Policías  y militares ingresaban a las salas de interceptaciones de la Fiscalía a escuchar conversaciones telefónicas sin una orden judicial

 Los uniformados entraban a las salas de monitoreo del Bunker y hacían análisis que después reportaban a sus superiores. Así lo denunció un funcionario de la Fiscalía, quien notificó hasta el propio Fiscal General de la irregularidad. ¿A quiénes estaban ‘chuzando’? Los escándalos de las ‘chuzadas’ no paran. 

JUSTICIA

Jueves, 25 de julio del 2019

Este nuevo escándalo se conoció después de que un técnico investigador estuvo encargado por unos días de la jefatura de la Sección de Control Telemático de la Fiscalía, Fernando Rodrigo Romero Alvarado, este notificó al despacho del Fiscal General de lo que descubrió, una irregularidad: que a las salas de monitoreo y escucha de comunicaciones del CTI en el búnker ingresaban uniformados de la Policía y de las Fuerzas Militares a ‘chuzar’ teléfonos sin una orden judicial. La advertencia demuestra que las irregularidades en el manejo de la Salas de Interceptaciones de la Fiscalía se vienen dando desde el 2017, tal y como se observa en el radicado.

“¿Desde el punto de vista jurídico es legal o ilegal el ingreso de servidores con funciones de policía judicial a las Salas y Sub salas del DNCTI, para realizar labores de escucha, monitoreo y análisis de comunicaciones sin estar adscritos a la Sección de Control Telemático, realizando informes de la respectiva labor?”, se lee en el documento, con el que Romero Alvarado pide que se le aclare si era legal permitir la entrada a estas dependencias de policías y militares.

La respuesta –firmada por el director nacional de Fiscalías, Orlando Ospina Garzón– es que de acuerdo con la misma constitución “los miembros de las Fuerzas Militares no pueden invadir las esferas asignadas a la Policía Judicial”.

Precisa Ospina Garzón, después de enumerar una serie de articulados, en los que se aclara que las interceptaciones telefónicas solo se pueden hacer ante una orden de un juez de la República.

“No es admisible que estos (los militares) ingresen a las salas de interceptación de comunicaciones y realicen labores de escuchas, monitoreo y análisis, atendiendo a que esta labor hace parte de la labor investigativa desarrollada única y exclusivamente por los servidores que ejercen dicha función”.  Es decir, que ante la notificación, en relación con la Policía, los uniformados de la de la Dijín solo con una autorización de un fiscal, o de un juez de la República, podrían ingresar a las salas DNCTI de la Fiscalía, lo que indica que es ilegal la presencia de estos funcionarios realizando labores de monitoreo sin una orden judicial expresa.

Esta es la respuesta que ofreció el director nacional de Fiscalías, Orlando Ospina Garzón, a la denuncia del técnico investigador de la Fiscalía, Fernando Rodrigo Romero Alvarado, de la entrada de militares y policías a la ‘Plataforma Esperanza’.

“En virtud de lo anterior, quien dirige la interceptación no es la autoridad operativa técnica, sino la Fiscalía General de la Nación que según la propia Constitución es autorizada para adelantar registros, allanamientos,  incautaciones e interceptaciones de comunicaciones”, aclara el documento firmado por Ospina Garzón, que está en poder de EL HOME NOTICIAS.|

Este tema de las chuzadas ilegales se creía superado, sin embargo, ha vuelto a ser un contenido de los últimos días. Aunque, este tipo de escándalos vienen desde cuando existió en el centro de espionaje del Batallón de Inteligencia Técnica del Ejército la denominada  ‘Sala Gris’, que estaba situada en el Cantón Norte. Esta por irregularidades fue desmantelada a finales del 2013,  cuyos equipos hoy están en el Búnker de la Fiscalía. Esta unidad entro a ser parte de un componente del ente investigador denominado la Plataforma Esperanza.

Ahora en la Fiscalía esta la que fue la ‘Sala Gris’ le llaman, explicó una fuente del ente investigador, JASPE, que investiga temas relacionados con el terrorismo, que tendría concordancia con actividades de las Fuerzas Militares, no obstante, en esta dependencia solo debe estar personal del CTI de la Fiscalía, ninguno del Ejército.

Las ‘chuzadas’ sin el amparo legal volvió a ser escándalo cuando se supo de las interceptaciones que se les hicieron a empresarios, miembros del sindicado de aviadores (ACDAC) y abogados, desde la misma Plataforma Esperanza, en el búnker.

En este nuevo escándalo le pregunta es ¿Quién autorizó la entrada de miembros de la Fuerza Pública a estas salas de monitoreo?

La fuente asegura que este personal de militares y policías  ingresaba bajo las órdenes del general de la Policía en retiro Luis Alberto Pérez Alvarán, director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI.

La otra pregunta ¿A quiénes les estaban monitoreando sus llamadas telefónicas, y a quién le reportaban este tipo de actividades que se hacían –aseguró la fuente– sin una orden judicial.

Recientemente EL HOME NOTICIAS dio a conocer la investigación que de manera preliminar viene realizando la Procuraduría a un supuesto monitoreo a generales de la Policía y el Ejército desde un sistema denominado ‘Perseo’ en la Policía Fiscal y Aduanera.

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Ante esta nueva denuncia de la entrada de policías y militares a las salas de interceptaciones de la Fiscalía queda en evidencia que todos los casos de interceptaciones están estrechamente ligados desde la llamada ‘Sala Gris’, que desde el 2014 se viene hablando del mal uso de esta tecnología, que en muchos de los casos es información que se le está vendiendo a terceros.

Desde la ‘Sala Gris’ se viene hablando de la misma irregularidad y no se han tomado correctivos al respecto, hasta el punto de sobrepasar los límites, de hasta ‘chuzar’ a reconocidos empresarios y hasta periodistas.

Además, que el número de interceptaciones es elevado en los que no solo se monitorean las llamadas telefónicas de altos oficiales de la Fuerza Pública sino hasta congresistas.

En reciente editorial el diario EL TIEMPO le dedicó una nota al escabroso tema de las ‘chuzadas’, además, en primicia el canal VIP, Noticias sin control, reveló las nuevas denuncias del tema, a qué nivel han llegado los monitoreos de llamadas desde la misma Fiscalía.

Redacción Justicia

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