¡Qué los Generales administren en buena fe!

Hoy  celebramos en nuestra querida Colombia los 128 años de la Policía Nacional, una institución de gran importancia en nuestra sociedad y que ha jugado su papel protagónico en la democracia y la convivencia ciudadana.

OPINIÓN

Martes 5 de noviembre del 2019

Por: Wilfer Ulises García Pinzón

Abogado – Comunicador Social Periodista- Intendente Jefe de la Reserva Activa.

Colombia vive hoy en medio de la corrupción una ausencia de liderazgo, en el que se percibe ansiedad de su pueblo por un pronto cambio, y la Policía no es ajena a esos cambios.

La Policía de los colombianos se tiene que fortalecer, debe estar preparada a los retos,  sobre todo a esos fenómenos que hay en torno a las protestas sociales, de aquellos que se sienten cansados de la corrupción y la desigualdad,  por los equívocos de la clase política y económica de la nación.

No se puede dejar de mirar una realidad regional: los movimientos de descontento popular crecen en el continente. Pero en el caso de nuestro país, se está viendo que en las grandes ciudades es la juventud la que está saliendo a las calles, con un detonante lamentable, que se están  filtrando desadaptados y violentos a generar cuantiosos daños materiales, destrozos y hasta víctimas inocentes.

Es allí en donde la Policía juega su papel valioso, la que debe actuar más desde la prevención que de la represión, situación ante la que se deben activar y fortalecer los protocolos de protección, no sólo con los llamados ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios) sino con los uniformados de vigilancia y tecnología, para advertir sobre esos violentos que ideológicamente son manipulados por fuerzas oscuras, que atentan contra la armonía y la tranquilidad de los pueblos y ciudades.

El Gobierno tiene que apuntarle a fortalecer la Institución, aumentando el pie de fuerza, pero antes se necesita con urgencia una reforma y reestructuración al interior de la Policía.

Es por ello, que existe la imperiosa necesidad de hacer un análisis jurídico de la realidad, de la buena fe y la manera sistemática cómo se ha vulnerado desde adentro los principios constitucionales,  en especial por aquellos que de una manera amañada, y en variados casos en pago de favores, no han permitido que se surta la democracia participativa. Son esos los que asumen una posición arrogante, que va  muy en contra de esos hombres y mujeres que conforman la base, quienes no pueden ser ignorados porque también hacen parte de esa pirámide policial.

Lastimosamente los colombianos hemos visto cómo  durante décadas se han estado equivocando en uno de los básicos procesos, el de la selección de los Coroneles llamados a curso para el grado de Brigadier General, oficiales que pasan de allí a ser los administradores de los destinos de la institución.

En este procedimiento se ve desde afuera que, en muchos casos, no se cumple con ese juramento al código de ética profesional, que los encargados no sustentan la buena fe en la escogencia desde la Dirección de Inteligencia y que  terminan violando el derecho constitucional al policía de la base (cliente interno del Nivel Ejecutivo).

No caben dudas, se hace oportuno abordar la buena fe, desde una óptica jurídica con sede en el derecho laboral.

Si nos damos un paseo por la Constitución Política de Colombia y la misma jurisprudencia , la buena fe exige al ciudadano y a las autoridades, en este caso de policía , concordar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta y amable (vir bonus)”.

La buena fe admite la coexistencia de relaciones bilaterales con trascendencia jurídica, y se refiere a la confianza, la seguridad y la credibilidad que otorga la palabra dada. Así las cosas, a este postulado deben ‘someterse las diversas actuaciones de las autoridades y de los ciudadanos entre sí y ante estas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico’.

Ahora veamos el pronunciamiento de la honorable Corte Constitucional, la cual ha considerado que “la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional”, luego entonces su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, haciéndolo aún más relevante en cuanto a su función integradora del ordenamiento jurídico y reguladora de las relaciones entre las autoridades y el ciudadano y de estos con el Estado.

