Envían a la cárcel a empleada de la Secretaría de Salud de Bogotá y a su esposo, por recibir sobornos a cambio de contratos

La Fiscalía acusó a Pilar Alexon Contreras Erazo de haber recibido sobornos para favorecer a contratistas, cuando trabajaba para la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (Cenac). También se indagan posibles anomalías en un contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Salud de Bogotá.

BOGOTÁ

Jueves, 25 de marzo del 2021

Una fiscal de la Seccional Cali, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, judicializó a Pilar Alexon Contreras Erazo, quien para el momento de la captura se desempeñaba como subdirectora de contratación de la Secretaría de Salud de Bogotá; y a su esposo Carlos Arturo Flores Carreño, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y concusión.

La investigación se relaciona con un caso de posible corrupción: serían cinco en el Cenac del Ejército y uno en la Secretaría de Salud de Bogotá.

Ante los elementos probatorios presentados por el ente acusador, el juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los dos investigados, al considerar que podrían continuar con la actividad delictiva y obstruir a la justicia.

La investigación

Según los investigadores y peritos del CTI, Contreras Erazo, siendo asesora jurídica de la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (Cenac) Puente Aranda, supuestamente direccionó cinco contratos por valor de 3.000 millones de pesos.

La funcionaria habría establecido junto con su esposo una empresa criminal entre septiembre y diciembre de 2017, que contactaba oferentes para entregar información privilegiada y reservada, brindar asesorías de manera ilícita, garantizar la adjudicación de contratos y, de ser necesario, gestionar prórrogas para el cumplimiento de los mismos. Todo, al parecer a cambio de millonarias dádivas.

Los contratos con las aparentes inconsistencias tuvieron por objeto la compra y venta de materias primas de intendencia, compra de repuestos, mantenimiento de vehículos y adquisición de uniformes militares.

Asimismo, se evidenció que presuntamente la pareja continuó con su actividad delictiva en la Secretaría de Salud de Bogotá, donde habría utilizado un contrato de prestación de servicios a nombre de un tercero para que Flores Carreño, desde su residencia, trabajara directamente los temas de contratación de la entidad. El valor del contrato era por 5 millones de pesos que eran entregados mensualmente a la pareja.

Redacción Noticias de Bogotá

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