliaria. Además, en buena parte de la imputación estuvo recordando el caso en el que González tuvo su posible omisión, hasta repasó los detalles del supuesto abuso y embarazo de una menor, dejando en un último párrafo la razón de la captura del exfiscal.

Por su parte la defensa del detenido, el abogado Jhonatan Peláez Sáenz, calificó lo ocurrido como una violación de derechos fundamentales, algo difícil de comprender, un procedimiento incorrecto:

“Escogió un camino sui géneris, una posible intromisión de los derechos fundamentales de mi defendido, porque a pesar de conocer con suficiente antelación el sitio en donde se puede ubicar: dónde reside y dónde trabaja,  además, se lo encuentra frecuentemente en los juzgados de Paloquemao, entonces, por qué hace efectiva una orden de interceptación de las comunicaciones”, esto lo dijo Peláez cuándo se supo que la Fiscalía tenía interferida la línea telefónica de Antonio Luis González, que fue por una conversación telefónica con una de sus hijas que supieron venía viajando de Valledupar, de una audiencia como abogado ante otra fiscal anticorrupción.

 “La Fiscalía interceptó mi teléfono para establecer mi ubicación. La orden de captura está desde el 2 de abril, este servidor como litigante estaba ese día en la Corte Suprema de Justicia presentando unos alegatos, es decir, que estaba en Bogotá. Ese mismo día estuve en Paloquemao en el Juzgado 45 Penal del Circuito en una audiencia preparatoria”, explicó González, quien agregó que se hubiese empleado otro método menos mediático para su captura, que lo sabe la Fiscalía,  como esperarlo a la entrada de su casa, de su oficina o en los juzgados a donde va todos los días.

Otro detalle que llamó la atención es el por qué se solicita una orden de captura por un posible caso de prevaricato por omisión un evento que no amerita privación de la libertad, es decir, porque  tiene menos de tres años de cárcel, y siendo que González Navarro ha asistido a todas las audiencias a las que ha sido citado.

Además, el caso por el que se le investiga ya prescribió su acción penal, los mismos –según la Fiscalía– ocurrieron el 12 de marzo del 2009, ya han transcurrido 10 años y 28 días. El vencimiento está desde el 12 de marzo de este año.

Sin embargo, la fiscal explicó que hubo un cambio del delito a imponer que sería el de prevaricato por acción con el que se justificaría la nueva orden de arresto, pero al momento de desglosarlos no se advirtió ninguna diferencia. Explicó que según la ley “el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá hasta en 48 meses de prisión”.

  Dos veces por lo mismo

“Cómo me va a imputar de una conducta dos de la misma ¿Sabe para qué hicieron eso? Para justificar las capturas, porque resulta que nunca me podían mandar a capturar por prevaricato por omisión porque este tiene una pena mínima de 32 meses y no da los 48, entonces, se inventaron el prevaricato por acción que tiene 48 meses para justificar tenerme aquí en la sala de capturado”, opinó González Navarro.

En la misma audiencia la fiscal Claudia Patricia Buitrago le solicitó al exfiscal que renunciara a la prescripción, de lo que hubo una contestación negativa.

“Yo no puedo renunciar a lo que no produje. Es mi derecho”, respondió y de paso responsabilizó a la Fiscalía del vencimiento por estar cambiando de fiscales. Además, González hizo una denuncia, que el 24 de agosto del 2018 estando en la Fiscalía Delegada ante el Tribunal se encontró con el Fiscal 15 de ese tribunal, quien había estado al frente de su caso,  que le dijo que en la Fiscalía seccional Cundinamarca se había hecho un comité y allí  solicitó la preclusión del proceso.  Pero, “Inmediatamente los del comité no aceptaron eso y es cuando deciden cambiarlo del caso”.

Para la Juez 47 Penal Municipal los hechos por los que se investiga a González, los que presentó la Fiscalía, “no cumplen ni satisfacen lo concerniente al concepto”, explicó que como fiscal no  profirió una resolución ni dictamen, como tampoco un concepto  para impedir la medida de aseguramiento, porque no es competencia de estos funcionarios emitir dictámenes.

La fiscal en esta audiencia pública dijo que interpondrá el recurso de reposición ante la decisión de la juez de dejar en libertad al imputado, apelación que presentará ante un superior jerárquico.

¿Cuál es el caso de esta investigación?

Al exfiscal Antonio Luis González el ente acusador le desempolvó, tan pronto renunció de este organismo, un proceso en el que supuestamente habría cometido un error de no imputar ni solicitar la medida de aseguramiento a un supuesto abusador.

Los hechos ocurrieron el 12 de marzo del 2009 durante una audiencia en la que González Navarro se desempañaba como fiscal 312, encargado, adscrito a la URI de Kennedy, al sur de Bogotá. En esta diligencia se judicializó a Miguel Hernández González acusado de haber abusado de su hijastra quien aún no había cumplido los 14 años. La menor según un dictamen de los médicos del Hospital de Bosa ya tenía 35 semanas de embarazo.

Según la Fiscalía González omitió formular la imputación y solicitar la medida de aseguramiento de detención preventiva. Las razones, que tanto la niña como el capturado consintieron una relación amorosa, que ambos eran conscientes de tal acto prohibido y lo continuaron haciendo hasta que se produjo el embarazo. De acuerdo con la imputación en ese entonces el exfiscal solicitó que se debía hacer un análisis desde la teoría del delito para determinar si ese consentimiento era válido por el Derecho Penal. Para ello González hizo mención de varios pronunciamientos sobre el tema tanto de la Corte como de lo que ya estaba escrito en algunos libros.

Posteriormente un juez condenó a Hernández González a la pena de 26 años y medio de cárcel con los mismos argumentos que originaron su primera detención.

Redacción Justicia

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