Lo anterior invita a tomar como ejemplo y en dar a conocer a la opinión pública, la manera desobligante como el mando (oficiales superiores en grado de Coroneles y Generales) responsables, ordenadores del gasto público, a través de la Tesorería General (TEGEN) y la  Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF), vienen faltando a la buena fe en contra de hombres y mujeres policías. Lo hacen en contra de quienes el Consejo de Estado les regresó sus derechos constitucionales fundamentales laborales, recordando  que sistemáticamente les fueron arrebatados sus derechos por el Ministro de Defensa de la época , la Secretaría General, pero más grave con la participación de directores como los generales Oscar Naranjo y Rodolfo Bautista Palomino.

Lo anterior para dejarlo en la memoria del colectivo colombiano, sin que hasta la fecha el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación) haya tomado el poder preferente ni mucho menos se haya pronunciado, al menos en contra del mando institucional, quienes bajo todo concepto jurídico usurparon funciones propias del legislador, quizás en aras de evadir responsabilidades, ante la aplicación del medio de control administrativa llamada reparación directa por daño, como así lo contempla el ordenamiento jurídico en la ley 1437 de 2011.

Cuando hago alusión y afirmo que la buena fe viene siendo vulnerada por la cúpula policial, obedece como ejemplo a la omisión actual, al no cancelar oportunamente la liquidación y pago de los tres meses de alta para los hombres y mujeres policías del Nivel Ejecutivo, es que así lo determina la norma jurídica en un Régimen Especial Laboral.

Es una omisión dilatoria que se está dando en un sin número de casos puntuales entre los policías y sus familias, ya con su merecida asignación de retiro, quienes por más de ocho meses se mantienen en espera se les cancele dichos dineros con su debido retroactivo.

La norma exige y obliga a que una vez publicada la resolución que da de alta al funcionario de policía en el mes inmediatamente siguiente se inicie dicho pago en tracto sucesivo. Pero esta obligación remuneratoria no ha sido cumplida por los ordenadores del gasto… ¿Dónde queda el principio a la buena fe?

Entre tanto, se hace importante hacer un paralelo entre el Régimen Especial laboral aplicado a los policías con el Régimen Laboral regido por el Código Sustantivo del Trabajo (que se dicta al ciudadano colombiano). En este último postulado se aplica la sanción contenida en el artículo 65 del mismo, tratándose de “indemnización por falta de pago”, luego entonces la Corte en sentencia de marzo 16 de 2005, expediente 23987, expresó que:

“Esa buena fe que la jurisprudencia ha encontrado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y que le ha servido, si se halla suficientemente probada, para exonerar al empleador del pago de la indemnización moratoria cuando se le encuentra judicialmente responsable de la falta de pago de salarios y prestaciones a la terminación del contrato, es la creencia razonable de no deber, pero no es una creencia cualquiera sino una debidamente fundada, pues aunque igualmente se ha admitido que corresponde a la que se ha dado en denominar buena fe simple, que se diferencia de la buena fe exenta de culpa o cualificada, debe entenderse, con todo, que es aquella que cabe definir como la conciencia de haber obrado legítimamente y con ánimo exento de fraude”.

No obstante, y según el paralelo que hago en sede del Derecho Laboral, el principio de la buena fe debe ser abordado desde todos los aspectos que regulan las relaciones entre patronos y empleados y no solo para establecer si hay lugar a una sanción o no, pues es el postulado principal y superior que debemos aplicar para evitar atropellos de unos frente a otros. Es allí donde brota la propuesta particular de llevar esta sanción al Régimen Especial Laboral de los policías en Colombia, mediante una acción de repetición la cual casi nunca se le sanciona a los coroneles y generales sobre quienes recaería la responsabilidad por falta de pago en sede de Régimen Especial, según paralelo en sede laboral.

Vale la pena mencionar procesos administrativos, como el pago de recompensas, gastos reservados –procesos muy cuestionados, al parecer tomados como la caja menor–, como también la supuesta malversación y desviación de fondos en que incurrieron pasadas administraciones, siendo los ordenadores del gasto (Coroneles y Generales), de procesos administrativos como los ya mencionados.

De otro lado, debo abordar que la buena fe en la institución policial se ha visto mancillada, muestra de ello la disminución en su pie de fuerza y la crisis actual que afronta el subsistema de salud de la Policía, de una Dirección siempre en manos oficiales cuestionados, quienes valiéndose de la legitima confianza proporcionada por su empleador,  el Estado colombiano,  y de las deficientes y manipuladas acciones en materia penal y disciplinaria que puedan adelantar sobre ellos.

