¡Abuso de poder!

La Policía se negó a conciliar con el oficial que denunció ‘Carrusel de los contratos’

La Policía dice que apelará decisión que la obliga a pagar una millonaria indemnización al oficial, al que debe reintegrar y llamar a curso de ascenso,  el mismo que denunció actos de corrupción al interior de la institución, que hoy son investigaciones en las que se nombran a generales retirados y activos.

JUSTICIA

Miércoles 26 de septiembre del 2018

La misión de la apoderada fue la de no negociar, dejar el pago de los salarios y prestaciones que el oficial dejó de recibir durante cuatro años desde el momento en que fue sacado de la Policía en una señalada “desviación de poder”, a la siguiente administración policial.

La abogada que envió la Policía en su representación a  la audiencia de conciliación con el mayor, que según fallo judicial, fue sacado de la institución después de que fuese manipulado el protocolo de los ascensos como represalia por denunciar actos de corrupción, dijo que la Policía se niega cualquier acuerdo con el oficial.

Además, la abogada Karent Melisa Trueque dijo que interpondrá un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, que ordena el reintegro del oficial que denunció las irregularidades en la contratación de varias obras de infraestructura, entre estas la del centro de Rehabilitación Valentina AOS en el norte de Bogotá.

El Valentina AOS es uno de los llamados ‘Elefantes blancos’, contrato que fue adjudicado por los entonces directores del Fondo Rotatorio de la Policía a el polémico empresario Julio Gómez, preso por el entramado corrupto en Bogotá, que también llevó a prisión al exalcalde Samuel Moreno.

Esta obra que hoy es un monumento al desgreño administrativo iba a ser construida para atender a policías y familiares y se escogió ese sector porque allí cerca residían algunos generales de la Policía. Sin embargo, más de 5.700 millones de pesos se esfumaron sin que hasta el momento nadie responda por semejante caso de corrupción.

En la fallida audiencia de conciliación que se realizó a las 11 de la mañana, del pasado miércoles,  en la sala 31 de la Sede Judicial del Centro Administrativo Nacional (CAN) la juez reiteró su decisión de dejar en manos de la Procuraduría General las investigaciones por los contratos irregulares, procesos en los que se nombran a oficiales como la general (r) Luz Marina Bustos; la actual directora administrativa y financiera de la Policía,  general Yolanda Cáceres Martínez; el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Alfredo Penilla Romero; el general William Ernesto Ruiz Garzón, comandante de la Regional Tres de la Policía.

“Se remitirá copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación para que obre dentro de las investigaciones que se adelantan dentro de los procesos de contratación de la Policía Nacional”, anotó en su sentencia la Juez Doce Administrativa de Oralidad de Bogotá.

A los oficiales nombrados en al menos 200 procesos, entre ellos dos  de responsabilidad en la Contraloría, fueron los que ocuparon cargos de directores del Fondo Rotatorio de la Policía y del Bienestar Social, a quienes el mayor (el denunciante) les hizo saber a tiempo de las irregularidades en los procesos de contratación  y no actuaron u ocultaron las denuncias, siendo –dijo la juez– un claro acto de omisión. El mismo llevó a que se presentaran multimillonarios desvíos económicos.

Otros escándalos de la Policía:

Este reciente caso se suma a los escándalos que permean a la Policía desde hace varios años entre estos la existencia de una red de prostitución denominada ‘la comunidad del anillo’, acoso de oficiales a subalternas, además uno que causa igual de sorpresa que los otros, es más reciente, el de  la defensa pública que salió a hacer  el general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), de uno de sus oficiales, el coronel Óscar Cortés Dueñas, excomandante de esta Dirección en Cúcuta, Norte de Santander, quien es acusado por una patrullera de un posible acoso sexual.

Noticias Uno, noticiero de televisión, reveló que fue a través de una acción de tutela que la patrullera Leidy Yadira López Ocampo evitó que la trasladaran a unos 800 kilómetros de Cúcuta, al Vaupés, lejos de su núcleo familiar, es madre cabeza de familia,  solo porque denunció al coronel Cortés Dueñas del acorralamiento sexual.

Indicó el general Buitrago, ante el reprobable episodio, que no iba a permitir campañas de desprestigio en contra de la institución “porque el oficial (Cortés) está cumpliendo con los requisitos de exigencia”.

Es que se pudo establecer que fue el general Buitrago quien ordenó el traslado de la patrullera López luego que esta había puesto a su conocimiento los hechos irregulares a los que le sometía su jefe, Cortés Dueñas.

Además, EL HOME NOTICIAS, estableció que a la patrullera  López Ocampo le iniciaron un proceso disciplinario por haber salido a hablar a través de un medio de comunicación nacional, del abuso de poder que estuvo a punto de apartarla de su seres queridos.

Lea también: Ordenan reintegro del oficial que denunció el ‘carrusel de los contratos’ en la Policía.

Redacción Justicia

saladeredaccion@elhomenoticias.com