¿A quién beneficia la reforma a la Policía de Colombia?

 Es un tema que vale la pena analizar. Hay quienes aseguran que este supuesto  ‘cambio extremo’ favorecería a los congresistas de la oposición. Otros van más allá, que sería beneficiosa para el Director, general Jorge Luis Vargas, o al mismo Gobierno.   ¿Quién tiene la razón?

OPINIÓN

Domingo, 23 de mayo del 2021

Por: Daniel Santos Carrillo 

Abogado Constitucionalista y 

Administrativista.

Lo único cierto e ineludible es que la reforma a la Policía debe responder al interés y beneficio de los colombianos en materia de seguridad y convivencia. Ésta también debería traer bienestar a cientos de hombres y mujeres policías, con mejores condiciones laborales que les permitan promoción en la carrera, estabilidad laboral, trato digno y materialización de derechos, como la asociación sindical y el sufragio.

 Este no es el primer asomo de reforma, porque en  el gobierno Juan Manuel Santos Calderón  hubo una equivalente intención de cambios orgánicos, que no pasaron de ser titulares de noticias.

Recordamos que se hizo de forma, más no de fondo, como debería ser. Es lo que está pasando en esta nueva expedición, la del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, que se quiere ejecutar pero rehuyendo al verdadero meollo del asunto.

Es un análisis nuestro, presumimos que esta afectaría la propia cúpula de Generales,  lo que contribuirá con espinosos yerros institucionales los mismos que han transcendido en el tiempo, que por supuesto están afectando a  los colombianos, a esos hombres y mujeres que son la base de la institución.

Hay una frase célebre que dice textualmente: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. Pues bien, analicemos lo que hizo el expresidente Santos Calderón o lo que no hizo.

Es bien recordado que se dispuso en ese entonces de una Comisión Consultiva de Alto Nivel, creada por decreto el 16 de febrero del 2016 para que diera respuesta de estudio en 90 días, los que no alcanzaron,  para el supuesto fortalecimiento institucional.

Esto que contamos ocurrió en un momento bien turbulento de la historia policial, cuando salió a relucir la existencia de la llamada ‘Comunidad del Anillo’.

 Esto fueron los días de las denuncias en contra del general (r) Rodolfo Palomino, de las supuestas persecuciones a  uno de sus subalternos por no acceder a sus pretensiones sexuales. También de las denuncias de las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales de presuntos seguimientos ilegales de la Policía en contra de ambas.

Se terminó ese año 2016 y no hubo humo blando, del tan esperado informe de esa cumbre de analistas que pidieron en su estudio mucho tiempo,  dos prórrogas y no les alcanzó para hacer algo útil.

 De esta Comisión hicieron parte los exministros de Defensa Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez Acuña, así como Jorge Hernán Cárdenas, cuota para unos honorarios millonarios, y  exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. También Juan Carlos Restrepo, exdirector de Seguridad de la Presidencia.

En el actual mandato, del presidente Duque, solo se habla de la presentación de la reforma en la instalación de la última legislatura del Congreso de la República, el próximo 20 de julio.

 Es decir, creemos que  no se repetirán los tropezones del pasado, que no habrá una Comisión Consultiva de Alto Nivel y muy seguramente será la Secretaría General de la Policía y el  Ministerio de Defensa –a puertas cerradas– los que cocinen las recomendaciones de cambio.

Eso sí, porque estoy seguro que no habrá invitación a ningún representante de agremiaciones de esta Fuerza o de representantes de la ciudadanía, esto en un  contexto de pluralidad social.

 Esto a que nos lleva a concluir, que cada vez que hay un escándalo mediático institucional de ipso facto se habla de reformas. Esta vez por el pedido sectores sociales y políticos ante la actual crisis nacional, de la que como siempre no hay más responsables a la vista de lo que ocurre  y el chivo expiatorio es la Policía Nacional.

Como una respuesta ese ‘clamor popular’ se está hablando de la creación de una Dirección de Derechos Humanos, que no es nada nuevo, porque  es una estructura que ya existe en la Policía. También, de un cambio a la Inspección General  que, según,  necesitaría  de un alto funcionario que sea ajeno a la línea jerárquica, y de un ‘Estatuto Disciplinario’, que sería para crear nuevos tipos disciplinarios y continuar con la injusticia de  justificar las destituciones del personal de base.

Seamos concretos, todo lo que se anuncia ya existe en la actual ley 734 de 2002 y en la entrada en vigencia del código General Disciplinario (CGD), Ley 1952 de 2019, que entrará en vigor el 1º de julio del 2021.

 Tal parece que bien al fondo de este asunto –criticado por diferentes sectores– se esconde un contrato millonario, el de la confección de nuevos uniformes, la pintada  con otro color de las  patrullas, dizque  para una mayor visibilidad y nueva imagen en favor del ciudadano.

Seamos serios, cómo si los uniformes en su color centenario fuera factor determinante para atribuirle graves y serias deficiencias al servicio de policía.

 Se nota, de manera pública,  que  en altos funcionarios del alto gobierno, como aconteció en la reforma tributaria, se quisiera vender un producto con los mayores elogios para obtener ciertas ganancias. En favor de quién. No lo sabemos, pero será fácil averiguarlo.

 Hay que reformar a la Policía, indudablemente, pero no para satisfacer el interés de algunos congresistas, que tal pareciere que solo tienen el propósito de  limitar la misionalidad constitucional aún en contra de la protección de la vida, honra y bienes de todos los colombianos.

 La reforma que se anuncia, la que viene siendo descalificada por múltiples sectores sociales, se aleja de una verdadera cirugía con bisturí y lo que se asoma es una especie de maquillaje y brochazos de polvos cosméticos.

En nuestra opinión, todo esto es una fiesta de juegos pirotécnicos, algo momentáneo, solo para  la memoria del respetable público como aconteció en el gobierno Santos Calderon y del muy cuestionado exvicepresidente Oscar Adolfo Naranjo Trujillo. Vemos venir un completo fracaso.

 Columnista invitado por el HOME NOTICIAS

Daniel Santos Carrillo

Abogado constitucionalista y administrativista

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