Todo esto ocurre, porque en 128 años de fundación aún se mantienen en la misma línea de mando policial la dirección asesora (Inspección General), donde las sanciones y decisiones se dan mediante órdenes, mas no como rige la norma 1015 de 2006 y 734 de régimen único de derecho disciplinario… ¿Dónde queda el principio a la buena fe?

Es así como me parece ajustado compartir de la buena fe en la esfera de las relaciones laborales, como así le asiste al Régimen Especial para los policías y de manera muy notable destacar su importancia para la administración de la Policía Nacional, un legado y patrimonio de los colombianos.

Como parte del análisis jurídico de la buena fe, debemos tener en cuenta que cuando se trata de una relación laboral el empleado (funcionario de Policía) ejecuta una actividad de policía, dejando como valor agregado su fuerza laboral, sea física o intelectual, jalonando su bienestar y perfil profesional y por supuesto, una remuneración económica para él y su familia. Por su parte, el patrono (el Estado), logra un fin derivado de la producción de sus administrados, en la que ha invertido un erario o dineros y con toda seguridad toda su capacidad de su estructura.

De esta relación laboral se desglosa que el empleado (funcionario de policía) realiza sus funciones esperando de buena fe que su patrono (Estado) le cumpla con todos sus derechos laborales sin ninguna clase de dilación injustificada y el empleador a su vez, espera recibir de su empleado un trabajo honesto, leal y comprometido para nuestro caso con la Policía Nacional.

En palabras de la corte constitucional, “el principio de la buena fe preside igualmente las relaciones y las garantías laborales, en las cuales el trabajador, en especial cuando entrega su fuerza o capacidad de trabajo a una entidad pública o privada, y confía en que la autoridad al encargarle una labor no desconocerá o buscará evadir posteriormente su responsabilidad como ente público, y cumplirá las obligaciones que como empleador le corresponden”

Elevo a mis lectores, como profesional del Derecho, la imperiosa necesidad de hacer un control social a quienes administran la institución policial y así destacar este postulado en todas las relaciones personales que lleven a cabo, dentro de las que quiero destacar la laboral. Y es que una empresa, una institución, una unidad policial exitosa, se observa desde el trato justo y equitativo, participativo como en democracia, frente a sus empleados, superiores y subalternos.

En la celebración de los 128 años de la Policía Nacional de Colombia, invito a buscar una transformación que la aleje de las fracasadas y cuestionadas administraciones del pasado.

 El policía, indistintamente del grado que ostente en la línea jerárquica, debe de sentirse valorado, realizado como un profesional competitivo, como un referente social, respaldado por el mando institucional que empodere a sus hombres y mujeres, valorando, velando, protegiendo los derechos y reteniendo los talentos de quienes componen su unidad policial, entregando su máximo potencial humano. Es así, como obtendrán el reconocimiento que se ha perdido del ciudadano, todo por cuenta de cuestionados generales, quienes en la actualidad reclaman indemnizaciones por exorbitantes y desmedidas sumas de dineros sin tener presente… ¿Dónde queda el principio a la buena fe?

Queda claro, entonces, de qué manera la jurisprudencia y la realidad de las relaciones laborales nos han enseñado la necesidad de actuar en el marco de la buena fe, entendido este principio como la correcta forma de actuar sobre los senderos de la ética.

La invitación a las futuras generaciones de hombres y mujeres policías, en su dinámica institucional, a no dejar de lado la buena fe entendida desde el marco de la legalidad, la justicia y el respeto, para que no hagamos parte de la corrupción, siempre cumpliendo con lo prometido. Extiendan su compromiso con la palabra dada, sean consecuentes. Extiendo además una fuerte invitación a todos los policías de Colombia a dar lo mejor de ustedes, actuando correctamente y con verdadera  integridad.

De esta manera, vamos a alcanzar una Policía Nacional equitativa donde las clases sociales, las prebendas selectivas queden en el pasado, para encontrar la verdadera justicia y demuestren de esta forma que desde el verdadero actuar de la buena fe se puede nuevamente ganar la confianza aún no perdida.

Columnista invitado por EL HOME NOTICIAS

Wilfer Ulises García Pinzón

wilferg@hotmail.com

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