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Judicializan a cinco personas por la compra de carros de aseo chatarra en la alcaldía de Gustavo Petro

Carros de aseo comprados en la administración de Gustavo Petro. (Foto tomada de la web).

Judicializan a cinco personas por la compra de carros de aseo chatarra en la alcaldía de Gustavo Petro

 

Los vehículos adquiridos no cumplían con las características requeridas para la labor de la recolección de basuras en Bogotá. El ‘negocio’ se convirtió en un grave detrimento de más de 56.000 millones de pesos. El exalcalde de Bogotá, que ordenó la importación de esta chatarra de los Estados Unidos también deberá responder por semejante despilfarro.

JUSTICIA

Viernes,  20  de noviembre de 2020

La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Bogotá presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas investigadas por  irregularidades ocurridas durante la administración de Gustavo Petro en Bogotá. Se trata de la compra de camiones recolectores de aseo que no sirvieron para nada.

La compra ocurrió en los años 2012, 2013 y 2014.

Los procesados son: Diego Fernando Bravo Borda, José William Garzón Solís, Jaime Humberto Mesa Buitrago, Mario Álvarez Ulloa y Ricardo Agudelo Sedano.

A estas personas se les imputaron los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

 

Investigación

Diego Fernando Bravo Borda, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), para la época de los hechos investigados, suscribió dos contratos interadministrativos con la empresa Aguas de Bogotá, representada en su momento por Mario Álvarez Ulloa, gerente general entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2012.

Entre los objetos previstos estaba garantizar el servicio público de aseo en Bogotá, en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, entre otras actividades.

Los elementos de prueba dan cuenta de que Aguas de Bogotá no tenía experiencia, idoneidad ni capacidad técnica y operativa para cumplir con todas las actividades previstas.

Además, hay evidencia de que la finalidad del contrato fue modificada para que se ajustara al campo de acción de la empresa de Álvarez Ulloa.

El entonces director general de la EAAB también firmó el contrato con el que se convino la adquisición de maquinaria y equipos para la prestación del servicio de aseo en Bogotá. Responsabilidad que quedó en manos de un consorcio contratista.

Al respecto, el material en poder de la Fiscalía permitió identificar presuntas inconsistencias en el proceso como deficiencias en los estudios previos, insuficiencia del pliego de condiciones en relación con las especificaciones técnicas de los equipos y maquinarias, los cuales no estaban en condiciones óptimas ni respondían a la geografía, clima y accesibilidad para la adecuada tarea de recolección de residuos en Bogotá. Aun así, está acreditado que los vehículos fueron recibidos.

José William Garzón, ex gerente corporativo de tecnología de la EAAB; y Jaime Humberto Mesa Buitrago, ex director de contratación y compras de la misma entidad, habrían intervenido en este proceso de contratación en diferentes etapas. Al parecer, fueron los encargados de estructurar una licitación que no cumplió los requisitos de ley.

Finalmente, otros de los imputados, Ricardo Agudelo Sedano, en calidad de gerente de Aguas de Bogotá entre el 2 de enero de 2013 y el 16 de febrero de 2014, celebró el contrato de entrega en comodato de la maquinaria y los equipos adquiridos para la prestación del servicio de aseo en Bogotá, el 21 de marzo de 2013 con la EAAB.

Esta actuación se derivó de un contrato interadministrativo, en el que la EAAB dio 278 vehículos y equipos a Aguas de Bogotá para realizar las labores de recolección en la ciudad.

Aquí se identificaron supuestas anomalías como falta de supervisión y ausencia de previsión financiera, pues no se contempló el mantenimiento de los automotores.

Por lo anterior, Aguas de Bogotá celebró contratos en 2012 para intentar cumplir con la recolección de los residuos domiciliarios. La tarea se hizo en volquetas, desconociendo el reglamento para la prestación del servicio de aseo. Situación que generó afectaciones e impactos económicos negativos para la empresa.

Por estos hechos, se habría generado un detrimento al patrimonio público por $56.763.373.190 (cincuenta y seis mil setecientos sesenta y tres millones trescientos setenta y tres mil ciento noventa pesos).

 

Redacción Justicia

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Leo Medina Jiménez
Leo Medina Jiménez
Editor general /El Home Noticias. Periodista.

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